Las CCAA del PP llevarán al CPFF su propio plan de financiación y exigirán a Montero información y transparencia

Los representantes autonómicos del Partido Popular han manifestado que solicitarán explicaciones detalladas en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), enfocándose en la falta de información y coherencia en la propuesta del Gobierno central sobre el nuevo modelo de financiación. Según informó Europa Press, esta postura parte de las críticas que el equipo económico de Alberto Núñez Feijóo ha expresado, alegando que el planteamiento actual del Ejecutivo significa, en sus palabras, “un parche” sin la transparencia requerida y sin una presentación clara de los criterios aplicados ni de las consecuencias para cada comunidad.

De acuerdo con Europa Press, las comunidades autónomas gobernadas por el PP presentarán en el encuentro, previsto para el 14 de enero, su propio plan en materia de financiación autonómica. Este documento retoma las bases acordadas previamente entre Feijóo y los presidentes autonómicos del Partido Popular, concretadas en una firma llevada a cabo el 6 de septiembre de 2024 en el Palacete de los Duques de Pastrana, en Madrid. Las líneas esenciales de esa propuesta también aparecieron en una carta enviada al Gobierno por los consejeros de Hacienda del PP en febrero de 2025, periodo marcado por el debate sobre la condonación de la deuda autonómica.

Europa Press detalló que los consejeros del PP exigirán transparencia e información a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el CPFF, cuestionando los fundamentos y los resultados esperados de la reforma presentada por el Ejecutivo. Este nuevo modelo prevé un aumento en el porcentaje de cesión a las comunidades autónomas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 50% al 55% y del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) del 50% al 56,5%. El sistema, sostienen desde el Gobierno, supondrá una mejora en los recursos autonómicos, con una previsión de incremento de aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027.

Fuentes del PP citadas por Europa Press tildan la reforma de “mal modelo” por considerar que quiebra la unidad e igualdad entre ciudadanos y regiones. Argumentan que, al pactar detalles de la financiación con ERC, el Gobierno repite el patrón de negociación bilateral ya observado en 2009 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se llegó a acuerdos específicos con los republicanos catalanes. En esta línea, sostienen que el sistema impulsado por Montero fortalece desequilibrios y crea “ciudadanos de primera y de segunda”.

Entre los puntos que el PP llevará al CPFF figura el compromiso de impulsar un “modelo justo, solidario, bueno para todo el país”, en palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado, recogidas por Europa Press. Además, los populares ya señalan que Alberto Núñez Feijóo presentará una propuesta alternativa y consensuada con las autonomías en el plazo de un año si accede al Gobierno central.

El plan del PP contempla ampliar el volumen económico total del sistema autonómico, tomando como referencia las reformas de 1997 y 2001, justificado por el crecimiento en los costes de los servicios públicos. En la carta remitida a Montero en 2025, los responsables autonómicos populares ya solicitaban recursos adicionales para afrontar obligaciones como la deuda histórica asociada a servicios de dependencia y la cofinanciación de políticas públicas, por ejemplo, la gratuidad de la educación infantil de cero a tres años.

El documento también planteaba la creación de un fondo transitorio que permitiera compensar la denominada “infrafinanciación” que, según los firmantes, afecta a todas las autonomías. Dentro de sus recomendaciones, pidieron garantías para una auténtica cogobernanza de los fondos europeos Next Generation, así como de futuras transferencias comunitarias, y aseguraron que se debía “blindar” la autonomía fiscal de las comunidades. Según el texto publicado por Europa Press, acusan al Gobierno de buscar una independencia fiscal exclusiva para Cataluña mientras se presiona al resto de regiones para que eleven la carga fiscal a los ciudadanos.

En cuanto a la relación con el Ejecutivo central, el PP defiende la necesidad de restaurar el respeto institucional y paralizar cualquier avance que interpreten como una concesión hacia la independencia fiscal solicitada por sectores del independentismo. Europa Press recuerda que las comunidades del PP enviaron sus demandas antes de una reunión previa del CPFF, celebrada en febrero de 2026, la cual abandonaron en bloque tras expresar su desacuerdo con la condonación de la deuda.

Para la próxima sesión del CPFF, fuentes populares transmitieron que acudirán con voluntad de diálogo y de escuchar las argumentaciones técnicas del Ejecutivo, descartando una repetición del abandono que tuvo lugar en 2024. Estas fuentes señalaron: “Vamos a sentarnos a escuchar y a que nos expliquen la métrica”, en referencia a la metodología utilizada por el Gobierno para definir el reparto de los nuevos recursos.

Europa Press subrayó que los principios defendidos en la misiva de febrero de 2025 ya figuraban en el compromiso suscrito el año anterior en el Palacete de los Duques de Pastrana. En ese documento, Feijóo y los responsables autonómicos del PP reclamaban la movilización de 18.000 millones de euros de los fondos Next Generation que, a su criterio, el Gobierno todavía no había ejecutado. También reiteraban la petición de que las reformas de financiación se negocien en foros de carácter multilateral y no mediante acuerdos bilaterales, considerados por el PP como “subastas” y “bilateralidad tramposa”, según los términos empleados en sus comunicaciones internas.

En la cita prevista en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, los responsables populares esperan demostrar unidad y coherencia junto a sus presidentes autonómicos, reafirmando la posición de defensa de un sistema de reparto que, aseguran, garantice tanto la equidad en la distribución de recursos como el respeto al modelo autonómico vigente. Tal como consigna Europa Press, este enfoque busca desmarcarse tanto del sistema promovido por el Ejecutivo como de los planteamientos de partidos independentistas, reivindicando una negociación multilateral que, según el documento firmado en 2024, debe evitar cualquier trato preferente o singularizaciones entre territorios.