La prórroga de las medidas aplicadas contra Al Yazira en abril de 2024 marca un nuevo periodo en el que el Ejecutivo israelí dispone de prerrogativas excepcionales para intervenir en las transmisiones de medios internacionales, sin encontrarse bajo condiciones de emergencia nacional. Según informó el diario Haaretz, la Knesset aprobó una reforma legislativa que prolonga durante dos años la denominada “Ley Al Yazira”, la cual habilita al ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, a suspender canales extranjeros y decomisar su equipamiento cuando se valoren riesgos para la seguridad estatal, sin requerir una resolución judicial.
La normativa, consolidada mediante sendas votaciones mayoritarias en segunda y tercera lecturas, elimina la exigencia de aval judicial para proceder al cierre temporal de medios internacionales en territorio israelí. Tal como consignó Haaretz, la última votación resultó con 22 parlamentarios a favor y 10 en contra, voto negativo que incluyó a nueve miembros de origen árabe. Los cambios legislativos desvinculan la orden del requisito previo de un estado de emergencia nacional, ampliando de hecho las facultades ejecutivas bajo circunstancias ordinarias. De acuerdo con el propio canal qatarí Al Yazira, la aprobación permite a las autoridades mantener fuera de operación a la cadena, al menos, hasta el final de 2027.
El precedente inmediato a esta medida se remonta a abril de 2024, cuando las autoridades israelíes emplearon la orden temporal en vigor para cerrar las oficinas de Al Yazira en el país. La oficina fue clausurada y, un mes después, sus emisiones quedaron interrumpidas tras autorizar el ministro Karhi la orden basándose en argumentos vinculados a la salvaguarda de la seguridad nacional. Tras esta actuación, la reforma sometida a votación en la Knesset incluyó una cláusula de ampliación de dos años sobre la vigencia original y la desaparición de la exigencia judicial, en contraste con el régimen anterior.
El texto legal atribuye al ministro de Comunicaciones la capacidad de actuar directamente, facultad que también se extiende al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Según resaltó Haaretz, ambos ostentan la autoridad para ordenar la incautación de equipos técnicos de los medios extranjeros suspensos, si así lo exigen razones de seguridad. El canal Al Yazira reportó que su propio caso se ha convertido en el eje de esta legislación, al quedar explícitamente afectada por la extensión del cierre y la posibilidad efectiva de pérdida de medios de transmisión en el país.
La iniciativa suscitó un amplio debate parlamentario, reflejado en los resultados de la votación y en la presencia de opositores que señalaron el impacto sobre las libertades informativas de corresponsales y delegaciones internacionales en Israel. El diario Haaretz indica que los críticos fundamentan su oposición en la concentración de poderes en manos del Ejecutivo y en el riesgo de restricciones generalizadas a la labor periodística extranjera. Sin la tutela previa del poder judicial, las suspensiones realizadas por decisión del ministro Karhi o el primer ministro podían adoptarse unilateralmente bajo la sola justificación de amenaza a la seguridad nacional.
El contexto legislativo encuentra su origen en el cierre de Al Yazira en Israel durante la escalada en la Franja de Gaza y el resurgimiento de tensiones políticas y militares en abril de 2024. La actuación gubernamental abrió un debate sobre la cobertura periodística de conflictos armados y el papel de las cadenas internacionales en la transmisión de información sensible desde o hacia Israel. Con la entrada en vigor de la reforma aprobada por la Knesset, queda establecido el marco por el cual cualquier medio extranjero que opere en territorio israelí queda sujeto a la evaluación discrecional del Ejecutivo sobre su continuidad, independientemente de la existencia de emergencia nacional formal.
Según consignó Al Yazira, la ley mantiene vigente la orden de cierre sobre sus operaciones y deja abierta la puerta a futuras suspensiones de otros medios internacionales. Con la prórroga, el ministro Karhi asegura el instrumento legal hasta finales de 2027. De acuerdo con las cifras y detalles publicados por Haaretz, la legislación avala la confiscación de recursos técnicos empleados por los corresponsales de medios extranjeros, lo que podría afectar la cobertura de acontecimientos noticiosos en Israel durante el periodo de vigencia ampliado.
En conclusión, el Parlamento de Israel materializó el fortalecimiento de la capacidad ejecutiva sobre los medios de prensa internacionales al renovar y expandir la legislación introducida contra Al Yazira en 2024, estableciendo procedimientos sumarios para la suspensión y decomiso sin intervención judicial y sin la existencia de emergencia nacional. Según la información recopilada por Haaretz y el propio canal afectado, la medida tiene efectos inmediatos sobre la libertad de información y el ejercicio del periodismo extranjero en la región.
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