El Gobierno, sobre la aprobación de Mercosur: si se ha esperado 25 años, se puede aguantar un mes más

La volatilidad en torno al calendario para la entrada en vigor de las salvaguardas, elementos clave para proteger el mercado interno y autorizar la suspensión temporal de importaciones en situaciones de distorsión, ha definido la fase más reciente de las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur. Según reportó el medio, estas medidas no se activarán hasta enero, lo que ha forzado a retrasar la firma del acuerdo de libre comercio, negociado durante veinticinco años, hasta contar con un marco definitivo que respalde los intereses de los países miembros y, especialmente, del sector agrícola.

El medio detalló que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, notificó formalmente a los representantes de los veintisiete Estados miembros en Bruselas que el pacto comercial no se firmará en la fecha originalmente prevista, sino que el proceso se aplaza al menos hasta el comienzo del próximo año. Este retraso responde, en gran medida, a la necesidad de que los colegisladores adopten de forma definitiva las salvaguardas acordadas entre el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, dispositivos fundamentales para garantizar que los productores europeos cuenten con mecanismos eficaces ante posibles desequilibrios de mercado derivados del tratado comercial.

De acuerdo con el medio, Italia ha manifestado su apoyo al acuerdo bajo la condición de que se incluyan garantías claras y específicas para sus agricultores. Esta posición, respaldada por declaraciones surgidas tras el reciente diálogo entre la primera ministra, Giorgia Meloni, y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, refleja la preocupación de varios gobiernos europeos sobre el impacto del tratado en el sector primario. El texto indica que estas demandas italianas podrían resolverse pronto, siempre que exista la voluntad política suficiente en la Comisión Europea para acomodar las reclamaciones planteadas.

Durante la cumbre de líderes europeos celebrada en Bruselas, la defensa del sector agrícola y la estabilidad de los mercados internos dominaron la agenda de las discusiones, según consignó el medio informativo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, enfatizó que resulta prioritario esperar a que las reglas de protección para los agricultores estén plenamente operativas antes de proceder con la firma. Asimismo, el gobierno francés solicitó el fortalecimiento de los controles aduaneros a fin de evitar posibles riesgos para los productores europeos, postura que halló resonancia en diversos Estados miembros y complica la posibilidad de concluir el acuerdo dentro del año en curso.

El medio enfatizó que, entre los requisitos principales que condicionan la ratificación del tratado, se encuentra la vigilancia permanente de los mercados y la capacidad de suspender importaciones de productos considerados sensibles. La implementación de estos instrumentos busca mitigar los posibles perjuicios para el sector agrícola ante aumentos imprevistos de importaciones. Los dispositivos legislativos que autorizarán estas medidas todavía se encuentran en etapa de elaboración, lo que impide avanzar hacia la aprobación definitiva mientras no se disponga de marcos legales robustos y consensuados.

Voceros gubernamentales citados por el medio puntualizaron que el éxito de la negociación requiere que la Comisión Europea y los Estados miembros logren un equilibrio entre las necesidades del sector agrícola y los compromisos internacionales con los países del Mercosur, bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La finalización del proceso de aprobación queda, así, supeditada tanto a la conclusión de las etapas legislativas como a la superación de las reservas expresadas por algunos países europeos.

De acuerdo con el medio, las demoras también reflejan la cautela institucional adoptada ante la urgencia de consolidar todas las garantías solicitadas y, al mismo tiempo, alcanzar una posición común respecto a los controles aduaneros y salvaguardas específicas para el agro. Autoridades europeas consultadas insisten en que acelerar el proceso sería contraproducente si no se garantiza que los mecanismos protectores funcionen de manera efectiva desde el inicio.

Como destacó el medio, el posicionamiento de Italia adquiere un papel relevante en este escenario al subrayar la disposición del gobierno italiano para facilitar un consenso siempre que se atiendan las exigencias relacionadas con la agricultura. La percepción en Bruselas es que, si la Comisión Europea y los legisladores logran avances en la definición de garantías solicitadas, esto podría reactivar apoyos al acuerdo de cara a los próximos meses.

El medio reportó que los Estados miembros consultados consideran que, después de dos décadas y media de negociaciones, la ampliación de un mes en los plazos resulta manejable si de ello depende asegurar la protección adecuada de los agricultores y la obtención del respaldo definitivo al pacto. La evaluación de estos gobiernos es que la espera adicional, aunque no deseada, constituye un respiro necesario para ultimar los sistemas de protección y establecer condiciones aceptables para todos los actores implicados.

La complejidad de armonizar los intereses de los Estados miembros de la Unión Europea y los socios de Mercosur define el ritmo de las deliberaciones y sostiene la cautela institucional predominante. El contexto, según detalló el medio, está determinado por la presión para culminar un proceso extenso, pero también por la convicción de que la certidumbre para los agricultores y la protección de los mercados internos deben prevalecer en cualquier acuerdo final de libre comercio entre ambos bloques.