Condenado a cinco años de cárcel un economista y comentarista crítico con las políticas de Al Sisi en Egipto

La Justicia ratificó la pena tras la difusión de artículos sobre la situación económica y el desarrollo urbano bajo el actual mandatario, mientras organizaciones internacionales denuncian violaciones al debido proceso y alertan por la creciente represión contra voces disidentes

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Según destacaron organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), el caso del economista Abdel Jaled Faruk refleja la situación de represión que enfrentan periodistas y críticos en Egipto. Estas entidades expresaron preocupación por la falta de salvaguardias legales adecuadas y señalaron deficiencias en los procedimientos judiciales llevados a cabo en este tipo de procesos. En este contexto, medios como CPJ subrayaron la importancia de garantizar un marco justo para la libertad de expresión en el país.

Un tribunal egipcio ratificó la condena a cinco años de prisión para Abdel Jaled Faruk, economista de 68 años y conocido comentarista crítico con las políticas económicas del presidente Abdelfatá al Sisi, según informó Europa Press. El dictamen judicial, hecho público este jueves, mantiene la sentencia por supuesta difusión de "noticias falsas", atribuyéndole la publicación de varios artículos donde cuestionaba el rumbo económico impulsado por el actual gobierno, incluyendo proyectos de desarrollo urbano como la nueva capital administrativa de Egipto.

La defensa de Faruk, dirigida por el abogado Nabeh al Ganadi, comunicó a través de la red social X que el tribunal confirmó la sentencia tras la presentación de un recurso, desestimando los argumentos presentados en favor del economista. Esta condena llega más de un año después de la detención de Faruk, quien permanecía privado de libertad por expresarse contra estrategias gubernamentales desarrolladas bajo el mandato de Al Sisi. Entre los temas abordados en sus artículos críticos figuraban cuestionamientos a la situación económica de Egipto y el desarrollo de infraestructuras de gran escala promovidas desde el ejecutivo.

De acuerdo con Europa Press, la defensa de Faruk había denunciado ante el CPJ en octubre pasado que el juicio adoleció de garantías esenciales para un proceso judicial justo y que el acusado no dispuso de oportunidades suficientes para ejercer su derecho a la defensa. Estas denuncias pusieron en tela de juicio la integridad del procedimiento y reavivaron la inquietud por el respeto al debido proceso en el sistema judicial egipcio, especialmente en causas relacionadas con la libertad de prensa y de expresión.

El caso también ha tenido resonancia en el ámbito internacional. Tanto el CPJ como Human Rights Watch, junto con diversas organizaciones locales de derechos humanos en Egipto, manifestaron que la condena impuesta a Faruk constituye, en su opinión, un ejemplo del aumento de la represión contra voces críticas en el país y de las limitaciones estructurales que enfrentan periodistas y escritores en el ejercicio de su labor. Estas entidades alertaron sobre una tendencia restrictiva en el entorno mediático y señalaron la insuficiencia de mecanismos de protección efectiva para quienes ejercen el derecho a opinar y cuestionar públicamente las medidas implementadas por el gobierno.

La ratificación de la sentencia judicial contra Faruk coincide con un contexto en el que reportes y denuncias internacionales insisten en la necesidad de revisar las condiciones bajo las que se desarrollan procesos contra comunicadores en Egipto. Tanto fuentes consultadas por Europa Press como las organizaciones mencionadas reiteraron la exigencia de que el gobierno egipcio asuma compromisos concretos para salvaguardar la pluralidad de opiniones y el respeto a los procedimientos legales, especialmente en casos donde la disidencia y la crítica pública constituyen el eje de la acusación.