
El acceso restringido a Internet en Irán desde el 8 de enero se ha convertido en un obstáculo significativo para la verificación independiente sobre la cantidad de víctimas y detenidos en el marco de las protestas que sacuden al país. Según consignó la organización Iran Human Rights (IHRNGO) en un comunicado reproducido por medios internacionales, la dificultad para confirmar los informes debido a las medidas de las autoridades obstaculiza el recuento preciso de fallecidos y heridos.
Iran Human Rights, con sede en Noruega, informó este lunes que al menos 648 manifestantes han sido asesinados desde que comenzaron las protestas el 27 de diciembre. De acuerdo con el grupo, estas cifras se basan únicamente en casos que la organización pudo verificar mediante dos fuentes independientes diferentes, por lo que el número real podría ser mucho mayor. La organización especificó que realiza el seguimiento de las víctimas en colaboración con hospitales y los lugares donde son trasladados los cuerpos.
Entre los fallecidos figuran nueve menores de 18 años, mientras que se estiman “miles” de personas heridas, detalló Iran Human Rights. Según publicó el grupo, la cifra total de muertos podría acercarse a 6.000, dado que las restricciones gubernamentales y la falta de acceso a información complican la obtención de datos fiables y actualizados. La organización también reportó más de 10.000 arrestos vinculados a la ola de protestas.
El grupo alertó sobre el caso de Erfan Soltani, de 26 años, detenido el 8 de enero en Fardis, Karaj. Según información recogida por Iran Human Rights, a la familia de Soltani le comunicaron que había recibido una condena a muerte y que su ejecución estaba programada para el 14 de enero, tan solo unos días después de su arresto. IHRNGO remarcó que “el riesgo de ejecuciones extrajudiciales de manifestantes es muy serio”, explícitamente aludiendo a la posibilidad de que otras personas detenidas se encuentren en situación similar.
El director de la organización, Mahmud Amiri-Moghadam, manifestó que estas muertes recuerdan a los crímenes cometidos por el régimen durante la década de 1980, de acuerdo con lo que recogió Iran Human Rights. La organización subrayó la gravedad de la situación, al considerar la magnitud de las víctimas y el ambiente represivo producido por las limitaciones estatales.
En cuanto a los miembros de las fuerzas del orden y del aparato judicial, los medios oficiales iraníes reportaron al menos 121 muertos en el contexto de las manifestaciones. Este balance, según precisaron los propios medios estatales, no abarca a las personas fallecidas en Teherán, lo que sugiere que el número podría ser aún mayor.
Por su parte, HRANA, otra organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos y centrada en el seguimiento de la situación iraní, aportó que hasta la jornada del domingo contabilizaba al menos 544 muertes vinculadas a la represión de las protestas. HRANA indicó además que existen 579 casos adicionales que se encuentran “bajo investigación”, por lo que estiman que el total de fallecidos podría superar con holgura el millar, de acuerdo con la información que suministró el grupo.
Según detalló Iran Human Rights, la imposibilidad de obtener datos de forma independiente se agrava por la decisión oficial de bloquear el acceso a Internet y a canales de información. La ONG insistió en que esta situación dificulta la obtención de una imagen clara del alcance y la severidad de la represión en diferentes puntos del país. Las dificultades para consultar fuentes directas y la falta de acceso a registros hospitalarios o mortuorios refuerzan la posición de incertidumbre sobre la verdadera magnitud de los acontecimientos.
Las advertencias de Iran Human Rights respecto al posible incremento de casos de ejecuciones extrajudiciales se fundamentan en antecedentes históricos y en informes de la propia organización sobre condenas impuestas en procesos acelerados o bajo dudosas garantías procesales. El caso de Erfan Soltani se presenta como un ejemplo del riesgo creciente que enfrentan los manifestantes y activistas.
Los reportes de Iran Human Rights y HRANA coinciden en señalar la gravedad de la situación y remarcan que tanto el bloqueo de información como el número elevado de víctimas reflejan una respuesta estatal contundente frente a las protestas. Este saldo, que según las organizaciones podría aumentar a medida que se logren verificar y confirmar nuevas muertes y detenciones, ilustra la magnitud de la crisis social y política en el país.
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