El PSOE admite que pagó más de 15.600 euros a Leire Díez como periodista pero niega que tuviera cargo en el partido

La documentación presentada evidencia que Leire Díez se dio de baja como militante socialista el 4 de junio de 2025, después de un periodo de pertenencia que comenzó en abril de 2006 en la agrupación de Portugalete (Vizcaya) y prosiguió en la de Vega de Pas. En ese marco, y en respuesta a requerimientos judiciales, el PSOE reconoció un pago total de 15.612,04 euros brutos a Díez por trabajos periodísticos realizados para la agrupación cántabra durante el año 2017. Sin embargo, según consignó Europa Press en base a información avanzada por ABC, el partido socialista negó que existiera relación laboral ni que Díez hubiera ejercido cargos orgánicos o participado estructuralmente en la formación política, más allá de su paso como concejala en el Ayuntamiento de Vega del Pas por el Grupo Municipal Socialista entre 2011 y 2015.

El PSOE documentó estos puntos ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde el magistrado solicitó detalles exhaustivos sobre la vinculación de Díez con la organización, incluyendo fechas de alta y baja como afiliada, actividades desempeñadas en el seno del partido y posibles remuneraciones asociadas. Europa Press informó que estos documentos explicitan que la relación de Díez con el PSOE de Cantabria se limitó a colaboraciones profesionales como periodista en 2017 y que, fuera de dicho encargo, no constan vínculos de índole laboral, ni cargos internos.

En la investigación, el juzgado también pidió a la Comisaría General de Policía Científica la mejora del audio de una grabación presentada por el fiscal Ignacio Stampa sobre una reunión mantenida con Díez. Se solicitó que, en caso de que técnicamente no sea posible aclarar el audio, se proceda a realizar una transcripción del contenido. Respecto a otra grabación relacionada con una reunión del imputado Alejandro Hamlyn en un caso de hidrocarburos, el órgano judicial requirió que se determine si la grabación fue realizada por alguno de los asistentes o por un tercero ajeno, según detalló el medio Europa Press.

El caso de Leire Díez escaló en visibilidad judicial tras su detención el 10 de diciembre, en una operación dirigida por la Audiencia Nacional e impulsada por la Fiscalía Anticorrupción. En la misma acción fue arrestado Vicente Fernández, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), por supuestas irregularidades en contratos públicos. Europa Press reportó que ambos están implicados en una causa dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, actualmente bajo secreto de sumario.

En paralelo, Díez enfrenta una investigación como presunta autora de tráfico de influencias y cohecho, bajo la instrucción del magistrado Arturo Zamarriego, quien en noviembre tomó declaración a la exmilitante socialista por posibles ofrecimientos de favores a cambio de información sensible sobre miembros del Instituto Armado y de la Fiscalía Anticorrupción. El juzgado sospecha que Díez pudo liderar, junto con el empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol —también investigados—, una estrategia continuada para recabar y utilizar información comprometida, con el objetivo de obstaculizar o desacreditar investigaciones que afectan a personalidades políticas y empresariales. Tal como informó Europa Press, el instructor del caso se refirió en sus autos a “una actuación delictiva, continuada y coordinada”.

Durante su declaración judicial, Díez aseguró que sus encuentros con el ex secretario de Organización socialista Santos Cerdán respondieron a sus funciones como periodista, negando cualquier relación de dependencia con el partido o intercambio de favores. Además, detalló su trayectoria laboral posterior a 2017, indicando que en 2018 ingresó en la Empresa Nacional del Uranio (Enusa), compañía pública perteneciente a la SEPI, tras superar un proceso de selección. Allí ocupó el puesto de técnico de comunicación hasta 2021, momento en que solicitó una excedencia para optar a un puesto de jefa de Relaciones Institucionales en Correos, según su propio testimonio recogido por Europa Press.

Tres días después de su detención, el juez Antonio Piña decretó la puesta en libertad de Díez, Fernández y el empresario Antxon Alonso, aunque bajo imposición de medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de abandonar el país y comparecencias quincenales ante la autoridad judicial. Europa Press informó que, la semana posterior, la Audiencia Nacional había acordado el bloqueo de cuentas bancarias pertenecientes a los tres investigados en el marco de la causa por una presunta trama de cobro de comisiones en la concesión de ayudas y contratos públicos.

La investigación detalla que las cantidades presuntamente percibidas en comisiones alcanzarían los 700.000 euros, vinculando las operaciones con empresas públicas y entidades bajo el paraguas de la SEPI. Según datos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a los que accedió Europa Press, el grupo autodenominado “Hirurok” —integrado por Díez, Fernández y Alonso— habría orientado diferentes expedientes de la administración pública en favor de intereses propios o ajenos, valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia dentro del sector público.

Las pesquisas, impulsadas por la Fiscalía Anticorrupción, mantienen abiertas diversas líneas en torno a supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal. Los avances de la causa siguen sujetos al secreto de las actuaciones, mientras se completan análisis técnicos sobre registros, grabaciones y documentación solicitada al PSOE, según puntualizó Europa Press.