
La decisión de conceder una excepción al embargo de tecnología militar procedente de Israel para que la empresa Airbus pueda emplearla en diversos proyectos de la industria aeroespacial motivó críticas por parte de ministerios pertenecientes a Sumar, según detalló Europa Press. Representantes de Sumar, socio minoritario en el Gobierno español, sostienen que los argumentos que han respaldado la activación de esta dispensa resultan insuficientes y no encuentran fundamento sólido para vulnerar el decreto vigente sobre prohibición de material militar de origen israelí. Esta medida, autorizada en el Consejo de Ministros, permite a Airbus el acceso a tecnología israelí para cuatro programas industriales específicos.
De acuerdo con Europa Press, la postura expuesta por los ministros de Sumar se manifestó de manera clara en la última reunión del Consejo de Ministros mediante objeciones formales, con el propósito de dejar constancia pública de su rechazo. Según fuentes citadas por el medio, consideran que la excepción carece de soporte legal o razones de peso, ya que los argumentos del sector socialista del Ejecutivo se centran en el posible impacto económico en la industria aeroespacial española y la competitividad empresarial, factores que no consideran suficientes para avalar la medida.
Entre los argumentos cuestionados por Sumar, Europa Press reporta que la mención a la "credibilidad de la industria nacional" y los potenciales "retrasos" en entregas debido a la sustitución de sistemas israelíes por componentes de otros proveedores tampoco se presentan como justificaciones válidas. En este sentido, los integrantes del ala minoritaria señalan que no existe un riesgo acreditado para el interés general de España que justifique la aplicación de la excepción contemplada por el decreto. Asimismo, insisten en que la mencionada cláusula excepcional ya había suscitado críticas en ocasiones anteriores desde Sumar, y su recurso en esta ocasión se percibe igualmente injustificado.
Según recoge Europa Press, los ministros de Sumar hacen hincapié en que la habilitación concedida a Airbus para disponer de tecnología israelí desafía tanto el objetivo central del decreto –la restricción en la compraventa de material considerado militar– como los compromisos internacionales adquiridos por España en el ámbito de los derechos humanos y la prevención de transferencia de componentes a zonas o actores en conflictos abiertos. La impugnación presentada por Sumar busca subrayar la importancia de mantener la coherencia en la política exterior y de defensa, alineándose con los estándares internacionales que exigen cautela en este tipo de transferencias.
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió públicamente la decisión del Ejecutivo y la excepción otorgada a Airbus. En declaraciones para el programa ‘La Hora de La 1’, reproducidas por Europa Press, la ministra argumentó que la autorización para transferir “determinado material de defensa y doble uso” de procedencia israelí responde a consideraciones estrictamente comerciales. Robles insistió en que la medida no se relaciona con la política militar o de defensa nacional sino con el ámbito de las exportaciones y la protección de contratos comerciales en los que Airbus participa. El Estado español mantiene en torno al 4% de participación en la compañía, lo que añade relevancia al debate sobre el impacto económico y reputacional.
La posición ministerial recalcó, según Europa Press, que la suspensión temporal de la prohibición en términos de material y tecnología militar se centra en evitar perjuicios empresariales y cumplir compromisos de producción y entrega con clientes internacionales. La ministra Robles subrayó el carácter puntual de la medida y la necesidad de asegurar la integridad de la industria española frente a eventuales consecuencias derivadas de cambios en los proveedores o en la cadena de suministro.
Europa Press precisó que estos argumentos han sido recibidos por el grupo Sumar como insuficientes, reiterando su desacuerdo con el uso de la cláusula excepcional para este caso concreto y advirtiendo de los riesgos de erosión de la imagen de coherencia política exterior de España. Los ministros del socio minoritario insisten en la falta de fundamentación para interpretar el interés general como equilibrio entre compromisos económicos e internacionales y solicitan un debate más amplio sobre la aplicación de medidas excepcionales vinculadas a la industria militar y tecnológica.
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