El PP ha registrado en el Parlament una proposición no de ley (PNL) para prohibir el burka y el niqab en edificios públicos.
La iniciativa, según recoge el texto, pretende "combatir prácticas contrarias a los derechos fundamentales, la igualdad y la dignidad de las mujeres y las niñas, entre ellas la imposición del velo islámico integral, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina".
La diputada 'popular' Cristina Gil ha subrayado que esta iniciativa no va contra ninguna religión, sino "claramente a favor de la libertad, la dignidad y la igualdad de las mujeres".
En este sentido, ha afirmado que el burka y el niqab son símbolos de sumisión que no tienen cabida en una sociedad democrática avanzada y no deben permitirse en edificios públicos.
A través de esta proposición no de ley, el PP defiende que el uso del velo islámico integral constituye una forma de opresión incompatible con los valores constitucionales dado que "la Constitución Española es muy clara cuando proclama la igualdad entre mujeres y hombres y sitúa la dignidad de la persona como base del orden político y de la paz social".
"La libertad religiosa no puede utilizarse como excusa para justificar prácticas que discriminan y anulan a las mujeres", ha afirmado Gil.
La diputada 'popular' ha destacado también que países como Francia, Bélgica, Dinamarca, Austria, Bulgaria o Suiza ya han legislado para prohibir el velo integral en espacios públicos, especialmente por razones de igualdad y de seguridad, y ha señalado que "España no puede quedarse atrás cuando se trata de defender los derechos humanos".
La iniciativa del PP aborda además otras prácticas, a su juicio, "especialmente graves" como la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados e infantiles, reconocidas internacionalmente como formas extremas de violencia contra mujeres y niñas.
"Estamos hablando de auténticas barbaridades que destrozan la vida de miles de niñas y mujeres cada año", ha alertado Gil, quien ha insistido en que "no existe ninguna tradición cultural que pueda estar por encima de los derechos humanos".
En este sentido, el texto insta al Parlament a declarar que estas prácticas son contrarias a los valores esenciales de la sociedad y a exigir su persecución y castigo.
Asimismo, se reclama al Gobierno central que impulse las reformas legislativas necesarias para prohibir el uso del velo islámico integral en todos los edificios e instalaciones de titularidad pública.
"Cada siete segundos una niña es obligada a casarse en el mundo. No podemos mirar hacia otro lado", ha concluido Cristina Gil, quien ha defendido que "las instituciones tienen la obligación moral y legal de proteger a las mujeres y a las niñas frente a cualquier forma de violencia, opresión o discriminación".
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