Un tribunal de Malasia rechaza la solicitud de Najib para cumplir condena bajo arresto domiciliario

En enero de 2024, las autoridades judiciales malasias revisaron la condena de Najib Razak y la redujeron a seis años de prisión, ajustando además la multa a 50 millones de ringgit (algo más de 10 millones de euros). Pese a este ajuste, la Corte Suprema de Malasia aclaró que la rebaja no concedía margen a ninguna entidad diferente a la Junta de Indultos para modificar la privación de libertad que enfrenta el ex primer ministro por delitos de corrupción y lavado de dinero. Así lo reportó Free Malaysia Today al dar cuenta de la resolución de la más alta instancia judicial, que desestimó la solicitud de Najib de cumplir su condena en arresto domiciliario.

Según informó Free Malaysia Today, la defensa de Najib Razak intentó convencer al tribunal de que ciertas omisiones administrativas o supuestos permisos informales desde el Ejecutivo o el palacio real podrían abrir la puerta para cumplir la sentencia fuera del sistema penitenciario. Este argumento, sin embargo, no prosperó ante la Corte Suprema, que enfatizó que solo la Junta de Indultos puede modificar un régimen penitenciario y que no existen atajos institucionales en beneficio del ex mandatario.

El fallo de la jueza Alice Loke, de acuerdo con Free Malaysia Today, desestimó la validez de cualquier autorización informal, decreto ejecutivo o resolución administrativa que pretenda alterar la situación legal de Najib Razak sin el correspondiente sustento en la Constitución. La Corte dictaminó que ni el ámbito real ni el político tienen atribuciones suficientes para cambiar unilateralmente la pena impuesta a una persona condenada por corrupción, independientemente de la relevancia pública o política del solicitante.

Free Malaysia Today puntualizó que el caso de Najib Razak, quien fue sentenciado en agosto de 2022 a doce años de prisión y una multa de 210 millones de ringgit (44 millones de euros) por su implicación en el caso 1Malaysia Development Berhad (1MDB) y la filial SRC International, reavivó la discusión en torno a los límites de las prerrogativas reales y la transparencia en la asignación de beneficios penitenciarios. Las investigaciones judiciales confirmaron que el ex primer ministro causó un perjuicio al tesoro público malasio de 42 millones de ringgit (9,2 millones de euros) mediante operaciones ilícitas iniciadas en 2015.

Durante el proceso, la defensa de Najib intentó que el tribunal reconociera la posibilidad de cumplir condena fuera de prisión por ausencia de un acto oficial explícito del monarca, argumentando que esto abriría la puerta a la opción del arresto domiciliario. Sin embargo, el tribunal descartó la existencia de prerrogativas informales, señalando que solo la vía institucional, a través de la Junta de Indultos, está habilitada constitucionalmente para revisar o modificar las condenas.

Tal como consignó Free Malaysia Today, el tribunal recalcó que la reducción de la condena no habilitó ningún beneficio penitenciario adicional ni supuso autorización automática para que Najib Razak permaneciera en su domicilio. El dictamen sostiene carácter vinculante en futuras decisiones, definiendo los límites que enfrentan tanto los marcos administrativos como las autoridades políticas en la distribución y ejecución de penas en casos de corrupción y lavado de dinero.

El medio citó que el fallo tiene implicancias directas sobre el principio de separación de poderes en Malasia, pues niega la posibilidad de que decisiones extrajudiciales puedan influir en el cumplimiento de sentencias penales, revalidando el papel exclusivo de la Junta de Indultos. Este órgano se mantiene como único habilitado constitucionalmente para analizar y otorgar eventuales beneficios penitenciarios o modificaciones de condena, sin excepciones para figuras políticas de alto perfil ni para decisiones argumentadas en cuestiones informales.

Según Free Malaysia Today, la sentencia también impactó a la opinión pública al subrayar que ningún condenado, independientemente de su cargo anterior o importancia política, puede esperar un trato distinto o una vía rápida para obtener beneficios distintos a los previstos en la ley. El tribunal ratificó que Najib Razak seguirá privado de sus derechos políticos y que está obligado a restituir los fondos desviados, así como a afrontar la multa impuesta por la justicia malasia.

El dictamen judicial precisó, según Free Malaysia Today, que cualquier intento de modificar la situación legal de un preso por medio de decisiones administrativas, influencias informales o prerrogativas no reguladas resulta inválido y nulo. Solo la estricta observancia de las previsiones constitucionales a través de la Junta de Indultos permitirá eventuales conmutaciones, indultos o ajustes penitenciarios.

De acuerdo con el análisis publicado por Free Malaysia Today, el precedente que sienta el caso Najib Razak consolidará la interpretación de que el proceso constitucional y el marco institucional prevalecen sobre intereses políticos, administrativos o reales, y que la Junta de Indultos mantiene la exclusividad en la materia de concesión de beneficios carcelarios, sin considerar la identidad, trayectoria o circunstancias particulares del sentenciado.