El fallo emitido por el Tribunal Constitucional de Portugal sobre la reforma de la ley de nacionalidad fue adoptado por unanimidad en la mayor parte de los artículos impugnados, según la agencia de noticias Lusa. La decisión determinó que tres de las cuatro disposiciones incluidas en la normativa resultaban contrarias a la Constitución, y sólo una de ellas fue rechazada por mayoría. Esta resolución provocó que el presidente del país, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciara la devolución del texto legislativo a la Asamblea Nacional, bloqueando la entrada en vigor de unas medidas que buscaban endurecer los requisitos para acceder y conservar la nacionalidad portuguesa.
De acuerdo con lo publicado por Lusa, Rebelo de Sousa recurrió a la atribución de veto prevista en el artículo 279 de la Constitución, haciendo uso de la notificación formal recibida sobre la declaración de inconstitucionalidad. El jefe de Estado envió una carta al presidente de la Asamblea, José Pedro Aguiar-Branco, para comunicar la devolución de los artículos cuestionados de la reforma de la ley de nacionalidad, así como de las modificaciones asociadas al Código Penal.
Según detalló la agencia, el texto vetado por el Tribunal establecía la posibilidad de privar de la nacionalidad portuguesa a individuos con doble ciudadanía que fueran condenados a penas de prisión de al menos cuatro años durante la década siguiente a la obtención de la ciudadanía. También se contemplaban ajustes que restringían el derecho a la nacionalidad para personas nacidas en Portugal y ampliaban los tiempos mínimos de residencia exigidos a ciudadanos extranjeros para solicitar la nacionalidad.
Este proyecto legislativo, impulsado por el gobierno dirigido por Luis Montenegro, recibió el respaldo de 157 diputados en octubre, incluyendo a representantes de la ultraderecha y partidos liberales, mientras que otros 64 parlamentarios votaron en contra. Lusa reportó que la iniciativa generó un amplio debate en el país sobre las limitaciones en el acceso a la ciudadanía y la posibilidad de una pérdida automática de derechos en caso de condenas penales, escenario que preocupó tanto a representantes de la sociedad civil como a colectivos de defensa de los derechos de inmigrantes.
Los cambios rechazados suponían la primera revisión relevante del régimen de nacionalidad desde las reformas previas que flexibilizaron el acceso para descendientes de judíos sefardíes y otras poblaciones específicas. Organizaciones cívicas y de apoyo a personas migrantes advirtieron sobre las consecuencias negativas que podría desencadenar la restricción al derecho a la nacionalidad para nacidos en Portugal, considerando el impacto potencial en los sectores más vulnerables de la población.
El comunicado difundido por la Presidencia portuguesa enfatizó que todo el proceso de control preventivo de constitucionalidad se llevó a cabo a petición del propio presidente, conforme a las facultades otorgadas en la Carta Magna. Tras el dictamen contrario del tribunal, el Ejecutivo decidió devolver el articulado sin promulgarlo, remitiendo así el expediente al Parlamento para su posible revisión y enmienda.
De acuerdo con Lusa, la controversia sobre la reforma de la nacionalidad se encuadra en una coyuntura de debate político e institucional acerca de las prerrogativas del Estado en materia de ciudadanía y el respeto a los derechos fundamentales. El veredicto unánime del Tribunal Constitucional reforzó el consenso sobre la necesidad de garantizar el encaje de cualquier cambio legal en los principios fundamentales recogidos en la Constitución.
El futuro de estas reformas queda ahora en manos de la Asamblea Nacional, que podrá modificar el articulado o introducir nuevas propuestas antes de someterlas de nuevo al control presidencial. El comunicado de la Presidencia se limitó a informar sobre los pasos dados hasta el momento, sin detallar plazos concretos para la posible reactivación del debate legislativo o la adopción de nuevas medidas.
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