Guinea celebra unas elecciones presidenciales en las que el líder de la junta aspira a consolidar su poder

La exclusión de casi todos los candidatos opositores de peso, debido a los requisitos de edad y residencia impuestos por la nueva Constitución, ha sido un factor determinante en el panorama electoral de Guinea, según publicó Europa Press. Esta situación apartó de la contienda a figuras como Cellou Dalein Diallo, exiliado y de 73 años, Alpha Condé, expresidente de 87 años, y Sidya Touré, ex primer ministro de 80 años, todos residentes fuera del país. Así, las elecciones presidenciales previstas para este domingo se presentan marcadas por la ausencia de contendientes de relevancia, lo que facilitaría la victoria del actual jefe de la junta militar, Mamady Doumbouya, quien aspira a mantenerse como presidente, sumándose a las preocupaciones sobre el carácter libre y transparente del proceso.

Europa Press informó que la contienda se desarrolla dentro de un ambiente político caracterizado por restricciones crecientes a la oposición, cuestionamientos a la transparencia y denuncias de represión. La junta militar, liderada por Doumbouya desde el golpe de Estado en 2021, tomó una serie de medidas que han limitado el papel de actores civiles y dificultaron la competencia electoral. Al poco tiempo de tomar el poder, la junta publicó una Carta de Transición que inicialmente prohibía la candidatura de sus integrantes para futuras elecciones, aunque posteriormente eliminó esa restricción a través de una reforma constitucional.

El nuevo texto constitucional, aprobado tras un referéndum boicoteado por buena parte de la oposición, elevó la duración del mandato presidencial a siete años y otorga al Ejecutivo un control significativo sobre el Legislativo. Además, estableció que los candidatos al Parlamento deben militar en partidos legalmente reconocidos, mientras que desde 2021 varias formaciones opositoras han sido suspendidas o prohibidas, de acuerdo con información de Europa Press. Esto ha impedido la participación de agrupaciones políticas con bases importantes en el país africano.

El propio Cellou Dalein Diallo, líder de la Unión de Fuerzas Democráticas de Guinea (UFGD), denunció recientemente que estas elecciones constituyen "una farsa". En un mensaje divulgado en redes sociales y citado por Europa Press, afirmó: "No habrá una elección, habrá una farsa con el único objetivo de dar una pátina de legitimidad y legalidad a la confiscación programada del poder por parte de Doumbouya, en violación de su juramento y su palabra de oficial". Diallo también reiteró su posición de boicotear el proceso y de no respaldar a ninguno de los candidatos admitidos por las autoridades.

Las restricciones no se limitan solo al nivel político. Europa Press detalló que la organización del proceso electoral ha estado en manos del Ministerio de Administración Territorial y Descentralización, cuyo titular fue designado por Doumbouya, lo que contrasta con elecciones anteriores, que eran organizadas por una comisión independiente. Se trata de la primera vez desde 2006 que el ministerio encabeza la organización electoral, generando nuevas dudas sobre la imparcialidad y transparencia del proceso.

Entre quienes sí participan en la contienda, destaca Abdoulaye Yero Balde, exministro y líder del Frente Democrático de Guinea, quien se separó del partido de Condé en 2020 y es identificado por Europa Press como probable segundo en la carrera electoral. Además, Faya Lansana Millimono, del Bloque Liberal, inicialmente acompañó a la junta tras el golpe, aunque posteriormente expresó sus diferencias por la candidatura de Doumbouya. Hadja Makale Camara, quien fue ministra de Exteriores, lidera el Frente para la Alianza Nacional y es la única aspirante mujer. Otras figuras incluidas en la papeleta, como Abdoulaye Kourouma y Mohamed Nabe, no cuentan con gran reconocimiento político en el país, de acuerdo con la información recopilada por Europa Press.

En cuanto a la represión y las libertades civiles, Europa Press reportó que la junta ha prohibido manifestaciones y reducido el espacio cívico, argumentando razones de seguridad y estabilidad. El miedo a represalias y el ambiente de intimidación han aumentado tras recientes episodios violentos, como la muerte de más de 130 personas en una estampida en Nzérékoré durante un evento deportivo, donde el propio Doumbouya iba a entregar el trofeo. Organizaciones no gubernamentales solicitaron investigaciones transparentes sobre este hecho, aunque hasta ahora no se han producido avances en cuanto a rendición de cuentas.

Naciones Unidas advirtió sobre "graves restricciones" al espacio civil y político, según reportó Europa Press. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, subrayó que las intimidaciones, desapariciones forzosas con fines aparentemente políticos y limitaciones a la libertad de prensa afectan directamente la campaña, afianzando un clima de miedo generalizado. "Contribuyen a un clima de miedo entre los actores políticos y la población en general, suponiendo un riesgo de socavar la credibilidad del proceso electoral", argumentó Turk, de acuerdo con la cobertura de Europa Press.

La nueva Constitución, por otra parte, prolongó el mandato presidencial a siete años, permitiendo solo una reelección, y dispuso nuevas condiciones para las candidaturas, dejando fuera a los principales líderes opositores por razones formales como la edad o la residencia, a pesar de su peso electoral y su visibilidad pública. Esta exclusión, sumada a la falta de un cronograma electoral en el periodo inicial de transición y la prórroga argumentada por la junta sobre supuestas dificultades organizativas, contribuyó a la erosión de la confianza en las instituciones.

Además, Europa Press destacó que Doumbouya prometió a comienzos de este año que en 2025 tendría lugar un nuevo proceso electoral dentro del calendario trazado, después de que el referéndum constitucional de 2024, boicoteado por la oposición, diera como resultado una aprobación cercana al 90 por ciento para el 'sí'. La nueva carta magna cerró así el paso a cualquier prohibición para que miembros de la junta aspiraran a la presidencia, facilitando la candidatura de Doumbouya.

La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) inicialmente había dado a Guinea un plazo de seis meses para completar la transición civil, sin que se produjera la instauración de un calendario electoral en ese periodo. Posteriormente, Doumbouya aceptó una prórroga de dos años, según mencionó Europa Press, pero el plazo expiró en 2024 y las elecciones fueron pospuestas nuevamente.

En este contexto, la ONU exhortó a las autoridades guineanas a proteger la libertad de expresión, la reunión pacífica y la participación política, pidiendo que se garantice un ambiente sin miedo ni coacción. Estas peticiones emergen en medio de la preocupación internacional sobre la credibilidad de los resultados electorales y la legitimidad de un proceso marcado, según Europa Press, por obstáculos a la pluralidad y falta de garantías.

La candidatura de Doumbouya es posible también por su trayectoria militar en países como Israel, Senegal, Gabón y Francia, donde sirvió quince años en la Legión Extranjera, un factor que añade peso a su liderazgo dentro de las fuerzas armadas y los círculos dirigentes del país. Aunque Doumbouya había asegurado en un inicio que los militares no tendrían un rol político tras la transición, la evolución de la situación lo posiciona ahora como el principal aspirante a la presidencia, en medio de demandas nacionales e internacionales para reforzar el respeto por los derechos civiles y políticos.

Europa Press consignó que los aspirantes restantes tienen, en general, una escasa visibilidad pública y no suponen un desafío real para Doumbouya, lo que refuerza las dudas sobre la competencia y legitimidad del proceso. Distintos sectores sociales y organismos internacionales insisten en la necesidad de supervisar el desarrollo de las votaciones y el proceso posterior, ante el riesgo de nuevas protestas y descontento generado por un contexto caracterizado por el control estricto del aparato estatal y la limitación de vías para la disidencia.