El anuncio de la ministra Sira Rego sobre la intención de abrir procesos legales contra Grok se conoció después de recientes restricciones en el sistema de generación de imágenes con inteligencia artificial (IA) de la red social X, anteriormente Twitter. Rego criticó que el acceso a ciertas funciones de la herramienta ahora dependa del pago de una suscripción y enfatizó que los derechos de la ciudadanía no deben estar supeditados a los intereses particulares o económicos. Con este planteamiento, la titular del Ministerio de Juventud e Infancia trasladó a la opinión pública la noticia principal: llevará ante los tribunales a la plataforma las veces que sea necesario para garantizar el cumplimiento de la ley.
Según reportó el medio de comunicación, Sira Rego utilizó su canal en la red social Telegram para comunicar públicamente su postura tras las decisiones adoptadas por Grok, el sistema de IA desarrollado para X, propiedad de Elon Musk. La ministra argumentó que “el cumplimiento de la ley no depende de ninguna suscripción, ni nuestros derechos de los intereses de ningún millonario”, remarcando su oposición a que funciones asociadas a la protección de menores y otras cuestiones sensibles se encuentren restringidas por condiciones económicas.
El medio precisó que la situación se hizo visible poco después de que el Ministerio de Juventud e Infancia solicitara a la Fiscalía la apertura de una investigación sobre Grok por la supuesta difusión de material que vulnera los derechos de la infancia. Esta petición se produjo a raíz de la existencia de casos en los que, a través del generador de imágenes, se realizaron búsquedas y peticiones para sexualizar o alterar la vestimenta de personas, especialmente de mujeres y niños.
Tal como publicó la fuente, la decisión de la plataforma de limitar el generador de imágenes únicamente a usuarios con membresía de pago se acompañó de un mensaje explicativo del sistema de IA. “La creación y edición de imágenes actualmente solo está disponible para miembros de pago. Puedes suscribirte para desbloquear estas funciones”, señala la respuesta proporcionada a los usuarios que solicitaron la modificación o sexualización de imágenes, de acuerdo con el contenido difundido por los medios.
Rego sostuvo que la intervención judicial será reiterada mientras lo exijan las circunstancias, insistiendo en la protección de los derechos de la infancia frente a sistemas tecnológicos que, mediante inteligencia artificial, pueden verse implicados en posibles delitos relacionados con la integridad de menores.
Según consignó el medio, la investigación solicitada a la Fiscalía tiene como antecedente los casos detectados en los que el uso de Grok derivó en la generación de imágenes de menores en contextos ilícitos o problemáticos, un hecho que disparó la preocupación institucional y originó la reacción de la ministra. La restricción del acceso al generador de imágenes a través de la suscripción plantea, según la valoración de Rego, interrogantes legales y éticos sobre la responsabilidad de las plataformas cuando se detectan usos indebidos de herramientas tecnológicas avanzadas.
El medio detalló que la red social X, bajo la gestión de Elon Musk, ha introducido diversas modalidades de uso y acceso a sus aplicaciones, entre ellas la diferenciación del acceso a herramientas como Grok según se cuente o no con una suscripción de pago. Para los usuarios sin insignia de verificación, la opción que se les presenta consiste en suscribirse para obtener acceso a la creación y edición de imágenes generadas por IA, medida considerada por la ministra como una forma de condicionar derechos a la compra de servicios.
La fuente indicó que el mensaje de Rego refleja una preocupación más amplia acerca de la influencia de grandes plataformas tecnológicas sobre el ejercicio de derechos fundamentales, al tiempo que recalca la disposición del Ministerio de Juventud e Infancia para recurrir a instancias judiciales cuando se planteen situaciones que puedan atentar contra la protección de menores. Según publicó la misma fuente, se trata de una respuesta institucional frente a los retos que plantea el uso de inteligencia artificial en los entornos digitales y la necesidad de que su funcionamiento y acceso se ajuste a las normativas existentes sin quedar sujeto a modelos comerciales o intereses empresariales.
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