El Gobierno de Perú descarta la privatización de Petroperú y defiende que se trata de un "reordenamiento"

La reestructuración interna de la petrolera estatal Petroperú fue condicionada por el decreto de urgencia emitido el 31 de diciembre, que exige una nueva estructura organizacional en el plazo de 30 días. Según publicó el medio local RPP TV, el directorio de la empresa tendrá que redefinir su esquema administrativo con el objetivo de optimizar la gestión interna y enfrentar el complejo escenario financiero que atraviesa la compañía. El titular del Ministerio de Energía y Minas de Perú, Luis Bravo, descartó que esta medida implique una privatización de la empresa estatal, y subrayó que la prioridad del Gobierno de José Jerú es “reorganizar la casa”.

De acuerdo con RPP TV, Bravo explicó que actualmente Petroperú cuenta con 36 gerencias, por lo que se busca una simplificación y racionalización de la estructura corporativa para mejorar su funcionamiento. Según detalló el ministro, la reorganización tiene como meta asegurar la viabilidad de la empresa sin recurrir a nuevos rescates estatales. “Era hacer más de lo mismo”, señaló en referencia al rechazo del presidente encargado, José Jerú, a las soluciones de salvamento financiero aplicadas anteriormente en la compañía.

El decreto de urgencia también autoriza la incorporación de capital privado en bloques patrimoniales de Petroperú, incluidos activos catalogados como estratégicos, como la Nueva Refinería de Talara. Según consignó el medio, la ministra de Economía, Denisse Miralles, aclaró que esta opción no supondrá la pérdida del control estatal sobre la compañía, ya que la intención gubernamental radica en lograr una mayor eficiencia a través de la captación de recursos externos, no en la transferencia de la propiedad. “No significa perder el control estatal”, remarcó Miralles, aclarando la posición oficial.

En el marco de la reestructuración, el documento aprobado por el Ejecutivo contempla una partida de 240 millones de soles, equivalente a 60,8 millones de euros, para financiar el despido de personal considerado necesario dentro del nuevo esquema organizativo. Según reportó RPP TV, esta medida forma parte del paquete diseñado para ajustar la plantilla y reducir costos laborales, en línea con los cambios propuestos.

Desde la publicación del decreto, los principales funcionarios vinculados al sector destacaron que el proceso no pretende vender la empresa, sino encaminarla hacia una gestión más eficiente, transparente y sostenible. El medio RPP TV indicó que la intervención sobre la estructura organizativa fue planteada para enfrentar las dificultades financieras que se han acumulado en los últimos años, evitando que la empresa estatal se acerque a una situación de insolvencia.

Bravo insistió en su entrevista con RPP TV en el propósito gubernamental de preservar el rol estatal de Petroperú, enfatizando que se busca ordenar los procesos internos para “continuar la operación que debe de tener siempre como empresa del Estado del que todos deberíamos sentirnos orgullosos”.

La decisión de incluir la posibilidad de inversión privada responde a la urgencia de recapitalizar la empresa sin acudir al endeudamiento excesivo ni comprometer la participación pública, según la interpretación ofrecida por las autoridades a RPP TV. La ministra Miralles puso especial énfasis en separar el concepto de eficiencia de cualquier intento de privatización, anticipando interrogantes en la opinión pública sobre el futuro de la principal petrolera peruana.

El documento regulatorio echa mano de diversos mecanismos para encarar el desafío, estableciendo fechas límites y recursos específicos tanto para la reestructuración de alto nivel como para la salida de parte del personal. Según explicó el ministro Bravo a RPP TV, estos pasos buscan dotar a la empresa de herramientas operativas para superar una etapa marcada por la presión financiera y la necesidad de renovación institucional.

Mientras transcurre el plazo de 30 días para la presentación de la nueva propuesta de organización, la gestión estatal remarca el carácter temporal y orientado a la mejora administrativa de las acciones impulsadas a partir del decreto. Así lo dio a entender Bravo, al precisar que el esquema adoptado pretende preservar tanto la misión de Petroperú como la titularidad pública en los activos más relevantes, incluido el complejo de Talara, uno de los principales proyectos industriales del país.

Finalmente, de acuerdo con la cobertura de RPP TV, la coyuntura que afecta a Petroperú ha obligado al Gobierno de José Jerú a explorar alternativas que conjuguen eficiencia operativa con estabilidad institucional. Las decisiones recientes ponen en marcha un proceso que buscará equilibrar la sostenibilidad económica de la petrolera con la garantía de que permanezca bajo control estatal, independientemente de la posible inyección de capital privado autorizada en determinados segmentos de negocio.