
El Tribunal de Cuentas Europeo (ECA, por sus siglas en inglés) ha advertido de deficiencias en las agencias europeas que luchan contra el fraude de los fondos comunitarios, especialmente por problemas en el intercambio de información y la falta de control sobre la recuperación del dinero malversado.
Los auditores han analizado el funcionamiento del sistema europeo antifraude, en el que participan la Fiscalía Europea, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y otras agencias como Europol y Eurojust. Aunque sus funciones son distintas, el Tribunal subraya que están llamadas a complementarse para proteger el presupuesto comunitario.
Sin embargo, el informe constata que el intercambio de información entre estos organismos no es suficientemente fluido, lo que limita la eficacia de las investigaciones. En particular, señala dificultades en la relación entre la Fiscalía Europea, que investiga los delitos penales, y la OLAF, responsable de las investigaciones administrativas.
Según los auditores, los procedimientos actuales son complejos y pueden generar duplicidades, ya que un mismo caso puede ser notificado a varios organismos sin una coordinación clara. Esto puede provocar retrasos y también el riesgo de que algunas denuncias no lleguen a la Fiscalía Europea para evaluar si existe un delito.
Entre 2022 y 2024, la Fiscalía Europea y la OLAF recibieron cerca de 27.000 denuncias de fraude, aunque solo alrededor de un tercio dio lugar a una investigación. Durante ese periodo, las investigaciones permitieron reclamar y asegurar importantes cantidades de dinero, aunque con resultados desiguales.
El Tribunal advierte además de que la Comisión Europea no dispone de un sistema eficaz para saber si el dinero que se ordena recuperar tras las investigaciones acaba devolviéndose al presupuesto de la UE, por lo que considera insuficiente su supervisión en esta materia.
Ante esta situación, los auditores piden aprovechar la revisión en curso del sistema europeo de lucha contra el fraude para mejorar la coordinación entre agencias, simplificar la tramitación de las denuncias y reforzar el control sobre la recuperación de los fondos comunitarios.
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