El presidente de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, sostuvo que “sin reciprocidad, no hay comercio justo”, al referirse al acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur. Según consignó Asaja, la organización advierte que con este pacto se pone en riesgo el equilibrio competitivo del sector agrícola español, ya que, de acuerdo con sus análisis, la entrada de productos que no cumplen con las mismas regulaciones que los europeos afectará negativamente a los productores nacionales. El medio reportó que la decisión definitiva ahora recae en el Parlamento Europeo, luego de que el Consejo le otorgara el visto bueno.
De acuerdo con la información publicada por Asaja, la asociación considera que la aprobación del tratado comercial implica, entre otras cuestiones, la probable llegada al mercado comunitario de productos prohibidos por la propia normativa de la Unión Europea. Entre estos destacan alimentos tratados con fitosanitarios y carne de res obtenida mediante el empleo de hormonas de crecimiento, prácticas que actualmente están vetadas dentro del territorio europeo. “Se está permitiendo que productos con reglas distintas lleguen al mismo consumidor”, afirmó Pedro Barato, recogió la fuente.
Asaja remarcó que la competencia se torna desleal para los agricultores españoles al tener que enfrentar importaciones provenientes de sectores que, según la asociación, disponen de ventajas estructurales y normativas. En especial, la agrupación destacó que la aplicación de estándares distintos en materia medioambiental y de seguridad alimentaria supone una desventaja para quienes se ajustan a las normativas de la UE. Según reportó la asociación, productos como el aceite de oliva y el vino podrían tener una reducción significativa de sus beneficios en el corto plazo tras la entrada en vigor del pacto.
El riesgo para la rentabilidad y la supervivencia de diversas explotaciones agrarias aparece como otra de las principales preocupaciones señaladas por Asaja. La organización mencionó sectores que considera especialmente amenazados, como la ganadería extensiva, la producción de carne de vacuno, los cultivos de azúcar y remolacha, y la industria de cítricos. Según la asociación, la apertura del mercado a productos sudamericanos podría desencadenar una caída en los precios internos y un deterioro de la estabilidad económica en estas actividades.
Tal como informó Asaja, la entidad prevé reforzar su presión política durante el último tramo del proceso legislativo, que se resolverá en el Parlamento Europeo. El objetivo, según ha definido la dirección de la asociación, es conseguir que las autoridades comunitarias introduzcan garantías de reciprocidad regulatoria y de control de calidad para los productos importados, como requisito para cualquier acuerdo de libre comercio. Así, la organización pretende evitar lo que considera una competencia en desigualdad de condiciones y defender la viabilidad de las explotaciones españolas.
Además, Asaja alertó que la falta de mecanismos eficaces de supervisión podría permitir la circulación de mercancías no homologadas o que incumplen las exigencias europeas en materia de fitosanitarios y aditivos, según recogió la fuente. Para la agrupación, ello implicaría un doble estándar perjudicial para quienes producen bajo las normativas de la UE y dificultaría la defensa del modelo agrícola europeo.
En distintas declaraciones transmitidas por la fuente, Pedro Barato insistió en que el intercambio internacional debe trazarse sobre la base de exigencias equitativas para todas las partes. En este sentido, el dirigente subrayó la importancia de que las políticas comerciales no pongan en segundo plano los estándares adoptados por los socios europeos, ya que, en palabras de la asociación, aquello comprometería tanto la seguridad alimentaria como la supervivencia del sector primario en España.
La preocupación de Asaja por el acuerdo UE-Mercosur se inscribe dentro de un contexto de creciente presión sobre los productores agrícolas europeos, quienes, según la agrupación, enfrentan normativas estrictas en relación al uso de insumos, sostenibilidad ambiental y bienestar animal, mientras que importarían productos con menores estándares. Según detalló la entidad, esta diferencia regulatoria no solo afecta los márgenes económicos, sino que también sitúa a los agricultores y ganaderos europeos en una constante situación de desventaja competitiva.
El medio también reportó que la organización prepara acciones de interlocución frente a las instituciones comunitarias, a fin de posicionar la demanda de controles más estrictos a las importaciones y de salvaguardias destinadas a proteger los ingresos del sector primario español ante la posible puesta en marcha del acuerdo comercial.
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