
El presidente del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de Estados Unidos, Roger Wicker, declaró recientemente que Venezuela enfrenta obstáculos para almacenar y exportar su producción petrolera, ya que los buques se encuentran completos y pendientes de traslado a destinos que permitan comercializar ese crudo en el mercado abierto. Esta situación se desarrolla en el contexto de un acuerdo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que las autoridades provisionales venezolanas, encabezadas ahora por Delcy Rodríguez tras la destitución de Nicolás Maduro, entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Estados Unidos. Según informó la agencia Bloomberg, el volumen comprometido por Caracas equivale a un periodo estimado de 30 a 50 días de producción petrolera venezolana. Para comparar, el medio señaló que Estados Unidos produce aproximadamente 13,8 millones de barriles diarios.
El anuncio de Trump se difundió a través de su plataforma Truth Social, donde especificó que el petróleo que Venezuela suministrará será de alta calidad y sancionado, e indicó que su venta se realizará a precios de mercado. El mandatario aseguró que los ingresos obtenidos por la venta de esos barriles serán gestionados directamente por él, “para garantizar que se utilicen en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”, según consignó dicho mensaje reproducido en medios estadounidenses.
En el mismo comunicado, Donald Trump explicó que solicitó al secretario de Energía, Chris Wright, que implemente de inmediato este plan, disponiendo que el cargamento de petróleo se transportará en buques de almacenamiento y llegará directamente a los muelles de descarga estadounidenses. Chris Wright respondió en la red social X, antes conocida como Twitter, que mantiene toda su atención en el desarrollo de este proceso, reportó ABC News.
Washington, de acuerdo con ese medio, exige a la administración provisional de Venezuela encabezada por Delcy Rodríguez la ruptura de sus alianzas económicas con China, Rusia, Irán y Cuba, planteando que Estados Unidos sea el único interlocutor autorizado para la producción y comercialización de petróleo venezolano. Fuentes citadas por la cadena estadounidense ABC News afirmaron que la Casa Blanca estima que Caracas dispondría solo de un par de semanas antes de enfrentar insolvencia financiera si no logra vender una porción significativa de sus reservas energéticas.
La decisión de Estados Unidos de reconocer oficialmente a Delcy Rodríguez como representante venezolana se produjo tras la "captura" de Nicolás Maduro, ocurrida el pasado sábado después de una serie de ataques sobre Caracas y las zonas aledañas, según detalló el medio. El gobierno de Washington ha optado por no reconocer como interlocutora a María Corina Machado, líder opositora, reafirmando la legitimidad de Rodríguez luego de su reciente investidura como presidenta encargada de Venezuela.
En el desglose de la operación, la Casa Blanca confirma que el dinero se administrará de forma centralizada para fiscalizar que los fondos atribuidos a la venta de crudo beneficien tanto a la población estadounidense como a la venezolana, respondiendo a la necesidad expuesta por los senadores de transparentar estos ingresos. De acuerdo con Bloomberg, este acuerdo facilitará la entrada al mercado estadounidense de barriles bloqueados previamente por sanciones, paliando temporalmente los problemas de almacenamiento y liquidez de la industria venezolana. La administración Trump sostiene, además, que el corte de vínculos con los otros socios internacionales resulta un requisito para asegurar la viabilidad de la nueva etapa en la relación bilateral.
En línea con los comentarios recogidos por ABC News, se confirma que los tanques venezolanos y la capacidad de transporte alcanzaron su límite, lo que motivó a Caracas a buscar alternativas rápidas para comercializar el excedente antes de que la situación financiera se deteriore. El senador Roger Wicker reiteró que “Venezuela no puede extraer más crudo porque no hay dónde depositarlo ni dónde enviarlo”, ilustrando la urgencia que atraviesa el sector energético del país sudamericano.
El acuerdo surge en un momento marcado por transformaciones políticas en Venezuela y una reconfiguración de los apoyos internacionales, así como por la presión de Washington para consolidar su influencia energética en la región. La administración estadounidense remarca la importancia de ejercer el control sobre los fondos y la producción venezolana a través de mecanismos formales, con el objetivo declarado de canalizar recursos a necesidades bilaterales identificadas como prioritarias.
El medio Bloomberg calculó que, pese a la relevancia política del anuncio, el volumen de crudo comprometido por Venezuela representa una fracción menor si se lo compara con la producción diaria de Estados Unidos, lo que, no obstante, otorga a ese país acceso directo a una partida que anteriormente se encontraba fuera de su alcance debido a las sanciones. La entrega y distribución del petróleo venezolano quedará, según lo dispuesto por Trump, bajo gestión estadounidense para asegurar la aplicación de los recursos y medidas acordadas.
A raíz de este reacomodo en el escenario venezolano, las prioridades del gobierno interino se alinean con las directivas norteamericanas, excluyendo la cooperación con antiguos socios. La iniciativa estadounidense apunta a restaurar canales de suministro energético mientras Caracas busca esquivar una inminente crisis de liquidez, en un entorno regional que continúa siendo monitorizado por organismos internacionales y por la opinión pública local e internacional.
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