La situación actual de los derechos de la infancia en España se caracteriza, según la Plataforma de Infancia, por la falta de cambios significativos a lo largo de 2025, especialmente en cuanto a la implementación de una prestación universal por crianza para familias con menores a cargo. El medio Europa Press reportó que este retraso afecta directamente a más de 2,7 millones de menores en el país, quienes permanecen expuestos a pobreza o riesgos de exclusión social, según el informe más reciente de UNICEF.
De acuerdo con los datos difundidos por UNICEF, uno de cada tres niños y niñas en España vive en condiciones de pobreza o enfrenta riesgo de exclusión social, una tendencia que ha mostrado un incremento persistente, a diferencia de otros grupos etarios cuya situación ha tendido a mejorar. La Plataforma de Infancia, a través de su director Ricardo Ibarra, explicó a Europa Press que el gobierno no ha materializado medidas concretas como la prestación universal por crianza, comprometida por miembros del Ejecutivo sin que hasta la fecha se haya implementado efectivamente.
El gobierno, por medio de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció en noviembre la intención de incluir en los próximos presupuestos generales una prestación universal de 200 euros mensuales por hijo. No obstante, la ausencia de dicha prestación en el presupuesto de 2025 ha generado frustración y preocupación entre las organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de los niños. Paralelamente, se ha iniciado un proceso para alcanzar un pacto de Estado contra la pobreza infantil, aunque los trabajos en la subcomisión aún no han concluido y no se han observado avances concretos.
En materia de conciliación familiar, este año se ampliaron permisos relacionados con nacimiento y familias monoparentales, extendiéndose hasta 32 semanas en estos últimos casos. Además, el permiso retribuido por paternidad y cuidado se elevó en tres semanas, situándose en 19 semanas, más tres adicionales por lactancia, sumando un total de 22. Sin embargo, Ricardo Ibarra subrayó que estos cambios no cumplen con la directiva europea que estipula un permiso parental remunerado para todos los niños hasta los ocho años; por lo tanto, el alcance de esta reforma permanece limitado desde la perspectiva de la Plataforma de Infancia.
El director también enfatizó avances en la justicia especializada en violencia contra la infancia, donde el nuevo Real Decreto establece medidas en solo tres ciudades, lo que limita su impacto a escala nacional. Parte de la legislación clave, como la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), tiene aún una implementación parcial o deficiente en varias comunidades autónomas, principalmente en lo referente a figuras de protección específicas.
Respecto a la violencia vicaria, Ibarra solicitó que la nueva ley anunciada contemple un mayor enfoque en la infancia, debido a que en la actualidad la normativa tiende a invisibilizar a los niños y niñas que resultan víctimas. La falta de presupuestos y la inactividad parlamentaria han complicado la aprobación de leyes como la de familias y la de entornos digitales, ambas pendientes de tramitación o en fases de enmienda en el Congreso, según publicó Europa Press.
Otro punto señalado como preocupante por Ricardo Ibarra durante sus declaraciones a Europa Press radica en la situación de los niños migrantes, en particular aquellos presentes en Canarias. Pese al acuerdo marco para facilitar traslados y la colaboración interautonómica, los movimientos realizados han resultado escasos y las infraestructuras permanecen saturadas, brindando una atención inadecuada a los menores migrantes.
Entre las medidas positivas, Ibarra identificó el nuevo Real Decreto que regula los comedores escolares, orientado a garantizar una alimentación saludable en centros escolares, aunque su aplicación total no está prevista hasta abril de 2026. La Plataforma de Infancia destacó la importancia de asegurar que la totalidad de los niños y niñas tengan acceso a estos servicios.
Por su parte, Lara Contreras, responsable de Influencia, Programas y Alianzas de UNICEF España, explicó a Europa Press que el principal desafío pendiente sigue siendo la pobreza infantil. Señala que España se mantiene entre los países con mayores tasas de pobreza infantil en Europa y reclama la pronta aplicación de una prestación universal progresiva para todos los niños, niñas y adolescentes.
Sobre los derechos digitales de la infancia, UNICEF España valoró de manera positiva la reducción de ciertas formas de violencia y una mejora en el uso de dispositivos por parte de los menores. Aun así, los datos de su último informe ‘Infancia, adolescencia y bienestar digital’ revelan que uno de cada diez menores percibe haber sido víctima de ciberacoso en redes sociales y uno de cada tres adolescentes que tiene pareja reporta haber sufrido violencia digital.
UNICEF también destacó avances para la infancia migrante, detallando que un decreto facilitará el traslado de menores no acompañados evitando su permanencia exclusiva en Canarias, Ceuta y Melilla, donde las condiciones resultaban insuficientes para garantizar sus derechos. No obstante, la organización alerta sobre la necesidad de concretar tales traslados de manera efectiva.
Otro aspecto subrayado por UNICEF España es el aumento de preocupación por la salud mental en la infancia. Según datos recogidos por la organización, cuatro de cada diez niños y niñas reportan haber vivido o creen haber experimentado problemas de salud mental. Contreras matizó ante Europa Press que resulta necesario distinguir entre experiencias emocionales negativas, inherentes a la vida, y auténticas patologías mentales, subrayando la importancia de la prevención y el correcto tratamiento de los traumas infantiles.
La responsable de UNICEF España instó a mantener el compromiso institucional con la ayuda oficial al desarrollo, señalando la relevancia de este esfuerzo en un contexto global marcado por incrementos en la mortalidad infantil. Apuntó que en regiones como Sudán y en la franja de Gaza existen millones de niños desplazados y decenas de miles de menores fallecidos, remarcando la urgencia de evitar que estas situaciones prosigan.
Las organizaciones reclaman nuevos esfuerzos legislativos y presupuestarios del gobierno, mientras insisten en la necesidad de programas universales de ayuda, mejoras en la protección de la infancia ante la violencia, atención adecuada a la salud mental, avances en digitalización segura y apoyo efectivo a menores migrantes, todo dentro de un contexto donde el compromiso y la implementación continúan resultando insuficientes, de acuerdo con las conclusiones de UNICEF España y la Plataforma de Infancia publicadas por Europa Press.
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