CEAR pide a España habilitar vías para garantizar reagrupación familiar tras "agresión" de EEUU a Venezuela

La imposibilidad de mantener el contacto directo con sus familias agrava la situación de vulnerabilidad de miles de ciudadanos venezolanos asentados en España, según se desprende del testimonio recogido por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Esta organización ha señalado a Europa Press que, tras la reciente detención de Nicolás Maduro durante la intervención estadounidense catalogada como "agresión" contra Venezuela, numerosas familias enfrentan obstáculos sin precedentes para lograr la reunificación familiar, dado que han quedado suspendidos los vuelos y se han visto interrumpidas las comunicaciones administrativas habituales.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, el director general de CEAR, Mauricio Valiente, expresó que las recientes medidas restrictivas "han añadido dificultades notables a los trámites de reagrupación familiar", afectando tanto los procedimientos que se encontraban en curso como los que están pendientes de iniciar. Valiente explicó que los problemas para llevar a cabo estos procesos no se limitan a la cancelación de conexiones aéreas, sino que se observa un estancamiento significativo en las gestiones administrativas, algo que impacta directamente en la cotidianidad y el bienestar de las personas venezolanas residentes en España.

Ante este contexto, CEAR demandó al Gobierno español que adopte un enfoque "proactivo", instando a la habilitación de rutas alternativas —incluida la posibilidad de recurrir a terceros países— y a fortalecer el esfuerzo diplomático para asegurar que la tramitación de reagrupaciones familiares siga adelante y no quede paralizada por la crisis actual. Mauricio Valiente remarcó la importancia de que las autoridades faciliten al máximo las autorizaciones que siguen en trámite, planteando que esta actuación no constituiría un simple gesto humanitario, sino que representa una "obligación" conforme a los compromisos internacionales adquiridos por España.

La reacción de CEAR ante la intervención estadounidense en Venezuela incluyó el rechazo a cualquier forma de acción internacional que pueda contravenir las normas del derecho internacional, subrayando la necesidad de mantener la protección de los derechos de las personas afectadas por el conflicto. Siguiendo esta línea, Accem, otra organización dedicada al apoyo de personas refugiadas, manifestó la urgencia de fortalecer los mecanismos multilaterales de diálogo y cooperación internacional para contener la escalada de violencia. Accem defendió la idea de que la construcción de paz es esencial para cualquier desarrollo social, añadiendo que “la humanidad no debe admitir que los ataques armados sean la única vía de solución de conflictos”.

El mismo reporte de Europa Press recoge el llamado de World Vision, entidad centrada en la atención a la infancia vulnerable, quien solicitó asistencia internacional inmediata destinada tanto a los cinco millones de venezolanos que sufren hambre en el país como a los más de siete millones de personas refugiadas y desplazadas en América Latina. Joao Diniz, director regional para América Latina y el Caribe de World Vision, señaló que estas circunstancias afectan especialmente a los menores, quienes enfrentan mayores riesgos físicos y psicosociales en contextos de incertidumbre y crisis prolongada. Diniz hizo énfasis en la necesidad de asegurar “la protección psicosocial y física” de esta población, que ya soporta dificultades serias para acceder a servicios de salud, educación, nutrición y protección.

Europa Press también recogió la posición de la Fundación Madrina, entidad española que, durante los últimos años, ha dado acogida a madres y familias venezolanas que llegan huyendo de la corrupción, la inseguridad, la violencia y el deterioro de los sistemas de salud y protección materno-infantil en el país sudamericano. Desde esta organización se planteó la relevancia de que cualquier solución política en Venezuela priorice la resolución pacífica de los conflictos, el fortalecimiento institucional y el respeto a los derechos humanos. Además, la Fundación exigió que, en escenarios de eventual transición, se salvaguarde la protección de la infancia, las mujeres y las madres, así como el derecho de acceso universal y gratuito a servicios de salud, alimentación y educación.

La información aportada por Europa Press refuerza el diagnóstico sobre la magnitud de la crisis venezolana y sobre cómo sus repercusiones desbordan las fronteras, afectando especialmente a los procesos migratorios y la vida de quienes buscan reconstruir sus vidas en otros países. En este sentido, las ONG consultadas coinciden en demandar del Gobierno español medidas urgentes y flexibles para que las familias separadas puedan reencontrarse y, eventualmente, para que los ciudadanos venezolanos puedan elegir regresar en condiciones de libertad y seguridad cuando su país vuelva a ofrecer oportunidades para hacerlo.

Entre las solicitudes planteadas, distintas organizaciones consideran esencial que el Ejecutivo español coordine esfuerzos diplomáticos internacionales, colabore con agencias humanitarias y valore la reagrupación como un derecho fundamental en tiempos de crisis. Insisten también en que la protección de los más vulnerables, en particular las niñas y los niños, debe estar en el centro de las acciones adoptadas tanto a nivel nacional como internacional.

Europa Press enfatizó, a través de los diferentes actores sociales consultados, cómo la permanencia del conflicto y la inestabilidad institucional en Venezuela hiere a millones de personas que, además de enfrentar la separación forzada, encuentran trabas adicionales para acceder a atención médica, escolarización, alimentación y refugio seguro. Estas organizaciones reiteraron la urgencia de que España y la comunidad internacional profundicen las respuestas humanitarias y diplomáticas para evitar el agravamiento de la crisis, sosteniendo la integridad familiar y el respeto a los derechos de quienes buscan reconstruir sus vidas en el exterior.