Valero (IU) critica el acuerdo con Mercosur que beneficia a "grandes multinacionales" en detrimento del sector del campo

Según las declaraciones de Toni Valero, coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía y diputado nacional del grupo Sumar, las condiciones para activar las denominadas cláusulas de salvaguarda dentro del pacto entre la Unión Europea y Mercosur presentan numerosas dificultades prácticas, al exigir pruebas de un “perjuicio grave”, concepto que el propio Valero consideró impreciso y cuya exigencia convierte en poco viable abrir un proceso investigativo. De acuerdo con las afirmaciones de Valero recogidas por el medio, este criterio jurídico impone un umbral tan elevado que las organizaciones agrarias europeas ven en estas cláusulas un simple maquillaje, sin capacidad real para proteger a los trabajadores agrícolas y ganaderos afectados.

El medio detalló que Valero cuestionó abiertamente el acuerdo de libre comercio sellado entre la Unión Europea y los países del Mercosur —Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay—. Según informó la plataforma, Valero sostiene que la estructura del tratado está enfocada hacia el interés de grandes multinacionales, lo que relega a un segundo plano a quienes viven de la agricultura y la ganadería vinculadas al territorio, así como a la soberanía alimentaria. El dirigente expuso que las cláusulas de protección que los embajadores europeos apoyan quedan lejos de ser una solución efectiva; desde su perspectiva, representan “una estafa”, ya que son débiles, llegan de forma tardía y rara vez resultan de aplicación en la práctica real.

Valero insistió en que estas salvaguardas no aportan verdaderas garantías a quienes trabajan en el campo europeo. En sus palabras, la activación de dichas cláusulas exige “demostrar que el daño al sector agrario se debe exclusivamente al acuerdo con Mercosur”, mientras que los factores que afectan el campo europeo —por ejemplo, los costes de producción, la especulación y la evolución de la demanda— se entrelazan y complican cualquier atribución directa. El medio informó que, de acuerdo con Valero, esta condición hace prácticamente inviable proceder cuando se observa un deterioro en la situación agrícola.

La información publicada por el medio también recoge la crítica de Valero en torno a la limitación temporal de las medidas previstas. Señaló que los mecanismos contemplados tienen carácter provisional y limitado: solo pueden entrar en vigor durante un lapso máximo de doce años, y por cada producto determinado su duración no puede exceder los cuatro años. El líder andaluz de IU argumentó que estas restricciones temporales impiden dar respuesta a problemas estructurales que enfrenta el sector rural ligado a la agricultura social y profesional, especialmente los derivados de la competencia desleal y de las diferencias profundas en las exigencias ambientales y laborales entre los socios comerciales.

Según detalló el medio, Valero agregó otro aspecto relevante: los umbrales anunciados para poner en marcha estas medidas son de carácter no obligatorio y suelen servir solo como argumento para evitar intervenciones efectivas. Además, advirtió que, en última instancia, los propios Estados miembros de la Unión Europea pueden bloquear la aplicación de estas actuaciones, transformando lo que podría ser un mecanismo ágil en una herramienta política de difícil uso. Para Valero, esto demuestra que no se ha dotado al acuerdo de un mecanismo preventivo, sino simplemente de remedios tardíos incapaces de enfrentar la raíz de los problemas, según consignó el medio.

Asimismo, el dirigente de IU Andalucía denunció que se pretende presentar como compensación el uso de fondos de la Política Agraria Común (PAC) para justificar el nuevo escenario de apertura con el Mercosur. Valero teme que esta estrategia permita a fuerzas políticas como la ultraderecha defender el acuerdo argumentando la existencia de compensaciones, aunque en la práctica no haya protección suficiente para los pequeños y medianos productores europeos. Según publicó la fuente, hizo referencia explícita al posible papel de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para inclinar la decisión europea hacia el tratado.

En su valoración, Valero concluyó que el enfoque central del pacto beneficia a grandes corporaciones, relegando los intereses de agricultores y ganaderos que dependen de las actividades vinculadas al territorio. A su juicio, la actual versión del acuerdo no integra herramientas eficaces para combatir las diferencias normativas en materia ambiental y laboral, ni ofrece soluciones ante la crisis de rentabilidad que atraviesa la agricultura profesional y social. El medio relató que las organizaciones agrarias europeas manifiestan coincidencias en este diagnóstico, considerando insuficientes las garantías planteadas en favor del sector primario.

El acuerdo, que recibió luz verde de los veintisiete países miembros de la Unión Europea, se presenta según Valero como un modelo que puede acentuar los desequilibrios existentes en la cadena alimentaria y productiva regional. Ante las críticas aludidas, el portavoz de IU Andalucía reiteró la necesidad de repensar la estrategia comercial europea en coordinación con organizaciones agrarias, impulsando mecanismos más ágiles y justos que aseguren rentabilidad, empleo y soberanía alimentaria para los territorios afectados. En este sentido, defendió la elaboración de políticas que privilegien el mantenimiento y desarrollo del tejido rural frente a los intereses del capital multinacional, tal como remarcó en el mensaje remitido a los medios y reportado por la fuente.