La Justicia de EEUU ordena al Gobierno mantener los fondos de servicios sociales en cinco estados demócratas

El fallo judicial dispone que la suspensión de fondos federales para programas de asistencia social y de infancia en cinco estados del país permanecerá congelada durante dos semanas, dado que, según explicó el tribunal, la cautelar tiene como objetivo conservar la situación actual hasta que se emita una resolución definitiva. De acuerdo con la resolución emitida, esta orden implica la continuidad transitoria del financiamiento público para propuestas como el Fondo para el Desarrollo del Cuidado Infantil, la Asistencia Temporal a Familias Necesitadas y las Subvenciones en Bloque para Servicios Sociales en los territorios afectados, entre los que se cuentan Illinois, California, Minnesota, Nueva York y Colorado.

Según publicó la prensa estadounidense, la decisión corresponde a la intervención del juez de distrito de Nueva York, quien resolvió este viernes ordenar al Gobierno federal, encabezado por el presidente Donald Trump, que deje sin efecto temporalmente la medida que congelaba cerca de 10.000 millones de dólares (unos 8.600 millones de euros) destinados a diversos programas sociales. El medio detalló que todos los estados sujetos a la decisión judicial cuentan con administraciones demócratas, que previamente habían presentado demandas al considerar la interrupción de fondos como una medida injusta hacia familias vulnerables.

El documento judicial obliga a los demandados, es decir, a la administración federal, a “restringir y suspender la implementación de la Congelación de Fondos” vinculada a los principales proyectos sociales e infantiles. La medida cautelar, de alcance limitado a 14 días, pretende “preservar el ‘status quo’” mientras se lleva adelante el proceso judicial y se decide la legalidad de la cancelación de los fondos, reseñó el medio. El objetivo de esta resolución provisional es evitar daños irreparables y garantizar el acceso de los beneficiarios a recursos durante el litigio.

Diversas fuentes dieron cuenta de que la suspensión original del financiamiento había sido resuelta por el Gobierno de Trump en respuesta a cuestionamientos sobre la gestión de recursos federales. Según señalaron medios estadounidenses, el conflicto cobró mayor notoriedad tras el inicio de investigaciones por parte de autoridades de Minnesota, relacionadas con el posible desvío de fondos federales asignados a programas sociales. Esta situación llevó al Ejecutivo nacional a suspender de manera provisional los desembolsos, lo que a su vez generó denuncias de discriminación por parte de las administraciones estatales afectadas.

Al conocer el fallo, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, destacó públicamente que el recurso concedido por el tribunal protege “más de 10.000 millones en fondos para servicios sociales críticos mientras continuamos con nuestra demanda”. Según consignó la prensa local, James subrayó que estos recursos financian proyectos tan diversos como el cuidado de niños y los refugios para personas sobrevivientes de violencia doméstica, además de otros servicios fundamentales. La representante aseguró que persistirá en la defensa de los intereses de Nueva York y en la preservación de recursos esenciales para la población.

En un sentido similar, el gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker, manifestó tras el fallo que, a su entender, la Justicia de Estados Unidos volvió a rechazar una medida impulsada por la administración Trump, refiriéndose al intento de suspensión de fondos como un “abuso de poder” dirigido a las familias vulnerables de Illinois, tal y como reprodujo el medio estadounidense.

La controversia sobre los fondos federales a distintos estados gobernados por demócratas ha generado una amplia discusión en el ámbito político y social. Autoridades estatales han expresado que la eventual suspensión de estas transferencias impactaría directamente en la prestación de numerosos servicios, incluyendo cuidado infantil, asistencia alimentaria, programas de empleo y protección de personas en situación vulnerable. Según detalló la prensa, los recursos intervenidos representan un porcentaje significativo del financiamiento de estas iniciativas y afectan a decenas de miles de beneficiarios en los territorios involucrados.

Mientras se resuelve la cuestión de fondo en tribunales, la orden judicial emitida este viernes asegura la provisión de fondos al menos durante 14 días, brindando un respiro a los estados demandantes. El futuro de estos programas dependerá de la decisión que adopte el juez federal una vez concluya la fase cautelar y se analicen en profundidad los argumentos presentados por las partes, según publicó el medio estadounidense.