El Gobierno de Colombia ha declarado este lunes la "emergencia económica y social" por un período de 30 días, después de que el Congreso del país haya tumbado a principios de diciembre la reforma tributaria con la que el Ejecutivo esperaba recaudar 16.300 millones de pesos (cerca de 3.700 millones de euros) para el completar el presupuesto de 2026.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha firmado así un decreto que afecta a todo el territorio nacional y le permitirá aprobar nuevos impuestos, alegando la "incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de unos servicios públicos esenciales".
El mandatario ha argumentado que esto ha dado lugar a una "situación fiscal que adquirió el carácter de grave" después de que la Asamblea Legislativa rechazase el pasado 9 de diciembre la reforma que le permitiría recaudar 12.000 millones de pesos (unos 2.700 millones de euros) "para la vigencia fiscal del años 2025".
El Ejecutivo colombiano ha señalado además que le han llevado a tomar esta decisión: el cumplimiento del auto del Tribunal Constitucional relacionado con la Unidad de Captación de Salud --UPC, el monto que la Administración paga a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado para financiar su atención médica--; la necesidad de garantizar la seguridad ciudadana ante alteraciones del orden público, de hacer frente a los pagos pendientes del anterior gobierno y por las restricciones al endeudamiento derivadas de las "medidas unilaterales de Estados Unidos".
El anuncio de Petro llega mientras se espera que decrete nuevos impuestos en los próximos días, que podrían incluir una tasa al patrimonio para las personas jurídicas, un aumento del IVA y de los impuestos al consumo, además de nuevos gravámenes a las bebidas alcohólicas, al tabaco, algunos alimentos ultraprocesados y a la extracción de combustibles fósiles, según recogen Caracol Radio y el diario 'El Espectador'.
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