Liberado el líder de 'Los Tiguerones' tras vencer el plazo para que Ecuador presentara garantías de seguridad

El Ministerio del Interior de Ecuador notificó amenazas presuntamente enviadas por William Joffre Alcívar, alias ‘Comandante Willy’, tanto contra el titular de esa cartera, John Reimberg, como contra el presidente Daniel Noboa. Después de que la Audiencia Nacional de España permitiera la liberación de Alcívar, una figura identificada por las autoridades ecuatorianas como uno de los jefes de la organización criminal ‘Los Tiguerones’, el gobierno ecuatoriano se movilizó para que se revise la situación y se reconsidere la extradición, según detalló Europa Press.

La decisión del tribunal español se basó en que Ecuador no entregó en el plazo definido las suficientes garantías de seguridad requeridas por la justicia española. Según Europa Press, la Audiencia Nacional había advertido que, en caso de no recibir dichas garantías a tiempo para la extradición, Alcívar quedaría en libertad. Tras agotarse ese plazo sin respuesta oficial desde Quito, el líder de la organización fue excarcelado.

El Ministerio de Exteriores de Ecuador, a través de un comunicado difundido en la red social X y citado por Europa Press, solicitó oficialmente “que se revise y revea la presunta decisión emitida por ese país –conocida de manera extraoficial– sobre la liberación” de Alcívar, e instó a “que se concrete en el menor tiempo su extradición”. La cancillería informó que en junio de 2025 ya remitió a las autoridades españolas la documentación adicional solicitada, la cual incluía, entre otros elementos, las garantías requeridas para hacer posible la extradición previamente concedida. No obstante, según la nota oficial, España volvió a exigir un refuerzo en las garantías presentadas, requerimiento ante el que la diplomacia ecuatoriana sostiene que entregó lo necesario.

El ministro John Reimberg anticipó que el Gobierno interpondrá una queja formal por medio del Ministerio de Exteriores, dado que las autoridades consideran que Ecuador ya había satisfecho los requisitos documentales para que se realizara la extradición. Reimberg añadió que buscarán mecanismos para corregir la situación surgida a raíz de la liberación y señaló que Alcívar lo había amenazado a él y al presidente Noboa, según declaraciones recogidas por el diario Primicias, lo que añade presión a la gestión diplomática ecuatoriana.

La Audiencia Nacional española había aprobado en mayo de 2025 la entrega de Alcívar a Ecuador, supeditando su ejecución a la condición de que, en un plazo de tres meses, el gobierno de Quito proporcionase garantía suficiente sobre la adopción de acciones concretas para salvaguardar los derechos a la vida y a la integridad personal de los reclusos en centros penitenciarios del país sudamericano, detalló Europa Press. Esta exigencia se relaciona con reiteradas denuncias sobre la situación de las prisiones en Ecuador y responde a los estándares internacionales para extradiciones que requieren compromisos claros en materia de derechos humanos.

La organización ‘Los Tiguerones’, que según las autoridades ecuatorianas ha sido clasificada como terrorista, está vinculada a diversas actividades ilegales, como el narcotráfico y la delincuencia organizada, según publicó Europa Press. Alcívar, señalado como máximo líder de este grupo, era buscado mediante una Orden Internacional de Detención por delitos de terrorismo. Su captura se produjo en octubre de 2024 en territorio español, fruto de una operación de la Guardia Civil dirigida a los principales responsables de la agrupación, quienes se encontraban en el país utilizando documentación falsa para evitar la acción de la justicia.

‘Los Tiguerones’ han sido señalados como los autores del asesinato del fiscal ecuatoriano César Suárez, que desde la Fiscalía llevaba investigaciones sobre el asalto armado ocurrido en un canal de televisión y otros casos relacionados con crimen organizado, según informó Europa Press. La detención y posterior solicitud de extradición de Alcívar formaba parte de la estrategia de Ecuador para responder tanto a la violencia atribuida a estas organizaciones como a las amenazas documentadas contra funcionarios.

La respuesta del gobierno ecuatoriano, a través de sus ministros y del Ministerio de Exteriores, evidencia las dificultades que atraviesan los procesos de extradición internacional en contextos donde se exigen pruebas fehacientes sobre la salvaguarda de los derechos de las personas reclamadas. Según Europa Press, la diplomacia ecuatoriana sostiene que cumplió con todos los requisitos, mientras que España manifestó la necesidad de medidas adicionales antes de conceder la entrega definitiva del detenido.

La liberación de Alcívar ha abierto un nuevo frente en las relaciones bilaterales, con el gobierno de Daniel Noboa solicitando a las autoridades españolas que revisen el caso y ejecuten la extradición en el menor tiempo posible, entre cuestionamientos cruzados sobre la suficiencia de las garantías presentadas y la urgencia por contener la acción de estructuras criminales en Ecuador y en el exterior.