El acuerdo Gobierno-Iglesia sobre abusos durará un máximo de dos años y es "temporal", según la CEE

La Conferencia Episcopal Española ha informado que las ayudas económicas a las víctimas de abusos, acordadas con el Ejecutivo, no generarán obligaciones fiscales para las personas beneficiarias. El Gobierno ha decidido tramitar las reparaciones de modo que estas queden exentas del impuesto sobre la renta, acogiendo una de las demandas planteadas por la institución religiosa en el proceso de negociación. Este aspecto forma parte del pacto sellado este jueves entre la Iglesia católica y el Ejecutivo, cuyo objetivo principal gira en torno a la reparación de personas afectadas por agresiones sexuales en el pasado, tanto dentro como fuera del ámbito eclesial.

Según publicó la Conferencia Episcopal Española (CEE) en un comunicado, el acuerdo bilateral establece un marco temporal: tendrá inicialmente una vigencia de un año, aunque ambas partes podrán prolongarlo por otro año adicional. La medida se dirige de manera específica a los casos en los cuales la justicia ordinaria no puede intervenir debido a la prescripción del delito o al fallecimiento del autor del abuso. De este modo, la CEE distingue que el proceso está restringido a situaciones ya fuera de la vía judicial, sobre las que ni el desarrolló ni el futuro de una causa penal es posible.

De acuerdo con la información difundida por la CEE, la Iglesia se compromete concretamente a indemnizar a las víctimas de los abusos sexuales cometidos en su seno, mientras que el Gobierno asume la obligación de articular mecanismos para la reparación integral de afectados por hechos similares ocurridos en cualquier entorno de la vida social, no sólo el religioso. La CEE subrayó que esta última condición respondía a sus propias peticiones y figura de manera explícita en el acuerdo. El medio informativo detalló que, en consecuencia, las prestaciones y compensaciones económicas llegarán también a perjudicados en ámbitos como el familiar, deportivo, educativo, de ocio o de organizaciones de diverso tipo.

La CEE recalcó la ausencia de imposición jurídica en la estructura del pacto. Según el comunicado recogido por la institución, el procedimiento no crea una obligación coercitiva respaldada por la ley, sino que se sostiene sobre el compromiso ético de la Iglesia y la voluntad compartida por ambas partes de impulsar la reparación. Las condiciones del proceso también estipulan que las víctimas sólo accederán a las ayudas si manifiestan voluntariamente su interés, sin que exista ningún mecanismo de exigibilidad legal.

El medio difundió igualmente que todas las medidas acordadas se sitúan en un contexto excepcional, pues quedan limitadas en el tiempo y restringidas para garantizar que se aborden únicamente aquellos casos que no puedan canalizarse a través de la vía judicial ordinaria. Tanto la Iglesia como el Ejecutivo coinciden, según recogió la CEE, en señalar el carácter transitorio de la vía abierta por este acuerdo.

El pacto alcanzado entre las autoridades civiles y los representantes episcopales establece así una respuesta conjunta a la problemática de las agresiones sexuales históricas, diferenciando entre las obligaciones legales ya superadas por el paso del tiempo o la imposibilidad de perseguir individuos señalados, y un enfoque de reparación centrado en el reconocimiento y la compensación moral y material de las víctimas. Conforme detalló la CEE, el Gobierno incorporó en el texto final varios aspectos planteados por la Iglesia durante la negociación, particularmente el compromiso con una visión integral de la reparación y la exención fiscal de las indemnizaciones concedidas.

Por último, el comunicado de la Conferencia Episcopal insistió en que la estructura acordada excluye la existencia de una “imposición de obligación jurídica”, insistiendo en que la base del mecanismo es “el compromiso moral de la Iglesia y el mutuo acuerdo de las partes”. Con este punto, ambos actores públicos enmarcan la solución adoptada en claves voluntarias y éticas, dentro del plazo de hasta dos años previsto en el protocolo firmado.