Los choques con las CCAA y las huelgas sanitarias marcan un polémico año para el Ministerio de Sanidad

La demanda de crear un Estatuto propio para los médicos, rechazada por el Ministerio de Sanidad por el riesgo de alterar la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS), se ha mantenido como punto de conflicto principal durante el reciente periodo, según informó Europa Press. En este contexto, la petición ha contado con el respaldo de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), organizaciones que convocaron movilizaciones y huelgas paralelas a las de otros sindicatos, centradas en la reforma del Estatuto Marco de los trabajadores sanitarios. Estos representantes insisten en la necesidad de abordar las particularidades de la profesión médica, pero el departamento dirigido por Mónica García ha persistido en una estrategia común para el conjunto del personal del SNS.

El medio Europa Press detalló que, además de esta controversia, los desacuerdos entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas del Partido Popular (PP) se han intensificado a lo largo del año, con desencuentros evidentes en diferentes escenarios y por múltiples motivos. Uno de los episodios de mayor tensión tuvo lugar a finales de octubre, cuando los responsables sanitarios de gobiernos autonómicos del PP abandonaron la sesión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrada en Zaragoza. Dicho retiro vino precedido por acusaciones de “intromisión” competencial y críticas a la ministra García, a quien responsabilizaron de utilizar el CISNS para fines partidistas, según consignó Europa Press.

La polémica se agravó a raíz de la petición, por parte del Gobierno central, de información sobre cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix en las comunidades autónomas, en respuesta a los retrasos detectados en la realización de mamografías en Andalucía. Al principio, la ministra García denunció la falta de colaboración de las regiones gobernadas por el PP y advirtió de eventuales medidas legales si persistía la negativa a facilitar los datos requeridos. Europa Press indicó que actualmente resta únicamente la Comunidad de Madrid por completar la entrega de esta información. Desde la Consejería de Sanidad madrileña aseguraron que el proceso discurre dentro de los plazos estipulados y en coordinación con la Comisión de Salud Pública.

La confrontación entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio no se ha limitado al tema de cribados. La administración madrileña se ha opuesto a implementar un registro de objetores de conciencia al aborto, alegando que dicha medida chocaría con la libertad de objeción profesional. Sanidad sostuvo que el registro, anónimo, responde a la necesidad de regular el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo allí donde no existen servicios públicos de aborto, según reportó Europa Press.

En consecuencia, Sanidad remitió un requerimiento formal tanto a Madrid como a Aragón y Baleares, instándoles a ajustarse a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2023. En el caso de la Comunidad de Madrid, la ministra amenazó con emprender un procedimiento judicial por lo que calificó como “una rebelión declarada a la ley, la democracia y las mujeres de la Comunidad de Madrid”. Al inicio de diciembre, Fátima Matute, consejera de Sanidad de Madrid, manifestó no haber recibido denuncia alguna ni en relación al registro de objetores ni a la inspección sobre el Hospital de Torrejón, como también recogió Europa Press.

La gestión de este centro hospitalario, de modelo público-privado y dirigido por Ribera Salud, se vio envuelta en controversia tras la difusión de audios atribuidos al entonces CEO Pablo Gallart, en los que instruía al personal a rechazar pacientes o descartar intervenciones consideradas no rentables. La empresa defendió su proceder con los usuarios y argumentó que el material de audio se había presentado fuera de contexto.

En lo que respecta a protestas laborales, Europa Press informó que la reforma del Estatuto Marco ocupó un lugar predominante en la agenda sanitaria del año. Los sindicatos integrados en el Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) promovieron diversas huelgas y movilizaciones, alcanzando finalmente un preacuerdo con Sanidad. Entre las novedades pactadas figura la eliminación de las guardias de veinticuatro horas, la reducción de la jornada semanal a treinta y cinco horas, la obligatoriedad de Ofertas Públicas de Empleo (OPEs) cada dos años y avances significativos en modalidades de jubilación parcial y anticipada, supeditadas al cumplimiento de los requisitos legales.

En paralelo, la postura de organizaciones médicas como CESM y SMA –que tacharon la reforma de insuficiente– se tradujo en la convocatoria de protestas separadas, insistiendo en la necesidad de un Estatuto específico solo para el colectivo médico. El Ministerio de Sanidad argumentó que dicha singularización fragmentaría el modelo sanitario nacional.

El debate político se amplió con la presentación por parte del PP de una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso con la intención de pedir al presidente Pedro Sánchez la retirada de la reforma del Estatuto Marco, profundizando el distanciamiento entre el Ejecutivo central y los gobiernos regionales del PP.

Europa Press señaló que los roces se extendieron a asuntos presupuestarios tras la aprobación en Consejo de Ministros de partidas por 172 millones de euros para fortalecer la Atención Primaria, 39 millones dedicados a salud mental y 18 millones para prevención del suicidio. El PP criticó la cuantía de estos fondos, exigiendo mayores esfuerzos para paliar el déficit de profesionales en la Atención Primaria y acusando al Ministerio de desatender las condiciones laborales de médicos generales y de familia.

No obstante el clima de confrontación, el Ministerio logró ciertos consensos significativos a lo largo del año. Europa Press detalló que se obtuvo un amplio respaldo parlamentario para dar luz verde a la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP), diseñada para optimizar la respuesta frente a riesgos mayores para la salud, decisión que se había visto retrasada inicialmente por el veto gubernamental a una serie de enmiendas no relacionadas con la norma principal. También avanzaron otras iniciativas como el Plan de Salud Mental 2025-2027 y el modelo de seguimiento individualizado para personas que superan un cáncer infantil.

Europa Press consignó que la cartera de servicios del SNS incorporó nuevos cribados neonatales, se distribuyeron fondos para lucha contra el cáncer y se implementó el Plan VEO, enfocado en la financiación de gafas y lentillas para menores de dieciséis años. Asimismo, la ley sobre esclerosis lateral amiotrófica (ELA) recibió una inyección presupuestaria de 500 millones de euros destinados al refuerzo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y a la atención de pacientes con ELA u otras enfermedades complejas. La dotación presupuestaria siguió a la aprobación formal de la legislación en el Congreso, ocurrida el año anterior, y llegó tras un periodo sin que la normativa dispusiera de financiación efectiva.

Durante el año analizado, los encuentros entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, especialmente las dirigidas por el PP, se caracterizaron por una sucesión de desacuerdos que tuvieron eco tanto en la gestión ordinaria como en la reforma de políticas clave en materia de salud, el diseño de estrategias preventivas y la dotación de recursos para las áreas de atención primaria, salud mental y enfermedades de alta complejidad. La coordinación institucional ha quedado marcada por episodios de tensión y por desafíos en torno a la atribución de competencias, la transparencia en la gestión y el abordaje de temas sensibles como el acceso a servicios fundamentales y el ejercicio de derechos individuales en el ámbito sanitario.