El artículo 7 de la nueva Orden ministerial Gecco establece obligaciones específicas para quienes contratan personas extranjeras mediante los programas de migración circular, exigiendo que se garantice alojamiento durante toda la actividad laboral y en cada llamamiento sucesivo, y que se informe a las autoridades ante cualquier modificación de esta condición. La actualización normativa responde a los desafíos de cobertura de mano de obra en sectores clave bajo nuevas garantías para los derechos y condiciones de bienestar de los trabajadores migrantes, cuya presencia en España ha alcanzado cifras récord. Según consignó el medio oficial del Boletín del Estado y recogió el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la gestión colectiva de contrataciones en origen se regulará bajo la Orden Gecco 2026, aprobada por la Secretaría de Estado de Migraciones.
El nuevo texto normativo, detalló el Ministerio de Inclusión, modifica la gestión de permisos de trabajo temporal para personas extranjeras con vistas al próximo año, alineándose con el Reglamento de Extranjería (Reloex) que entró en vigor en mayo de 2025. Esta adecuación incorpora en la orden ministerial derechos y garantías que antes debían revisarse anualmente, fortaleciendo la seguridad jurídica de quienes acceden a empleos temporales por medio de estos programas.
En declaraciones recogidas por el propio Ministerio, la titular de la cartera, Elma Saiz, subrayó que durante el presente año más de 25.000 trabajadores migrantes circularon hacia España para trabajar en actividades de temporada, lo que representa una cifra máxima en la historia reciente de este tipo de contratación. De acuerdo con el medio oficial, los programas de migración circular sumaron en 2025 un total de 25.767 participantes procedentes de 17 países, un incremento del 25% respecto al año anterior. La actividad, que se extiende a 21 provincias, ha involucrado a más de 65.000 personas durante los últimos tres años, con 19.000 en 2023, más de 20.000 en 2024 y la cifra récord de 2025.
La normativa, añadió el Ministerio según la publicación, opera en el marco del nuevo Reglamento de Extranjería, cuyo título VI regula la gestión colectiva de contrataciones en origen. Este modelo permite procesar en conjunto varias solicitudes —mínimo, 10 puestos de trabajo— siempre que la persona extranjera no se encuentre en territorio español en el momento de la solicitud. Además, la normativa ofrece dos tipos de contratación: estable y circular. Ambas modalidades pueden realizarse tanto en formato genérico como nominativo, y permiten tanto una tramitación estándar como agrupada.
El texto reglamentario, precisó la Orden, ahonda en la contratación nominativa con el propósito de incorporar dentro de las modalidades de relación laboral fija-discontinua los proyectos migratorios de naturaleza circular que anteriormente empleaban permisos de residencia de duración determinada. Esta figura quedó derogada formalmente en julio de 2023.
Según detalla el Ministerio en la orden y su publicación en el Boletín Oficial del Estado, las autorizaciones que otorga este régimen tienen carácter plurianual: contemplan una validez de cuatro años, renovables si se cumplen los requisitos especificados. Durante ese periodo, la persona titular puede trabajar hasta nueve meses cada año natural bajo contratos fijo-discontinuos, y después debe regresar a su país de origen al terminar cada ciclo anual de actividad.
El documento ministerial, indicó el Ministerio, fundamenta la concesión de estos permisos en la necesidad de atender la demanda laboral de sectores esenciales, especialmente el agrícola, y a la vez proporciona oportunidades de empleo y capacitación a las personas extranjeras partícipes en los programas de migración circular. En opinión de la ministra Saiz, estos acuerdos suponen “una herramienta de enriquecimiento mutuo” y materializan el compromiso asumido por España ante el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de las Naciones Unidas, según reportó el Ministerio.
Dentro de las obligaciones introducidas, la orden resalta la responsabilidad del empleador de asegurar refugio habitacional transparente y controlado durante todo el tiempo de trabajo, así como durante posteriores llamadas al empleo en el caso de contratos temporales repetidos anualmente. También se impone la exigencia de informar detalladamente cualquier alteración a las autoridades responsables de la tramitación.
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, conforme lo remarcado en la orden y recogido por los medios oficiales, sostiene que este nuevo marco normativo busca otorgar mayores certezas jurídicas no solo a los trabajadores extranjeros, sino también a las empresas y a las administraciones, mientras refuerza el control administrativo sobre la gestión colectiva de la migración laboral por campañas.
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