Birmania celebrará el domingo sus primeras elecciones en cinco años en plena guerra y a pesar de las críticas

Sentencias de hasta 49 años de prisión han alcanzado a personas que desafiaron el proceso electoral en Birmania, como informó Europa Press. Entre los afectados figuran artistas y figuras reconocidas de la sociedad civil, incluyendo el director Mike Tee, el actor Kyaw Win Htut y el comediante Ohn Daing, acusados de minar la credibilidad del Ejército y condenados bajo la nueva Ley de Protección Electoral, aplicada por la junta militar para frenar la disidencia. La gravedad de las condenas evidencia el ambiente de represión que envuelve la jornada electoral de este domingo, la primera en cinco años, en un contexto marcado por el conflicto armado y denuncias de falta de transparencia y coerción.

Según publicó Europa Press, Birmania lleva a cabo una votación multipartita fraccionada en tres fases, convocada por la junta militar tras tomar el control del país en febrero de 2021. Este proceso electoral, iniciado tras varios retrasos y anunciado finalmente en julio, avanza mientras persisten los combates entre las fuerzas birmanas y los grupos rebeldes. La convocatoria electoral prolongará sus votaciones hasta el 25 de enero, siendo este domingo la primera cita, seguida de la segunda el 11 de enero. A pesar del discurso oficial sobre el retorno a un sistema pluralista, la oposición rechaza la legitimidad de los comicios, denunciando que su principal fin es garantizar la permanencia de los militares en el poder.

Europa Press informó que la crisis actual se remonta al golpe de Estado de 2021, perpetrado para invalidar los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND), liderada por Aung San Suu Kyi, ganó con claridad. Las Fuerzas Armadas han justificado la anulación de aquellos comicios alegando supuestas irregularidades en el registro electoral, aunque observadores internacionales no detectaron dificultades relevantes para la votación en esa ocasión. Ahora, tanto la comunidad internacional como múltiples partidos locales señalan que las condiciones actuales impiden que la jornada resulte libre o justa, ante el clima de violencia, persecución y presiones que rodean al proceso.

Las voces críticas argumentan que la convocatoria busca legitimar la permanencia del jefe de la junta, Min Aung Hlaing, y de la cúpula militar, obviando las restricciones a la participación política. Aung San Suu Kyi, de 80 años y en prisión cumpliendo 27 años de condena, no participará ni ella ni la LND, luego de que el partido fuera disuelto por rehusarse a cumplir con los nuevos requisitos impuestos por el régimen. Otros partidos también han optado por el boicot o la exclusión voluntaria, sumándose a los llamados a no votar ante la percepción de que el proceso excluye propuestas opositoras y limita la competición real.

Desde el inicio de la campaña electoral, el país ha registrado más de un centenar de detenciones de personas acusadas de sabotear el proceso, detalló Europa Press. Las autoridades amparan las detenciones en la Ley de Protección Electoral, aprobada recientemente, mientras organizaciones de derechos humanos alertan sobre una estrategia encaminada a acallar a quienes denuncian la falta de transparencia. Entre los delitos señalados contra quienes impulsan el boicot figuran la distribución de propaganda y panfletos instando a la no participación y la crítica pública al gobierno militar. Naciones Unidas se pronunció al respecto; el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, denunció un uso “brutal” de la coacción estatal para forzar la asistencia a las urnas.

Los desplazados internos resultan especialmente vulnerables en este contexto. Según Europa Press, en algunas regiones personas obligadas a abandonar sus hogares debido al conflicto bélico han recibido amenazas de represalias si no retornan a sus lugares de origen el día de la votación. La violencia extendida ha impedido la organización de elecciones en 65 localidades, dejando fuera del proceso a áreas asoladas por los enfrentamientos entre el Ejército nacional y fuerzas rebeldes.

El alcance de los comicios también se ve limitado por el control territorial. La junta prevé que en esta primera ronda votarán habitantes de 102 municipios, de los 330 que comprenden el país, cifras que ilustran el impacto del conflicto sobre la normalidad institucional. Aunque más de 50 partidos han presentado candidatos, la gran mayoría concentra su actividad a nivel local, mientras solo seis agrupaciones compiten en el ámbito nacional con posibilidades reales de obtener representación. El Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (USDP), alineado con los militares, parte como favorito según la normativa vigente.

La Asamblea birmana, el Pyidaungsu Hluttaw, bicameral, recibirá candidatos de cerca de 5.000 postulantes. No obstante, la composición final y su representatividad quedan supeditadas a la participación restringida, la represión política y la amenaza persistente de la violencia. Europa Press consignó que, desde la asonada militar, la estructura política de Birmania se mantiene dominada por la influencia castrense, un patrón que se arrastra desde la independencia obtenida en 1948. Min Aung Hlaing busca consolidar su liderazgo a través de una votación marcada por la exclusión, mientras la comunidad internacional mantiene sanciones sobre el régimen por sus ataques continuados contra la población civil y las severas medidas contra quienes se oponen públicamente al proceso electoral.

El coste humano del prolongado conflicto resulta considerable. Europa Press detalla que más de 22.600 personas permanecen encarceladas en prisiones birmanas por motivos políticos, según datos de la Asociación de Asistencia a Presos Políticos de Birmania (AAPP), mientras el saldo de víctimas mortales entre la población civil a manos de las fuerzas de seguridad supera las 7.600 desde el golpe militar. El seguimiento internacional permanece alerta ante la posibilidad de que la violencia escale en las próximas semanas, y numerosas voces internacionales y locales continúan cuestionando la viabilidad y la legitimidad del proceso impulsado por la junta.