El PP registra una ley para prohibir ocultar el rostro con excepciones como meteorología adversa decretada

El nuevo texto legal promovido por el Partido Popular establece un rango de sanciones económicas que puede alcanzar los 600 euros para quienes reincidan en cubrirse el rostro en espacios de uso común, un endurecimiento en la normativa que introduce excepciones justificadas, como causas médicas, labores o protección climática autorizada por alguna autoridad. Según detalló Europa Press, la propuesta registrada por el PP contempla además una sustitución voluntaria de las multas por la participación en programas sociales, de integración o sensibilización sobre la igualdad y la convivencia.

La iniciativa presentada este jueves tanto en la Cámara Baja como en la Alta, a través de las portavoces ‘populares’ Esther Muñoz y Alicia García, regula el uso de prendas, accesorios o cualquier objeto que dificulte la identificación facial en zonas de acceso público. El PP sostiene, según publicó Europa Press, que el propósito de la ley es salvaguardar la libertad, la igualdad y la protección de los derechos fundamentales, señalando una preocupación especial por la situación de las mujeres. La normativa incide en que las comunidades autónomas y las entidades locales podrán sumar regulaciones adicionales, siempre y cuando se respeten los límites dispuestos por la ley de alcance nacional.

Europa Press reportó que el planteamiento del Partido Popular surge días después de que el Pleno del Congreso de los Diputados rechazara la toma en consideración de otra proposición para prohibir el velo integral e impulsar sanciones penales graves, impulsada por Vox. Esa propuesta incorporaba penas de prisión de hasta tres años, ampliables a cuatro en ciertos casos, además de la expulsión para infractores extranjeros reincidentes y una reforma específica en el Código Penal y la Ley de Extranjería. Durante la votación, la propuesta de Vox sumó el apoyo del PP y de UPN, encontró la abstención de Coalición Canaria y la oposición del PSOE y sus aliados.

La normativa registrada por el PP se distingue de la iniciativa de Vox en varios puntos. Mientras Vox apunta directamente a la prohibición nominativa del velo integral —burka y nicab— en espacios públicos y privados de uso público, el texto del PP evita mencionar estas prendas y generaliza la restricción, aplicándola a cualquier cobertura facial total o parcial que dificulte la identificación, a excepción de los supuestos previstos en la propia ley. Vox, según consignó Europa Press, enmarca la prohibición en una defensa de la “civilización occidental” frente a la inmigración y posturas ideológicas islamistas, mientras que el PP fundamenta su texto en los principios de igualdad y dignidad de la mujer consagrados en la Constitución.

El régimen sancionador planteado por los ‘populares’ se afronta mediante un proceso administrativo, estableciendo como infracción leve el ocultamiento facial, susceptible de una sanción de 100 euros en primera instancia, que podría alcanzar los 600 euros si la infracción se repite. Europa Press puntualizó que, además, incitar al incumplimiento de la norma se castiga con una multa máxima de 600 euros. El texto añade que la autoridad competente tiene la potestad de proponer a la persona infractora la sustitución de la sanción por la asistencia voluntaria a programas sociales.

En cuanto a las excepciones, el PP incluye espacios para causas justificadas, como razones médicas reconocidas, exigencias laborales, actividades culturales, festivas o deportivas que hayan recibido autorización oficial, y ante condiciones meteorológicas adversas cuando así lo decreten las autoridades. También se contempla la posibilidad de otras causas contempladas expresamente en la legislación vigente. La normativa del PP insistió en que, aunque las comunidades autónomas y entes locales pueden regular sobre esta materia, sus normas deberán secundar el marco estatal.

En la exposición de motivos de la proposición a la que tuvo acceso Europa Press, el PP sostiene que el velo integral simboliza “sometimiento” y “ocultación” de la mujer, y argumenta que su utilización, lejos de corresponder a una tradición religiosa o cultural, representa un fenómeno de “sumisión estructural” contrario a los derechos fundamentales.

Junts también presentó una iniciativa alternativa, informada por Europa Press, que prohíbe de manera general la cobertura total o sustancial del rostro en vías y espacios públicos que limite la identificación de la persona. El texto catalán menciona explícitamente el burka y el nicab como prendas restringidas, pero agrega excepciones para cuestiones de salud, trabajo, prevención de riesgos o actuaciones festivas, culturales y autorizadas. No prevé sanciones económicas, aunque aclara que la persona deberá descubrirse el rostro ante requerimiento de la autoridad competente para fines de identificación, en un marco de respeto a la dignidad y la no discriminación.

La proposición de Junts va más allá de la cuestión del velo integral y propone que el Gobierno español transfiera a la Generalitat competencias ejecutivas relacionadas con la seguridad y la identificación de personas. Esa delegación permitiría a Cataluña asumir la responsabilidad en el control de puertos, aeropuertos, fronteras y la expedición de documentos oficiales como el DNI, pasaporte y NIE, según recogió Europa Press.

Las diferencias entre los proyectos ponen de manifiesto discrepancias sobre el alcance, las excepciones y el régimen sancionador aplicable a la ocultación facial en espacios de uso público. Vox aspira a endurecer las penas e identificar de modo taxativo las prendas asociadas a la polémica; el PP opta por una norma de control más general y sanciones administrativas; Junts aboga por regulaciones sin multas y con más autonomía para Cataluña. Más allá de las divergencias, los tres proyectos coinciden en señalar, aunque con argumentos y finalidades diferentes, los desafíos que supone el uso de prendas que cubren el rostro tanto para la identificación personal como para la protección de derechos, la igualdad de género y la seguridad ciudadana, de acuerdo con lo consignado por Europa Press.