Los auditores de la UE detectan fallos en la coordinación de las agencias antifraude

El informe del Tribunal de Cuentas Europeo resalta que entre los años 2022 y 2024, la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) recibieron en conjunto cerca de 27.000 denuncias relacionadas con presuntos fraudes en la Unión Europea, aunque solo un tercio de esas notificaciones desencadenó investigaciones formales. Este dato encabeza el reciente análisis de los auditores de la UE, quienes advierten que la falta de mecanismos de supervisión estrictos y coordinación efectiva dificulta el restablecimiento de los fondos defraudados al presupuesto comunitario, según consignó el medio.

De acuerdo con lo reportado, el Tribunal de Cuentas Europeo identificó insuficiencias en el entramado institucional encargado de la lucha antifraude, señalando límites en el cruce de información y la asignación de competencias entre organismos como la Fiscalía Europea, la OLAF, Europol, Eurojust y otras entidades especializadas. Tal como detalló el medio, aunque cada una de estas instancias cumple un rol específico, el funcionamiento global del sistema depende de la eficacia en la colaboración y el intercambio de información, algo que, hasta el momento, presenta deficiencias importantes.

Según la evaluación publicada, la falta de coordinación se expresa principalmente entre la Fiscalía Europea, responsable de la persecución penal, y la OLAF, encargada de las investigaciones administrativas. Esta fragmentación genera duplicidades, ya que los mismos casos pueden remitirse a distintas agencias sin establecer claramente cuál debe asumir el liderazgo en la investigación, fenómeno que provoca demoras y la posibilidad de que ciertas denuncias no lleguen a la instancia penal adecuada.

El medio también informó que los procedimientos actuales, considerados complejos por los auditores, han resultado en que muchos casos no reciban atención suficiente o se pierdan en trámites administrativos sin llegar a una resolución definitiva ante los tribunales. Los auditores remarcaron que esta situación disminuye la eficiencia de las pesquisas y limita la protección plena de los recursos de la UE.

Respecto a la recuperación de fondos, el informe subraya que, aunque las agencias han posibilitado la devolución o aseguramiento de sumas consideradas importantes, los resultados varían dependiendo de cada expediente. No obstante, persiste una carencia de seguimiento sobre los procesos de recuperación debido a la ausencia de sistemas de control sólidos, lo que implica un riesgo de que parte de los recursos no retornen efectivamente al presupuesto comunitario.

Tal como publicó la fuente, el Tribunal de Cuentas Europeo enfatizó que la Comisión Europea carece de información adecuada y de los instrumentos necesarios para garantizar y certificar que los fondos recuperados por fraude vuelvan a integrarse en el sistema presupuestario común. La falta de esta supervisión centralizada abre la posibilidad de que fondos recuperados permanezcan fuera de control, complicando la respuesta institucional ante episodios de malversación.

El análisis recomienda que la reforma vigente del sistema antifraude represente una ocasión para reforzar la coordinación interinstitucional y simplificar la gestión de denuncias. Según detalló el medio, los auditores sostuvieron que mientras persista la fragmentación de competencias y los flujos de datos sigan siendo limitados, la respuesta frente al fraude seguirá resultando insuficiente y dispersa.

Además, los especialistas instaron a la Comisión Europea a mejorar los mecanismos que permitan comprobar la recuperación real de los recursos y a establecer una vigilancia eficaz sobre la reintegración del dinero recuperado en el presupuesto de la Unión. Este enfoque pretende evitar que fondos obtenidos tras procesos de investigación se pierdan en procedimientos administrativos o no sean canalizados correctamente hacia el sistema presupuestario conjunto.

Entre las recomendaciones expuestas en el informe, el Tribunal subraya la necesidad de corregir los puntos débiles que permiten que ciertos casos de fraude se diluyan en procedimientos sin resolución penal o efectiva restitución de fondos. Según recogió el medio, los expertos consideran esencial que la prevención y la reacción institucional ante la mala gestión de los recursos europeos dependa tanto de la restitución completa del dinero malversado como del desarrollo de procesos bien articulados entre las diferentes agencias implicadas.

Los resultados presentados por el Tribunal de Cuentas Europeo ponen de manifiesto que, pese a los progresos observados en la lucha contra el fraude dentro de la Unión Europea, la fragmentación de funciones y la falta de canales suficientes de intercambio de información constituyen obstáculos que inciden de forma negativa sobre la protección global del presupuesto comunitario.

Por último, la publicación remarca que los expertos consultados insisten a la Comisión Europea en la importancia de mantener y fortalecer los esfuerzos orientados a construir una respuesta cohesiva y eficiente, lo que contribuiría a que los recursos financieros recuperados por operaciones de fraude regresen al presupuesto común en tiempo y forma, fortaleciendo así la capacidad de gestión y control frente a la malversación.