Cracovia (Polonia), 2 ene (EFE) - Polonia hizo efectiva de manera forzosa las deportaciones de unos 2.100 extranjeros durante el año 2025, el doble que durante el año anterior, tras la aplicación de reformas legales diseñadas para "recuperar el control" de las fronteras y expulsar a migrantes que hayan cometido algún delito.
A la cifra de 2.100 se unen otras 7.200 personas que el año pasado recibieron órdenes de abandonar el país y cumplieron con ellas voluntariamente, con lo que el total se sitúa en 9.300 como resultado de la "lucha implacable contra la inmigración ilegal, contra el abuso y la explotación de lagunas legales o la debilidad del Estado" con que el primer ministro polaco, Donald Tusk, anunció su nueva legislación migratoria.
Por nacionalidades, los ucranianos fueron el grupo más afectado, con 1.150 deportaciones forzosas, seguidos por 350 ciudadanos de Georgia, a quienes el gobierno vinculó previamente con una "ola de criminalidad importada".
El endurecimiento también responde a una mayor vigilancia sobre quienes cometen delitos o se ven implicados en alteraciones del orden público, como fue el caso, en agosto de 2025, de 63 personas de Ucrania y Bielorrusia que fueron expulsadas tras provocar incidentes en un concierto en Varsovia.
El Ejecutivo polaco aplica desde hace un año una "Estrategia de Migración 2025-2030", que incluye cambios legales para otorgar mayores poderes a la Guardia de Fronteras y que limita el acceso al asilo.
Estas leyes permiten incluso suspender temporalmente el derecho a solicitar asilo si se detecta una “instrumentalización" de ese derecho por parte de "potencias extranjeras".
Además, y a pesar de la presión comunitaria, Varsovia se ha negado rotundamente a participar en el plan de reubicación forzosa de migrantes de la Unión Europea, y en febrero de 2025, Tusk declaró que "Polonia no asumirá ninguna carga vinculada al mecanismo de reubicación", pues, según él, su país ya "cumplió sus obligaciones" al acoger a más de un millón de refugiados ucranianos tras estallar la guerra en 2022.
El nuevo marco legal también incluye sanciones más severas para combatir el empleo ilegal de extranjeros y establecer controles estrictos sobre los visados de estudiantes universitarios de fuera de la Unión Europea. EFE
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