
Las declaraciones del Banco de Rusia del viernes confirmaron que ya se han implementado pasos para responder ante las acciones de la Unión Europea sobre los activos rusos congelados, según reportó el medio que publicó la noticia. En paralelo, el gobierno ruso ha presentado una demanda en el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra la decisión de Euroclear por los perjuicios provocados al Banco de Rusia. Dentro de este contexto, Moscú advirtió que cualquier utilización de sus fondos retenidos en territorio de la UE para apoyar a Ucrania generará una reacción inmediata y cuestionó la legalidad de las medidas propuestas por Bruselas.
De acuerdo con lo informado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sostuvo este sábado que responderá “rápidamente” si la Unión Europea procede a destinar fondos financieros rusos embargados al pago de compensaciones o a cualquier modalidad de financiamiento para Ucrania. Esta postura se expuso después de que los países europeos confirmaron el viernes la inmovilización indefinida de 210.000 millones de euros en activos rusos localizados en territorio comunitario. Esta congelación se considera un paso anterior al uso de estos fondos para sustentar lo que los líderes europeos han denominado un “préstamo de reparación” a Ucrania, tema que se espera discutir durante la cumbre convocada para la próxima semana.
La portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, argumentó que “la disposición de nuestros activos soberanos sin consentimiento de la Federación Rusa, sea un bloqueo indefinido, una confiscación o presentar su confiscación ‘de facto’ como algún tipo de ‘préstamo de reparación’ es absolutamente ilegal y supondría una evidente violación de las normas del derecho internacional”, según recogió el medio que difundió sus declaraciones en rueda de prensa. Añadió que cualquier argumento o fórmula “pseudolegal” que intenten emplear las autoridades europeas para legitimar la medida solo constituye “un flagrante y banal robo”. Insistió en que la reacción rusa será inmediata frente a cualquier avance en esa dirección.
Las autoridades de Moscú apuntan su crítica de manera especial hacia Bélgica y a su primer ministro, Bart De Wever, dado que Euroclear, la entidad depositaria encargada del manejo de parte de los activos congelados, tiene su sede en ese país. Zajarova indicó que Bélgica resultará el país más afectado por una posible confiscación “de facto”, llegando a comparar esta medida con el robo de bienes pertenecientes a una embajada extranjera.
La portavoz señaló además que la Comisión Europea, con el respaldo de algunos gobiernos europeos contrarios a Moscú, ha impulsado este proceso. Según dijo, varios Estados miembros de la Unión Europea ya expresaron su oposición total a la medida, a la que calificó de “trama fraudulenta contra los activos rusos”. Zajarova sostuvo que esta decisión causará daños no solo al sistema económico europeo, sino también a la imagen global del bloque, que alguna vez fue considerado por Moscú como un socio comercial y de inversión fiable. Según sus declaraciones, “la UE no podrá compensar el daño que causará” a su propio entramado económico y reputacional.
Desde la perspectiva del gobierno ruso, la decisión de la UE representa también un obstáculo para resolver el conflicto en Ucrania a través del diálogo y afecta negativamente los esfuerzos internacionales que buscan una solución negociada. Zajarova expresó que la iniciativa europea incide de manera directa, según sus palabras, en las propuestas de paz presentadas por el expresidente estadounidense Donald Trump.
En cuanto al impacto de la medida en el contexto internacional, Zajarova enfatizó que este tipo de actos “no quedan impunes en las relaciones internacionales”. También acusó a la UE de recurrir a lo que consideró “robo” debido al peso económico que representa el apoyo a Ucrania y que, según ella, está resultando “cada vez más insoportable” para los países europeos.
Por otro lado, el medio que dio a conocer estas declaraciones subrayó que la base legal de la confiscación o el manejo de bienes rusos sin consentimiento de Moscú ha sido rechazada por las autoridades rusas, que tildan la acción de “ilegal” y de violar abiertamente el derecho internacional. El proceso iniciado en el Tribunal de Arbitraje de Moscú contra Euroclear refleja la postura del Kremlin de recurrir a canales judiciales para contrarrestar los efectos de la medida.
Así, la confrontación acerca del destino de los fondos congelados se mantiene como un nuevo punto de fricción entre Rusia y la Unión Europea en el contexto de la guerra en Ucrania, con advertencias públicas de Moscú sobre consecuencias inmediatas y cuestionamientos, expuestos ante la opinión pública, respecto tanto a la legalidad de la decisión comunitaria como a su potencial impacto en la reputación y estabilidad financiera europea.
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