La JEC abre expediente sancionador a la ministra Elma Saiz por criticar al PP en Moncloa

El organismo electoral acordó iniciar una investigación formal contra la portavoz gubernamental tras considerar fundadas las denuncias de parcialidad y comentarios ofensivos proferidos durante una intervención oficial, petición impulsada por el principal partido de la oposición

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La resolución de la Junta Electoral Central (JEC) sostiene que Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, realizó durante una rueda de prensa oficial referencias consideradas ofensivas hacia el principal partido de la oposición. La JEC formalizó la apertura de un expediente sancionador tras analizar los hechos ocurridos el pasado 24 de febrero, fecha de la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, en la que Saiz habría traspasado los límites que marca la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para la actuación de cargos institucionales durante los periodos previos a citas electorales, según explicitó Europa Press.

La decisión del organismo responde a una denuncia impulsada por el Partido Popular, en la que se acusaba a la ministra de no circunscribir su intervención en Moncloa a la información sobre los acuerdos del Consejo de Ministros y, en cambio, lanzar comentarios de carácter despectivo y con connotaciones ofensivas hacia el PP, según detalla Europa Press. El texto de la demanda señala que Saiz, en lugar de observar el principio de neutralidad exigido para los cargos públicos en actos institucionales, empleó la plataforma gubernamental para emitir valoraciones de tipo político contrarias a la normativa vigente.

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La JEC destaca que uno de los principios básicos recogidos por la LOREG obliga a los responsables institucionales a mantener estricta neutralidad cuando utilizan espacios oficiales, sobre todo durante periodos electorales o en la proximidad de convocatorias de esta naturaleza. Cualquier vulneración puede derivar en la apertura de expedientes sancionadores, trámite aplicable tanto a declaraciones como a actuaciones que se aparten de las obligaciones contempladas legalmente.

En esta ocasión, el expediente abierto contra Elma Saiz se basa en la interpretación de que la portavoz gubernamental utilizó la exposición pública posterior a la reunión del Consejo de Ministros para emitir opiniones políticas, según la denuncia recogida por el Partido Popular y respaldada por la JEC. Europa Press accedió a la resolución en la que el organismo electoral considera que Saiz empleó expresiones que superaron el límite de neutralidad institucional requerido en ese contexto.

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El procedimiento de la JEC implica que, a partir de la comunicación de apertura del expediente sancionador, Saiz dispondrá de un plazo fijado para la presentación de alegaciones antes de que la Junta Electoral resuelva de forma definitiva sobre la posible imposición de una sanción. Según publica Europa Press, la resolución menciona expresamente la obligación de los cargos del Ejecutivo de abstenerse de usar comparecencias institucionales para verter opiniones políticas o personales relativas a la oposición o demás partidos, en especial si esas manifestaciones resultan ofensivas o afectan a la imagen pública de otros actores políticos.

La queja formal presentada por el Partido Popular describe que la ministra «no se limitó a dar cuenta de los acuerdos adoptados» y, en su lugar, dedicó parte de su intervención a efectuar «valoraciones peyorativas y despectivas, así como connotaciones ofensivas» contra representantes de la oposición. El medio Europa Press cita los términos utilizados por el PP en su demanda, subrayando que las palabras de Saiz contravienen lo estipulado en la LOREG, normativa orientada a garantizar la equidad y la no interferencia política desde posiciones institucionales durante el periodo electoral.

Tras la estimación de la denuncia, la JEC marca un precedente —según recoge Europa Press— respecto a la vigilancia sobre el comportamiento de los portavoces gubernamentales en comparecencias públicas y el cumplimiento estricto de los deberes de objetividad y neutralidad política exigidos por la ley. El trámite abierto contempla tanto la fase de requerimiento de alegaciones por parte de Elma Saiz como la evaluación posterior para determinar la eventual responsabilidad administrativa, así como las posibles consecuencias disciplinarias si se ratifica la infracción.

El caso permanece abierto mientras la ministra prepara la defensa de sus argumentos en el proceso, dentro del calendario reglamentario fijado por la JEC y en el marco de las actuaciones que regula la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.