
La confirmación por parte de comerciantes de Mallorca respecto al uso de una tarjeta bancaria robada facilitó la labor de la Policía Local en la identificación de una mujer de 49 años, de nacionalidad uruguaya, quien ha quedado sujeta a una investigación judicial tras negarse a proporcionar declaración. La noticia, consignada por diversos canales y detallada en un comunicado policial, revela que los hechos comenzaron el 24 de diciembre, cuando un hombre denunció ante las autoridades la sustracción de su tarjeta bancaria, tras pasar la noche con la mujer en un hotel de la calle 31 de Diciembre, en Palma.
Según recogió el cuerpo policial y difundió la prensa local, la denuncia describía cómo la víctima conoció a la mujer la noche anterior y, al despertarse, descubrió la ausencia de su acompañante así como la desaparición de su tarjeta de débito. Poco después, detectó que desde la madrugada se realizaron compras no autorizadas por un importe total de 228,9 euros.
El medio informó que la investigación de la Sala de Atestados concentró sus esfuerzos en revisar los movimientos bancarios sospechosos y analizar las grabaciones de video de varios comercios de la isla. En estas imágenes, las autoridades pudieron observar a una mujer utilizando el plástico bancario en diferentes establecimientos, lo que aportó material visual clave para esclarecer los hechos. La Policía Local expuso que, en paralelo, agentes se pusieron en contacto con los responsables de los comercios donde se registraron los cargos irregulares. Al mostrarles imágenes y datos de los pagos, los comerciantes confirmaron la correspondencia entre la mujer captada por las cámaras y la persona que había realizado los pagos con la tarjeta robada, conforme relata el comunicado policial citado por los medios.
El proceso de autenticación visual y testimonial permitió determinar con claridad la identidad de la presunta autora de los hechos. Con las evidencias en su poder, los agentes notificaron a la mujer en calidad de investigada y le tomaron declaración en las dependencias policiales. No obstante, durante este trámite, la identificada, que se enfrenta a cargos por un presunto delito de estafa informática, decidió acogerse a su derecho legal a no declarar, tal como informaron las autoridades en el comunicado oficial reproducido en los medios.
El expediente elaborado por la Sala de Atestados, que recopila los extractos bancarios, las imágenes de seguridad y las declaraciones obtenidas, ha sido remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia, quedando a disposición de las instancias judiciales para la continuación del procedimiento. Según consignó la Policía Local en los documentos difundidos por la prensa, la investigación incluyó cotejos entre los detalles proporcionados por la víctima, la evidencia fotográfica, y los testimonios de quienes atendieron a la supuesta autora en los puntos de venta afectados.
A la espera de las decisiones judiciales pertinentes, la investigación ha dejado constancia de los movimientos de la tarjeta tras su desaparición, el modus operandi detectado y la colaboración de los comercios en el esclarecimiento del caso. El caso ilustra, a juicio de los investigadores citados en medios, la importancia que tienen tanto la denuncia oportuna como el uso de cámaras en establecimientos para rastrear el recorrido de bienes sustraídos y vincular pruebas.
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