La junta de Birmania prohíbe la participación de grupos independientes para observar las elecciones

Un total de doce agrupaciones han sido descartadas por las autoridades birmanas para asumir labores de observación en los comicios, argumentando “falta de confianza” y ausencia de documentación oficial, según publicó el portal Irrawaddy. Conforme a la información confirmada por este medio, los colectivos civiles han sido excluidos casi en su totalidad del proceso, pues únicamente se ha permitido la participación de organizaciones inscritas y vinculadas al Ministerio del Interior. El proceso electoral, que comienza este domingo y se desarrollará en tres fases en medio de una guerra civil persistente, enfrenta críticas por estos límites a la transparencia y la participación independiente.

De acuerdo con Irrawaddy, la decisión de la junta militar de Birmania, que ostenta el poder desde el golpe de Estado efectuado en febrero de 2021, ha profundizado la tensión en la recta previa a los comicios. La medida ha despertado fuertes cuestionamientos por parte de organizaciones de la sociedad civil, que desde hace semanas han insistido en la necesidad de boicotear una convocatoria en la que niegan garantías democráticas. Los grupos civiles que intentaron inscribirse para observar el desarrollo del voto han recibido respuesta negativa por carecer de registros oficiales, quedando marginados de las tareas de supervisión electoral.

En contraste con la exclusión de entes independientes, la observación de la votación quedará restringida a entidades alineadas con el actual gobierno y a una lista limitada de países considerados aliados. Tal como detalló Irrawaddy, Tailandia, Laos e India están entre las naciones autorizadas a enviar representantes para atestiguar parte del proceso. Además, Rusia y China, principales socios de la junta militar, figuran entre los actores internacionales con posibilidad de participar en la observación, si bien al momento no han confirmado oficialmente su implicación. La junta estima la presencia de alrededor de 60 observadores provenientes de nueve países durante las elecciones.

Sin embargo, las comisiones extranjeras enfrentarán restricciones de movimiento, ya que solo podrán vigilar los centros de votación asignados por las respectivas embajadas, publicó Irrawaddy. Esta limitación ha suscitado dudas sobre el alcance de la supervisión y la posibilidad de identificar irregularidades más allá de los recintos señalados. Los comicios están previstos para desarrollarse en tres etapas, comenzando este domingo, para continuar el 11 y culminar el 25 de enero, contexto determinado por la persistencia de la guerra civil tras el derrocamiento del gobierno civil en 2021.

Un miembro de una de estas organizaciones civiles, cuya identidad quedó reservada por razones de seguridad, indicó al portal Irrawaddy que “en la práctica, casi ninguno ha sido incluido en el proceso”. Desde la perspectiva de los colectivos de la sociedad civil, las restricciones impuestas por la junta militar buscan debilitar la fiscalización y el escrutinio independiente de la jornada electoral, otorgando el protagonismo a entidades leales al poder y limitando la confianza en la limpieza del proceso.

La controversia sobre el mecanismo de vigilancia de las elecciones se une a las difíciles condiciones en las que la población birmania acude a votar, en un escenario marcado por enfrentamientos armados, desplazamientos forzados y crisis humanitaria prolongada. Las llamadas de boicot lanzadas por diversas agrupaciones civiles reflejan el escepticismo extendido respecto a la legitimidad y representatividad de los resultados, en un entorno donde la represión y la restricción de derechos políticos han sido constantes desde la asonada militar.

Las autoridades militares han reiterado que únicamente los grupos alineados y debidamente inscritos estarán autorizados a integrar la observación, justificando la exclusión de críticos y opositores como medida para garantizar “la confianza” en el proceso. La reacción de la sociedad civil y de actores internacionales que han mostrado distancia con el régimen militar apunta a un escenario electoral vigilado por estructuras cercanas al poder, bajo estrictas restricciones a la fiscalización objetiva, consignó Irrawaddy.