Desintervenir los alquileres en Andorra no supondrá subidas "desproporcionadas"

El Gobierno de Andorra prevé que el parque público de viviendas alcance casi los 500 pisos en 2027, conforme a las declaraciones realizadas por el jefe de Gobierno, Xavier Espot, durante su reciente discurso de Fin de Año. Según publicó el medio, la expansión de la oferta pública de vivienda forma parte de un paquete de medidas destinado a acompañar la desintervención de los contratos de arrendamiento, cuya liberalización está programada a partir de ese mismo año. Espot enfatizó que este proceso se ejecutará bajo estrictos instrumentos de control, con el objetivo de evitar aumentos excesivos en los precios de los alquileres.

De acuerdo con la información difundida, el mandatario afirmó que la desregulación de los alquileres incluirá salvaguardas y sistemas de seguimiento específicos, diseñados para impedir subidas “desproporcionadas” en los contratos de arrendamiento. Tal como recogió la fuente, el jefe de Gobierno aseguró que el Estado garantizará la “máxima seguridad jurídica y social” tanto para propietarios como para inquilinos, y buscará que la mayor cantidad posible de arrendatarios pueda continuar residiendo en su vivienda habitual tras la liberalización.

El medio detalló que el anuncio se inscribe en el marco de una política de vivienda que, durante el último sexenio, absorbió una inversión pública sin precedentes en la historia reciente del Principado. Esta estrategia incluyó la puesta en marcha de mecanismos de prórroga forzosa en los contratos de alquiler, que durante un tiempo buscaron proteger a los inquilinos ante la presión de precios, y que serán retirados de manera gradual y progresiva.

Además de la expansión del parque habitacional, el Gobierno andorrano anunció nuevos programas para facilitar la adquisición de la primera vivienda. Entre estos, figura un sistema en el cual el Ejecutivo ofrece un aval para el préstamo hipotecario, ainsi como el pago íntegro de los intereses bancarios durante los siete primeros años tras la compra. Espot argumentó que este tipo de iniciativas persigue “estar al lado de las familias, de los jóvenes y de las personas mayores”, considerando que la vivienda representa no únicamente un bien material, sino también la base del proyecto vital y el entorno en el que se desarrollan las personas.

Según consignó la fuente, Espot subrayó que el mercado de la vivienda enfrenta una presión sostenida producto del incremento demográfico y la apertura económica que atraviesa el Principado. Para responder a este contexto, el Gobierno ha presentado una iniciativa legislativa denominada proyecto de ley de continuidad y consolidación de las medidas para el crecimiento sostenible. Este texto legal busca regular de modo más eficiente los flujos migratorios, que se señalaron como uno de los factores determinantes en la situación actual de acceso a la vivienda.

Durante el discurso, el jefe de Gobierno también abordó la negociación sobre el acuerdo de asociación con la Unión Europea. El medio reportó que, según Espot, el país atraviesa una etapa decisiva respecto a este proceso, porque en enero de 2026 se espera que el Consejo de la UE defina la naturaleza jurídica del acuerdo y apruebe su contenido. Espot consideró esa decisión como “fundamental” y precisó que, una vez culminada esta fase y tras la validación por parte del Parlamento Europeo, se convocará el referéndum correspondiente. Todo ello, según añadió, debe realizarse asegurando tanto la transparencia como la participación directa de la ciudadanía, y orientando la negociación bajo criterios de responsabilidad para fortalecer la integración de Andorra con sus países vecinos y con la UE.

Finalmente, el líder del Ejecutivo recordó el inicio del proceso de reflexión colectiva titulado "Tracem el futur d'Andorra en un món que canvia". El medio relató que este proceso contempla una serie de debates y consultas cuya etapa culminante será la asamblea ciudadana en enero de 2025. Según está planificado, los resultados de estas deliberaciones estarán disponibles en marzo y se compartirán públicamente y con partidos políticos, con la intención de optimizar la toma de decisiones y preparar a la sociedad andorrana frente a los desafíos futuros.