Casi tres millones de refugiados afganos han sido expulsados de Irán y Pakistán en 2025

El Ministerio de Refugiados y Repatriación de Afganistán reportó que alrededor de seis millones de personas originarias de ese país continúan residiendo en el extranjero, sobre todo en Irán y Pakistán, la mayoría de ellas sin documentos que faciliten el acceso a derechos elementales. Bajo este contexto, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) alertó sobre los riesgos asociados al incremento de retornos forzosos, destacando la presión que supone para la limitada capacidad del Estado afgano y las comunidades receptoras. Según consignó el medio original, la emergencia humanitaria se agrava a raíz de políticas migratorias más estrictas implementadas por los gobiernos vecinos, lo que está generando un retorno masivo y no planificado que amenaza con sobrepasar la respuesta humanitaria disponible.

El medio original reportó, citando estimaciones de ACNUR, que cerca de tres millones de refugiados afganos han sido obligados a regresar desde Irán y Pakistán en 2025. La mayoría de los retornados enfrenta situaciones de extrema vulnerabilidad que comprenden abuso, inseguridad y riesgo ante fenómenos naturales, además de obstáculos considerables para acceder a servicios esenciales como vivienda, protección y oportunidades de empleo. ACNUR señaló que uno de los factores comunes en la población expulsada es la ausencia de documentación regular, lo que incrementa su exposición a violaciones de derechos y dificulta la obtención de asistencia.

Durante este año, la entrada en vigor de políticas migratorias más rígidas ha marcado un punto de inflexión. El medio detalló que Pakistán activó en abril la nueva fase del Plan de Repatriación para Extranjeros Ilegales (IFRP), enfocado principalmente en forzar la salida de residentes afganos sin papeles. A su vez, Irán aceleró en marzo sus medidas de retorno, según ACNUR, generando el regreso forzoso de más de dos millones de personas. Ambas estrategias han expuesto a los retornados a graves riesgos, tanto a nivel físico como social.

Tal como informó el medio, ACNUR describió las acciones de Pakistán e Irán como una "ofensiva sin cuartel" contra los afganos sin estatus legal, evidenciando un aumento de los controles, arrestos y deportaciones en los últimos meses. En particular, la agencia de la ONU documentó ocurrencias de malos tratos y limitaciones severas en el proceso de repatriación a Afganistán, especialmente en el caso de Irán. En el caso de Pakistán, ACNUR subrayó la exposición de los expulsados a violencia, junto a la presencia de grupos armados activos en la frontera, lo que incrementa los riesgos de seguridad para quienes transitan o intentan establecerse de nuevo en su país natal. A este panorama se sumó un episodio en octubre que involucró bombardeos y reflejó la persistente inseguridad a lo largo de la franja fronteriza.

El desafío logístico y humanitario se intensifica dentro del propio Afganistán. Según publicó el medio original con base en datos de ACNUR, la capacidad de las provincias para recibir a los repatriados se encuentra colapsada debido a la falta de infraestructura adecuada, recursos económicos y servicios sociales. Las familias retornadas se topan con dificultades para acceder a refugio, asistencia médica y educación, en un entorno donde las administraciones locales ya experimentaban fuertes restricciones presupuestarias antes del incremento de llegada de desplazados.

Las rutas de retorno incorporan riesgos adicionales vinculados a eventos naturales. ACNUR consignó que los retornados se han visto expuestos a terremotos en Irán y, posteriormente, a sismos en la zona norte de Afganistán, como el ocurrido en noviembre, además de las inundaciones reportadas en Pakistán, lo que ha complicado aún más el tránsito seguro de quienes se ven obligados a abandonar sus hogares. Estas circunstancias adversas incrementan las probabilidades de sufrir traumas, pérdidas materiales y enfermedades, obstaculizando la reintegración de los expulsados en las regiones de destino.

El fenómeno del retorno masivo, además, viene acompañado por dinámicas de desplazamiento interno en Afganistán. Muchas de las personas expulsadas abandonaron el país inicialmente por temor a represalias bajo el régimen talibán, vigente en el poder desde el año 2021. A su regreso, encuentran comunidades incapaces de absorber tal volumen de nuevos residentes, lo que genera tensiones y sobrecarga la limitada oferta de servicios y recursos en localidades que ya enfrentaban dificultades previas.

La situación se ve agravada ante la escasez de apoyo financiero internacional y la insuficiencia de recursos locales. Según el medio original, ACNUR solicitó una partida de 250 millones de euros con el objetivo de proveer alojamiento temporal, artículos de primera necesidad y servicios de protección tanto para los desplazados que acaban de llegar como para las familias ya asentadas en Afganistán. La agencia fue enfática al advertir que, si no se obtienen fondos adicionales y una respuesta internacional coordinada, la suma de retornos masivos, déficits estructurales en los países vecinos y baja financiación podría provocar una crisis de mayores proporciones.

La presión que ejerce esta situación no solo afecta de forma directa a los repatriados, sino que impacta también a las comunidades afganas de acogida. Estas localidades se enfrentan al desafío de ofrecer servicios básicos a miles de personas que necesitan atención médica, oportunidades educativas y recursos para reinsertarse económicamente. La limitada capacidad del Estado y de las organizaciones humanitarias agrava las carencias, detalló el medio, incrementándose los riesgos de exclusión y marginalización tanto para los regresados como para los residentes locales.

ACNUR y la Organización de las Naciones Unidas instaron, según reportó el medio, a fortalecer la cooperación internacional y movilizar recursos urgentes para contener el deterioro humanitario en Afganistán y su entorno regional. Diversos organismos internacionales coincidieron en expresar su preocupación por la potencial expansión de la emergencia, dado el ritmo de retornos, la escasez de planificación y la fragilidad existente en las estructuras de apoyo social. Las demandas inciden especialmente en la articulación de políticas multilateralmente consensuadas, con el fin de evitar una crisis aún mayor tanto dentro de Afganistán como en los países vecinos.

El medio original también advirtió que el efecto acumulativo de las expulsiones forzadas se refleja en todos los ámbitos, desde la cobertura de necesidades básicas hasta la seguridad personal y la cohesión social. La exposición a riesgos de violencia, abuso y carencia de alternativas para la subsistencia marcan la experiencia de los retornados, mientras que las comunidades de acogida ven acentuadas sus dificultades. La persistencia de un entorno inestable en el sur y centro de Asia plantea retos adicionales a las estrategias de protección y asistencia, exigiendo una respuesta rápida, adaptada a la magnitud y complejidad del reto.