Paz levanta el subsidio al combustible en Bolivia y aumenta un 20% el salario mínimo

La eliminación de los subsidios a los combustibles en Bolivia redistribuirá recursos antes administrados por el gobierno central directamente a los gobiernos departamentales y municipales, que tendrán la responsabilidad de destinarlos de manera prioritaria a sectores como la salud, la educación y otros servicios esenciales. Según informó El Deber, estas medidas se insertan en el denominado “Decreto por la Patria”, anunciado por el presidente Rodrigo Paz tras la declaración de emergencia económica y social en el país, y representan un viraje en la política económica del Estado ante el deterioro de las reservas internacionales y el aumento de la presión fiscal.

El paquete de reformas incorpora el “silencio administrativo positivo”, una nueva regla legal que establece la aprobación automática de trámites ciudadanos ante entidades estatales, en caso de que estas no respondan dentro del plazo previsto por la ley. De acuerdo con El Deber, el Ejecutivo busca agilizar los procesos y desmantelar las barreras burocráticas que han caracterizado la relación entre la ciudadanía y el aparato estatal. La medida forma parte de una estrategia más amplia de modernización administrativa, orientada a reducir cuellos de botella y a generar una gestión pública más eficiente y transparente.

Junto con el levantamiento de los subsidios, el gobierno anunció un incremento del 20% en el salario mínimo, que se fijará en 3.300 bolivianos mensuales, equivalentes a 407 euros sobre la base del cambio oficial, a partir de enero de 2026. El Deber reportó que la renta dignidad, pensión destinada a los adultos mayores y que no depende de aportes previos al sistema, también registrará un aumento y se ubicará en un máximo de 500 bolivianos mensuales, lo que representa menos de 60 euros. El gobierno aseguró que estos aumentos pretenden suavizar el impacto social de la desaparición de los subsidios y resguardar el poder de compra de los sectores más expuestos al encarecimiento de productos y servicios básicos.

Según consignó El Deber, el gobierno atribuyó la necesidad de aplicar este conjunto de medidas a la drástica reducción de reservas internacionales y al crecimiento ininterrumpido de los déficits fiscales. El Ejecutivo responsabilizó directamente al Movimiento al Socialismo (MAS) y al mandato de Luis Arce, argumentando que el mantenimiento por años de los subsidios a los combustibles comprometió la estabilidad financiera estatal, restando flexibilidad al Tesoro para enfrentar emergencias económicas y demandas sociales crecientes.

En el ámbito de la política fiscal, el “Decreto por la Patria” introduce incentivos para la repatriación de capitales. Conforme detalló El Deber, se contemplan exenciones tributarias completas para quienes decidan retornar fondos al país e invertirlos en actividades productivas consideradas estratégicas. La intención declarada es estimular el flujo de recursos hacia sectores capaces de generar valor agregado y empleo directo, revertir la fuga de capital y reforzar la base industrial nacional.

La reasignación de los recursos liberados por el fin de los subsidios se regirá bajo sistemas estrictos de rendición de cuentas y fiscalización, buscando prevenir un uso arbitrario o politizado de estos fondos y garantizando la transparencia en su administración. Según explicó el presidente Paz, citado por El Deber, esta nueva estructura de gestión permitirá a los gobiernos subnacionales diseñar respuestas más adecuadas para las necesidades propias de cada región, acentuando la descentralización y promoviendo la supervisión pública sobre el destino y el uso de los recursos.

Tal como destacó El Deber, la implementación del “silencio positivo” procura modificar la experiencia administrativa de los ciudadanos, sustituyendo antiguas percepciones de procesos lentos y poco transparentes por un referente de mayor agilidad y eficacia institucional. Analistas consultados remarcaron que la iniciativa aspira a despejar los obstáculos tradicionales de la gestión pública y a permitir que proyectos empresariales o sociales accedan más fácil a las autorizaciones estatales necesarias para su desarrollo y ejecución.

El cambio económico tiene consecuencias directas en el mercado de hidrocarburos, donde la eliminación inmediata de los subsidios incidirá en los precios, con repercusiones en los costos de transporte, el consumo de energía y la operatividad de la industria. El Deber subrayó que tanto los hogares como las empresas bolivianas deberán ajustarse a un nuevo escenario donde los precios reflejarán el costo real de los insumos energéticos. El Ejecutivo plantea que la redistribución de los fondos ahorrados apuntalará la equidad y fortalecerá la capacidad del Estado para responder a las demandas ciudadanas.

En el plano financiero, la ejecución de este paquete de reformas persigue transformar tanto la prestación de servicios públicos como el funcionamiento institucional del país. Según enfatizó El Deber, la transparencia, la eficiencia administrativa y la descentralización surgen como principios en los que el Ejecutivo cifra sus expectativas para dejar atrás la ineficiencia conocida como “Estado tranca”, orientando el diseño institucional hacia una mayor capacidad operativa frente a las crisis económicas y las necesidades urgentes de la sociedad boliviana.