El TSJ de Venezuela exige que Delcy Rodríguez asuma la presidencia ante la "ausencia forzosa" de Maduro

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha basado su reciente orden en el artículo 335 de la Constitución nacional, el cual indica cómo debe garantizarse la continuidad del Estado en situaciones excepcionales. Citando este sustento legal, la máxima instancia judicial pidió que Delcy Eloína Rodríguez Gómez, actual vicepresidenta ejecutiva, asuma la presidencia del país ante lo que calificó como “ausencia forzosa” de Nicolás Maduro, quien fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar efectuada la madrugada del sábado por el ejército de Estados Unidos. Según cumplió detalle la magistrada Tania D’Amelio en una declaración recogida por la cadena estatal y reproducida por la prensa local, el objetivo de esta decisión radica en asegurar tanto el funcionamiento de las instituciones como la defensa integral nacional en medio de una coyuntura considerada “excepcional” y “atípica”.

Tal como consignó el medio ‘El Universal’, el Supremo emitió un comunicado especificando que la situación vivida desde el 3 de enero de 2026 representa un hecho de “fuerza mayor”, el cual no se encuentra previsto literalmente en la Constitución venezolana. Por este motivo, el órgano judicial realizó una interpretación de los artículos 234 y 239, además del artículo 5 de la Ley Orgánica del propio TSJ, para amparar la transferencia de atribuciones. De este modo, la magistrada D’Amelio afirmó que la continuidad administrativa y la defensa nacional exigen claridad y respuesta institucional.

El contexto de esta medida surge poco después de gigantescas operaciones militares en Venezuela, en las cuales fuerzas estadounidenses desplegaron acciones coordinadas durante la madrugada. Conforme a lo reportado por la prensa local, los bombardeos afectaron la capital, Caracas, y también los estados de Aragua y La Guaira. Además de la aprehensión de Maduro y su esposa, esta intervención militar generó una situación de inestabilidad interna y de incertidumbre jurídica sobre la línea de mando nacional.

El medio ‘El Universal’ precisó que la designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada responde directamente a la necesidad de evitar cualquier vacío de poder y garantizar la continuidad del gobierno mientras se clarifican las circunstancias derivadas de la operación militar foránea. El TSJ enfatizó la urgencia de preservar el orden constitucional del país “en este momento trascendental”, aludiendo a los posibles riesgos de desestabilización institucional.

Poco después de los hechos ocurridos en Caracas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que, tras la captura de Maduro, su país “se hará cargo” del gobierno venezolano “para que la transición sea posible”. Estas declaraciones fueron recogidas por diversos medios y aumentaron la atención internacional sobre el devenir político en Venezuela. La declaración de Trump se sumó a un panorama de tensión y presión diplomática a escala global.

En su intervención, la magistrada Tania D’Amelio puntualizó que la decisión del Tribunal Supremo se apoya en la doctrina constitucional venezolana aplicable para casos no contemplados expresamente en la Carta Magna. Según detalló para la cadena estatal, esta interpretación se adopta “con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”, en respuesta a lo que el máximo tribunal consideró un hecho “público y notorio”.

Desde el poder judicial venezolano se insistió en la importancia de dotar de certeza constitucional el proceso de sucesión en la jefatura de Estado, en vista del carácter inédito de los acontecimientos ocurridos. El Tribunal argumentó que su exhortación persigue dotar de claridad a las autoridades y mando político venezolano para responder a eventuales crisis u ofensivas externas que puedan poner en peligro la estabilidad interna.

La postura del Supremo se fundamenta en el marco normativo y en la jurisprudencia establecida para responder ante la desaparición forzosa o imposibilidad de ejercicio de funciones del jefe de Estado. El texto publicado por ‘El Universal’ subraya que el TSJ consideró que las circunstancias del día implican una interrupción abrupta de la normalidad constitucional y, por tanto, requieren medidas excepcionales.

Las operaciones encabezadas por el ejército estadounidense representaron un giro significativo en la situación política venezolana. Los bombardeos en varias regiones y la captura de la pareja presidencial se produjeron en un contexto de crisis interna y tensiones internacionales previas. El TSJ, siguiendo las disposiciones legales, buscó asegurar la transición ordenada del mando y evitar vacíos de poder.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez, a partir de este pronunciamiento judicial, quedó instruida a ejercer “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo” hasta que se establezca una salida definitiva conforme a la institucionalidad venezolana. El medio ‘El Universal’ recogió en su reporte la orden concreta divulgada por el TSJ a través de sus portavoces y documentos oficiales.

A través de las intervenciones y los comunicados oficiales, tanto la magistrada D’Amelio como el propio TSJ reiteraron la urgencia de mantener el funcionamiento de los poderes públicos y velar por la protección del país ante eventuales amenazas. El papel de Rodríguez al frente del ejecutivo se presenta como una medida transitoria para sortear la incertidumbre generada por los bombardeos y la captura de Maduro, escenario que se sumó a una larga crisis política nacional.

En los documentos difundidos por el TSJ y reproducidos por la prensa local, la orden judicial enfatizó la necesidad de cautelar la institucionalidad venezolana frente a lo que consideró un episodio de “fuerza mayor”. La decisión se comunicó formalmente tanto a Delcy Rodríguez como a los demás poderes del Estado, quienes ahora quedan en la obligación de articular acciones para salvaguardar el orden y la legalidad ante la contingencia.

La prensa internacional y local siguió de cerca cada paso de esta transición. Según destacó ‘El Universal’, la designación de Rodríguez vino precedida por una serie de debates internos en el órgano judicial para delimitar el alcance de la “ausencia forzosa” de Maduro, cuyo paradero y situación legal habría quedado en manos de las autoridades estadounidenses a raíz de la operación militar.

El TSJ justificó su interpretación constitucional ante la "situación excepcional, atípica y de fuerza mayor", remarcando que el caso “no está previsto literalmente” en la Constitución, lo que obligó a una lectura ampliada y sistemática del marco legal. Así, el pronunciamiento judicial canalizó tanto el aspecto legal como el político de la crisis actual, buscando reducir la incertidumbre y proporcionar mecanismos de respuesta institucional inmediata.

El informe divulgado por ‘El Universal’ refleja que la actuación del TSJ responde a la urgencia de evitar la parálisis de los órganos del país y contener posibles disputas sobre el liderazgo nacional. Al mismo tiempo, la transición en el poder se mantiene bajo la supervisión y alerta de la comunidad internacional, tras las declaraciones del gobierno estadounidense y las operaciones armadas en territorio venezolano.