La ONU pide a Israel la retirada del proyecto que contempla la pena de muerte a palestinos en varios casos

Volker Turk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, advirtió que negar a palestinos residentes en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza el acceso a un juicio justo, como estipula la Cuarta Convención de Ginebra, constituye un crimen de guerra. A partir de este señalamiento, Naciones Unidas solicitó este viernes a Israel la retirada del proyecto de ley que contempla la imposición obligatoria de la pena de muerte a palestinos por el asesinato de israelíes, iniciativa que, según el funcionario, contraviene el Derecho Internacional y representa riesgos para la vida de personas inocentes. De acuerdo con la información divulgada por el Alto Comisionado y recogida por su oficina en un comunicado oficial, la medida plantea preocupaciones sustanciales relacionadas con los derechos humanos, ya que supone la aplicación exclusiva de la pena capital a ciudadanos palestinos, lo cual acentúa su carácter discriminatorio.

Según reportó el organismo de Naciones Unidas, la propuesta legislativa modificaría la ley militar vigente en Cisjordania, imponiendo a los tribunales militares la obligatoriedad de aplicar la pena de muerte en casos de asesinato. Además, introduciría cambios al Código Penal para reconocer como "terrorismo" el asesinato de israelíes y establecer la pena máxima, incluso de forma retroactiva, para personas condenadas por los ataques ocurridos el 7 de octubre de 2023, que dejaron alrededor de 1.200 fallecidos y cerca de 250 secuestrados, conforme datos oficiales israelíes citados por el comunicado.

El medio reseñó que el texto redactado también plantea la pena capital para actos de “terrorismo, racismo u hostilidad hacia el público”, definiciones consideradas vagas por la oficina de Volker Turk, lo que, a juicio del Alto Comisionado, infringe múltiples disposiciones del Derecho Internacional, en especial en lo relativo a los procesos penales y al empleo de la pena de muerte en territorios ocupados.

Naciones Unidas enfatizó en el documento que su postura es de oposición total a la pena capital en cualquier circunstancia. "La ONU es muy clara en lo relativo a la pena de muerte y se opone a ella en todas las circunstancias", puntualizó Turk. Añadió que resulta "profundamente difícil reconciliar este castigo con la dignidad humana", generándose así "el riesgo inaceptable de ejecutar a personas inocentes", según cita el comunicado. Con estos argumentos, la oficina del Alto Comisionado reclama que el proyecto, que ha recibido ya el visto bueno en varias lecturas dentro del Parlamento de Israel, sea abandonado de forma definitiva.

El medio consignó además que el proyecto de ley fue presentado por el partido ultraderechista Otzma Yehudit, formación que ha defendido públicamente en múltiples ocasiones la medida a través de su líder y ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. El político ha sido visto portando un pin con una soga dorada, símbolo con el que defiende su lema de que "los terroristas merecen morir".

Además, el comunicado de la oficina de Volker Turk resaltó que la propuesta no solamente pone en cuestión la legalidad internacional, sino que transforma radicalmente el sistema legal en los territorios palestinos ocupados, introduciendo un precedente de endurecimiento de penas que, conforme a la ONU, viola no solo la legislación internacional sobre derechos humanos, sino también los principios del derecho de la guerra y la protección de las personas bajo ocupación militar.

A lo largo del texto divulgado por Naciones Unidas, la preocupación principal se centra en el riesgo de que se vulneren los derechos fundamentales y las garantías de un proceso penal justo, requeridas por la Cuarta Convención de Ginebra. La Comisión de Derechos Humanos reiteró que la imposición de la pena terminal en territorios bajo ocupación, con procedimientos legales que no cumplen las garantías mínimas internacionales, puede iniciar una dinámica peligrosa tanto en la región como para los estándares globales de protección de la vida y los derechos civiles.

El debate sobre este proyecto ha suscitado respuestas críticas de organismos internacionales y defensores de derechos, quienes señalan el carácter discriminatorio de una ley que solo recaería sobre palestinos y la posible aplicación retroactiva a situaciones ya sancionadas. Todo ello se da en el contexto de una escalada de tensiones y confrontaciones en la región tras los sucesos violentos del 7 de octubre de 2023. El alcance de la iniciativa y sus implicaciones legales y sociales continúan siendo motivo de examen atento tanto en foros internacionales como en los órganos legislativos y judiciales de Israel y Palestina.