La ONU alerta de que las políticas discriminatorias de Israel buscan el control "permanente" de Cisjordania

El informe publicado por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas enumera episodios concretos de violencia que han resultado en la muerte de civiles palestinos en Cisjordania, incluyendo el caso de un niño de diez años que falleció el 28 de enero de 2025 por disparos en el abdomen efectuados por las fuerzas israelíes, así como la muerte de una mujer embarazada de ocho meses y 23 años, presuntamente porque “miró con recelo al suelo”, según el documento. El reporte también subraya la persistencia de un ambiente de agresiones y asesinatos que, en su mayoría, permanecen sin castigo legal ni investigaciones eficaces. Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2025, se registraron más de 1.500 asesinatos de palestinos, de los cuales solo se han abierto 112 investigaciones y, según detalla la ONU, apenas se dictó una condena. Estos hechos se presentan como parte central de las prácticas que, a juicio del organismo internacional, constituyen una forma especialmente grave de discriminación racial.

De acuerdo con Naciones Unidas, las políticas impuestas por el gobierno israelí en Cisjordania no se limitan a episodios de violencia, sino que buscan establecer un control duradero sobre los Territorios Palestinos Ocupados. La ONU sostiene que existen motivos razonables para considerar que las leyes y acciones de Israel pretenden consolidarse de forma indefinida. El informe, de 40 páginas, describe las restricciones que enfrentan los palestinos en su vida cotidiana, tales como dificultades notorias para desplazarse en su propio territorio, acceder a bienes esenciales como la tierra y el agua, y acceder a servicios básicos como la educación y la salud. Naciones Unidas enfatiza que estas condiciones repercuten en el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino, el cual se ve sistemáticamente negado a través de estas políticas diferenciadas.

Según consignó el informe, el gobierno israelí estaría vulnerando compromisos internacionales, incluido el artículo 3 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, que prohíbe expresamente la segregación y el apartheid. Entre los casos documentados, se describe la confiscación y destrucción de infraestructuras hidráulicas gestionadas por palestinos, y el desvío de agua hacia asentamientos israelíes. Esta política obliga a la Autoridad Palestina a adquirir grandes volúmenes de agua a una empresa del Estado israelí que extrae el recurso de la zona ocupada de Cisjordania. Naciones Unidas agrega que esta apropiación sistemática de recursos esenciales agudiza la dependencia y limita de manera estructural el desarrollo de la población local.

El informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU señala que el sistema de justicia en Cisjordania se aplica de manera desigual: el derecho militar rige para los palestinos, mientras que los colonos israelíes gozan de la protección del derecho civil. Esta dualidad, según documentación del organismo internacional, implica violaciones recurrentes al debido proceso y obstaculiza el acceso a juicios justos para los ciudadanos palestinos. A juicio de la ONU, el sistema judicial vigente perpetúa una situación de ventaja e impunidad para los colonos, en contraste con la vulnerabilidad de la población bajo ocupación.

Desde diciembre de 2022, la situación general en los Territorios Palestinos Ocupados se ha agravado. El organismo de Naciones Unidas reporta que, desde esa fecha, y de manera más intensa desde el 7 de octubre de 2023, el gobierno de Israel incrementó el uso de la fuerza de manera ilícita, la detención arbitraria de personas y la tortura, además de aplicar medidas represivas dirigidas a la sociedad civil y limitar el trabajo de los medios de comunicación. El documento recoge datos sobre un aumento significativo de la violencia cometida por colonos, en diversos casos con el apoyo, la aquiescencia o la participación directa de las fuerzas armadas israelíes. Asimismo, la apropiación de miles de hectáreas de tierra palestina continúa destinándose principalmente a la expansión de asentamientos, lo cual afecta directamente a los habitantes originales.

El medio que publica el informe añade que las formas de violencia estatal y ocupación no se limitan a los ataques físicos. De las más de 1.500 muertes violentas recogidas, la impunidad resulta ser la regla y no la excepción. La ONU subraya que los procedimientos judiciales rara vez avanzan más allá de la apertura de una investigación preliminar, y prácticamente ninguna de ellas concluye con sentencias que responsabilicen a los autores materiales o intelectuales. Las autoridades israelíes también mantienen encarcelados a miles de palestinos bajo el régimen de “detención administrativa”, que permite la privación de libertad sin cargos ni juicio previo.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresa en el reporte que se observa una “asfixia sistemática de los derechos de los palestinos en Cisjordania”. Turk enfatiza que esta vulneración atraviesa todos los aspectos de la vida diaria, incluidos hechos tan rutinarios como asistir a la escuela, acudir a un hospital o participar en actividades agrícolas. En palabras del propio Alto Comisionado, “esta es una forma particularmente grave de discriminación racial y segregación, similar a un tipo de sistema de apartheid que ya hemos visto antes”. Turk señala también que “todas las tendencias negativas documentadas en el informe no solo han continuado, sino que se han acelerado”.

Durante la presentación del informe, Turk llamó al Estado de Israel a eliminar todas las normativas, políticas y medidas que perpetúan la discriminación sistémica contra los palestinos por motivos de raza, religión o etnia. También pide el fin de la presencia considerada ilegal por Naciones Unidas en los Territorios Palestinos Ocupados, lo que incluye el desmantelamiento de asentamientos y el retiro de los colonos. Según las palabras de Turk recogidas en el documento, las autoridades israelíes deben respetar de manera íntegra el derecho de autodeterminación del pueblo palestino y garantizar el acceso equitativo a recursos y servicios.

El medio recuerda que el informe responsabiliza tanto a las políticas estatales como a la acción de los colonos por el incremento en la confiscación de terrenos y el deterioro de las condiciones de vida en Cisjordania. La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas identifica un patrón en el trato desigual que sufren los palestinos en el acceso a servicios, la protección judicial y la provisión de recursos básicos, advirtiendo que estas situaciones consolidan una realidad en la que la segregación es profunda y persistente.

La documentación contenida en el reporte atribuye parte de la violencia registrada a la colaboración entre fuerzas de seguridad israelíes y colonos en diversos episodios de agresión y desposesión. Además de describir incidentes mortales específicos, el texto subraya la frecuente inexistencia de consecuencias legales para los responsables directos de los actos violentos, lo que fomenta la reiteración de estos comportamientos. El informe resalta la disparidad en el castigo, en particular la diferencia entre el trato judicial ofrecido a palestinos y colonos.

Según reportó la ONU, el uso amplio de la detención administrativa refuerza la percepción de una justicia desigual. Miles de personas permanecen bajo custodia sin sentencia, permaneciendo privadas de libertad durante periodos extensos sin conocer acusaciones formales ni fechas de juicio. Esta práctica se describe como un mecanismo utilizado para debilitar la resistencia social y política dentro de la población palestina.

El medio también recoge el énfasis de la ONU en que la discriminación y la represión alcanzan no solo a la esfera política y judicial, sino que invaden también el día a día de la población, desde las restricciones en el acceso a la salud y la educación hasta las limitaciones para circular o cultivar la tierra. El Alto Comisionado Turk reiteró la gravedad de estas prácticas y su similitud con sistemas de segregación racial y control sistémico observados en otros contextos históricos.

A través de sus conclusiones, el informe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas presenta una imagen de empeoramiento progresivo en la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados y formula exhortaciones precisas para modificar las políticas y garantizar el respeto a los tratados internacionales que protegen a las poblaciones bajo ocupación.