El Gobierno de Petro declara la "emergencia económica" tras el rechazo del Congreso a la reforma tributaria

La decisión de la administración de Gustavo Petro de declarar la “emergencia económica y social” en todo el territorio colombiano, medida que tendrá una duración de 30 días, surge tras la negativa del Congreso a aprobar una reforma tributaria clave. Según detalló Caracol Radio, este paso excepcional otorga al presidente la facultad de fijar impuestos adicionales y adoptar políticas fiscales extraordinarias. El principal objetivo es cubrir el déficit presupuestario para el año 2026, que surgió luego de que el Legislativo rechazara a comienzos de diciembre una iniciativa con la que el Ejecutivo esperaba recaudar 16.300 millones de pesos (alrededor de 3.700 millones de euros).

De acuerdo con lo publicado por Caracol Radio y el diario El Espectador, el decreto firmado por Petro responde a la “incapacidad material y jurídica de garantizar, de manera continua, oportuna y suficiente, el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de unos servicios públicos esenciales”. El mandatario sostiene que la situación fiscal del país se ha agravado tras la decisión del Congreso el pasado 9 de diciembre de no aprobar una reforma tributaria con la que el Gobierno buscaba recaudar 12.000 millones de pesos (cerca de 2.700 millones de euros) para el presupuesto fiscal de 2025.

El medio El Espectador explicó que el Ejecutivo ha justificado la emergencia alegando dificultades relacionadas con el cumplimiento del auto del Tribunal Constitucional respecto a la Unidad de Captación de Salud (UPC), que establece los pagos que la Administración debe a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) por afiliado para garantizar su atención médica. A esta causa se suman la necesidad de asegurar la seguridad ciudadana en situaciones de alteración del orden público, enfrentar las obligaciones económicas heredadas del gobierno anterior y las restricciones al endeudamiento impuestas por “medidas unilaterales de Estados Unidos”.

Voceros del Gobierno indicaron a Caracol Radio que Petro utilizará esta emergencia para establecer nuevos impuestos de forma inmediata. Entre las medidas planteadas figuran una posible tasa al patrimonio para personas jurídicas, un incremento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y en los gravámenes al consumo. Además, se prevé la fijación de nuevos tributos sobre bebidas alcohólicas, tabaco, ciertos alimentos ultraprocesados y la actividad de extracción de combustibles fósiles.

El rechazo a la reforma en el Congreso se produjo cuando el Ejecutivo buscaba, a través de ella, los fondos necesarios para cerrar la brecha presupuestaria estimada para los próximos dos años. Caracol Radio y El Espectador señalaron que, según el gobierno, la falta de ingresos provenientes de esta reforma comprometía la capacidad del Estado para garantizar servicios básicos y obligaciones en sectores sensibles como la salud pública.

Como resultado de este escenario, el decreto de “emergencia económica y social” establece un marco legal que permite al Ejecutivo tomar decisiones de manera expedita en materia tributaria. Según consignó El Espectador, el gobierno también considera el contexto internacional, enfatizando que algunas restricciones al acceso a crédito internacional se derivan de medidas adoptadas por Estados Unidos, las cuales afectaron la habilidad del Estado para acceder a recursos frescos a través del endeudamiento.

El Espectador también reportó que la Unidad de Captación de Salud (UPC) representa un aspecto esencial del presupuesto público, ya que determina los recursos que el Estado debe transferir a las EPS para la atención médica de los ciudadanos. El Ejecutivo subrayó que el cumplimiento de las obligaciones que establece el Tribunal Constitucional en materia de salud requiere un marco fiscal robusto para evitar interrupciones en la prestación de servicios esenciales.

El anuncio sobre la inminente expedición de nuevos impuestos generó expectativa entre sectores económicos y sociales. Caracol Radio detalló que las posibles medidas fiscales propuestas incluyen la revisión de los tributos aplicados a sectores como el consumo, bienes de lujo y actividades extractivas, con el propósito de ampliar la base de recaudación y cubrir los compromisos presupuestarios del Estado.

El gobierno, citado por El Espectador, argumentó que la emergencia fue la única vía posible tras la negativa del Congreso, que, según sus cálculos, dejó un vacío financiero difícil de subsanar mediante otros mecanismos convencionales. Al referirse al monto de 16.300 millones de pesos que no serán ingresados al presupuesto de 2026, el Ejecutivo indicó que los próximos días serán definitorios para implementar las nuevas decisiones fiscales que permitan mantener la estabilidad macroeconómica y la prestación de servicios públicos esenciales.

La medida, que otorga al presidente Gustavo Petro acceso a poderes extraordinarios de legislación fiscal, concentra la atención de los diversos sectores políticos y de la ciudadanía respecto a su alcance, implementación y impacto en la vida cotidiana. Según concluyó Caracol Radio, la “emergencia económica y social” se traduce en la potestad del Ejecutivo para modificar el esquema impositivo de país de forma temporal y directa, evitando el trámite legislativo habitual, con la intención de preservar derechos fundamentales y el funcionamiento de servicios públicos básicos ante un escenario de estrechez fiscal.