El Tribunal de Cuentas fiscalizará este año la contratación y el control de las pulseras telemáticas para maltratadores

La incorporación progresiva del análisis de igualdad en los informes del Tribunal de Cuentas ha marcado un aumento en la cantidad de recomendaciones y conclusiones vinculadas a esta materia en los últimos años. El organismo fiscalizador reportó que, sólo el año pasado, 70,6% de sus informes incluyó una revisión sobre cuestiones de igualdad, produciendo 86 conclusiones y 21 recomendaciones sobre el asunto, una cifra superior a las 31 conclusiones y 6 recomendaciones de hace tres años. Este contexto sirve de base para la próxima actuación del Tribunal, que examinará la gestión y la contratación del sistema de dispositivos telemáticos de localización para agresores relacionados con la violencia de género.

Según informó Europa Press, el Tribunal de Cuentas ha incluido en su Programa de Fiscalización 2026 una revisión exhaustiva del servicio integral de pulseras telemáticas para maltratadores. La institución ha señalado que esta fiscalización abarcará tanto el funcionamiento del sistema como su gestión, con un enfoque orientado a verificar el uso adecuado de fondos públicos y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

El análisis comprenderá no sólo la contratación y el control del funcionamiento de estos dispositivos, sino también la utilización de las subvenciones asignadas a la mejora del servicio de teleasistencia a víctimas de violencia de género que han sido financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) durante el periodo 2021-2025, como detalló el Tribunal de Cuentas durante un encuentro con periodistas. El organismo mantiene la intención de reducir al máximo la distancia entre el periodo fiscalizado y la publicación de los resultados, de modo que los informes derivados de esta fiscalización podrían publicarse hacia finales de 2026, y en el peor caso, a comienzos de 2027.

Además, la fiscalización del sistema de pulseras telemáticas forma parte de un total de tres revisiones relacionadas con el ámbito de igualdad y la violencia ejercida contra las mujeres contempladas en el Programa de Fiscalización 2026, que reúne 118 actuaciones en total. Entre estas fiscalizaciones también figura un examen específico sobre la creación y el funcionamiento de centros de atención integral a víctimas de violencia sexual en el periodo que abarca desde 2021 hasta 2025, informó Europa Press.

El medio indicó que la selección de estos objetos de fiscalización responde, en parte, a la relevancia de la gestión pública sobre recursos dirigidos a frenar y prevenir situaciones de violencia de género en España, así como al interés institucional por reforzar el control sobre las políticas de igualdad. El propio Tribunal ha subrayado el incremento sostenido de iniciativas revisadas bajo la perspectiva de género, lo que ha resultado en un aumento de hallazgos y recomendaciones en documentos oficiales.

Desde el Ministerio de Igualdad se ha confirmado la plena disposición para cooperar con el Tribunal de Cuentas. Declaraciones recogidas por Europa Press señalan que el Ministerio actuará con “absoluta transparencia” y prestará toda la colaboración requerida por el organismo fiscalizador para el desarrollo de esta revisión.

En paralelo, la Fiscalía General del Estado (FGE) reflejó en su memoria anual 2024 la existencia de absoluciones judiciales motivadas por deficiencias técnicas en el Sistema Cometa, plataforma que gestiona el funcionamiento de las pulseras telemáticas para maltratadores. Según la información recabada por Europa Press, estas incidencias técnicas ocurrieron durante un proceso de migración de datos, asociado al cambio de empresa adjudicataria del servicio, tal como declaró el Ministerio de Igualdad en septiembre del mismo año.

Según publicó Europa Press, el Ministerio resaltó que las incidencias identificadas se atajaron dentro del propio año, y que la memoria de la Fiscalía que cita los problemas técnicos de 2024 fue redactada con antelación, de modo que no recoge las reparaciones completadas a finales de ese ejercicio. El departamento bajo la dirección de Ana Redondo remarcó que, a lo largo del año 2025, no se han registrado nuevas incidencias en el sistema, defendiendo que las víctimas de violencia de género siguieron protegidas a lo largo del proceso.

Ante las dificultades técnicas mencionadas, la ministra Ana Redondo impulsó sendas auditorías, una externa y otra interna, con el objetivo de investigar de forma detallada el origen y la gestión de las incidencias en el sistema de pulseras telemáticas. El departamento informó que, después de evaluar varias soluciones posibles, se determinó que la raíz del problema se localizaba en un enrutador encargado de distribuir los mensajes de alerta a distintas plataformas, según consignó Europa Press.

En noviembre, una nueva incidencia obligó al Ministerio de Igualdad a activar los protocolos de protección para las personas usuarias del servicio de pulseras, según información del mismo Ministerio recogida por Europa Press. Este evento llevó a una evaluación de los componentes técnicos, permitiendo identificar la causa concreta y adoptar medidas correctoras en el sistema.

Con relación al futuro inmediato, la fiscalización prevista por el Tribunal de Cuentas sobre el sistema de control y adjudicación de estos dispositivos se enmarca en el fortalecimiento de los controles sobre fondos públicos y servicios vinculados a la atención de la violencia machista. La revisión se apoyará en los datos y subvenciones correspondientes a la etapa 2021-2025 y en la normativa aplicable durante ese periodo, de acuerdo a lo detallado por el Tribunal de Cuentas.

La inclusión de un análisis a los dispositivos telemáticos en el programa de fiscalización para 2026 subraya el interés institucional por asegurar la eficacia y la legalidad del sistema de control de maltratadores, su impacto sobre la salvaguarda de las víctimas y la integridad en la utilización de recursos públicos. Europa Press remarcó que la experiencia previa, tanto en el terreno técnico como en la gestión institucional, servirá como base para la elaboración de los futuros informes, que serán publicados entre finales de 2026 y principios de 2027, según lo proyectado por el Tribunal de Cuentas.