Un tribunal de Lisboa ordena a líder de ultraderechista Chega retirar carteles contra la comunidad gitana

El origen de los carteles que motivaron la orden judicial se remonta a un vídeo viral, producido con técnicas de inteligencia artificial y difundido en septiembre a través de redes sociales, donde André Ventura aparece bailando y cantando la frase “Esto no es Bangladesh”. De acuerdo con información de la agencia Lusa, el mensaje y su difusión llegaron a colegios e institutos portugueses, generando episodios de discriminación entre estudiantes de la comunidad gitana, según la denuncia de organizaciones como SOS Racismo Portugal. Este contexto precedió la intervención de la justicia lisboeta.

Un tribunal civil de Lisboa ha exigido a André Ventura, dirigente del partido derechista Chega y candidato presidencial, que retire en el plazo de veinticuatro horas una serie de carteles de campaña desplegados en la capital y otros puntos del país por considerar que incitan a la discriminación contra la población gitana. Tal como informó la agencia de noticias Lusa, la orden fue dictada por la jueza Ana Barão, quien estableció además la prohibición de colocar nuevos carteles con mensajes “idénticos o equivalentes”. El fallo dispone una multa diaria de 2.500 euros por cada cartel que permanezca visible tras el vencimiento del plazo o por cualquier nueva instalación de material con este contenido.

El proceso judicial se inició tras la denuncia presentada por seis ciudadanos de etnia gitana, quienes acudieron a los tribunales para exigir la eliminación de carteles localizados en municipios como Lisboa, Moita, Montijo y Palmela. Entre las expresiones expuestas destacan frases como “Esto no es Bangladesh” o “Los gitanos deben obedecer la ley”. Los denunciantes argumentaron que estos mensajes promovían un clima de hostilidad hacia la comunidad gitana y vulneraban principios de igualdad y no discriminación, según consignó la agencia Lusa.

Ventura reaccionó con prontitud a la resolución judicial a través de su cuenta en la red social X. Allí calificó el día como “muy triste para la democracia portuguesa” y acompañó su mensaje con una imagen en la que se leía: “Al final, los gitanos no tienen por qué obedecer la ley”. El líder de Chega reafirmó su postura más tarde en declaraciones desde la sede de su partido en Oporto, donde manifestó su decisión de explorar la posibilidad de recurrir la sentencia, convencido de haber actuado “correctamente”. Según sus palabras, reproducidas por la agencia Lusa, Ventura considera que la comunidad gitana es la que se encuentra “incumpliendo” la ley y entiende la decisión judicial como un ejercicio de “fuerza, intimidación y amenaza”.

El político alegó que la sentencia del tribunal constituye una excepción en la historia portuguesa y advirtió sobre el precedente que establece. “Estaría bien que el tribunal fuera consciente del precedente que ha sentado hoy. Estaría bien que el tribunal conociera la injusticia que cometió hoy y el gravísimo precedente para la democracia que ha sentado hoy, en el que todas las minorías afectadas pueden sentirse con derecho a ordenar la retirada de carteles, vallas publicitarias y mensajes políticos”, señaló Ventura, según reportó Lusa.

Durante el procedimiento judicial, Ventura explicó que el objetivo de los carteles no era menospreciar a la comunidad gitana, sino abrir un debate público sobre lo que él califica como “falta de integración” y el presunto “patrón” de vulneración de las normas legales por parte de ese grupo. La agencia Lusa detalló que la Comisión Electoral había considerado legales los mensajes difundidos en la campaña. Sin embargo, el tribunal resolvió que fomentaban la discriminación y debían ser eliminados de los espacios públicos.

La controversia ha superado los cauces legales y políticos, alcanzando también el ámbito educativo. Organizaciones no gubernamentales, como SOS Racismo Portugal, han alertado del efecto reproducido en colegios e institutos, donde el vídeo viral y su mensaje lograron amplia circulación entre el alumnado, alimentando actitudes discriminatorias hacia los estudiantes gitanos, según reportó Lusa. El propio origen de los lemas usados por Chega se vincula a este material audiovisual difundido de forma anónima y masiva, impulsado por la inteligencia artificial.

La decisión judicial, al contemplar una sanción económica de 2.500 euros diarios por cada cartel que permanezca tras el plazo estipulado, introduce un mecanismo de presión inmediata sobre el líder de Chega. El efecto de esta medida abarca no solo los carteles existentes, sino también cualquier futura tentativa de replicar mensajes similares durante el periodo electoral. La jueza Ana Barão, al dictar su resolución, buscó frenar la reproducción de contenidos que pudieran avivar tensiones y actos discriminatorios, según el desarrollo del fallo conocido por Lusa.

La polémica ha puesto el foco sobre los límites de la libertad de expresión en el contexto de campañas electorales y la responsabilidad de los candidatos frente a mensajes que pudieran tener impacto en minorías. El caso también se inserta en un debate más amplio en Portugal sobre la integración social y el respeto a los derechos de las comunidades étnicas, tema que frecuentemente suscita posiciones encontradas en la opinión pública y el espectro político, de acuerdo con el análisis de la agencia.