En uno de los anuncios realizados durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, identificó la extorsión como uno de los principales desafíos de seguridad, resaltando la necesidad de erradicar este delito mediante la reciente aprobación de la Ley contra la extorsión. La reunión también contó con la participación de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien señaló los avances obtenidos desde la implementación de una estrategia nacional, que incluyó la recepción de más de 102.000 reportes al número 089 y la detención de más de 600 individuos en cerca de 22 entidades federativas, cifra que demuestra la magnitud de la problemática. En este contexto, durante su primera comparecencia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos presentó un plan estratégico enfocado en modernizar la procuración de justicia, aumentar la coordinación con fiscalías locales, robustecer la inteligencia criminal y ubicar como eje central la atención a las víctimas, según informó la agencia EFE.
Godoy Ramos asumió la titularidad de la FGR en reemplazo de Alejandro Gertz Manero, quien renunció al cargo el 27 de noviembre. Durante el encuentro, la funcionaria expuso los seis ejes principales que guían su proyecto institucional, orientado a establecer una dependencia eficaz y alineada con los actuales retos en México. "Vamos a construir una Fiscalía a la altura de los tiempos, que ponga en el centro a la víctima, que actúe con ética, integridad, profesionalismo y resultados. Continuaremos combatiendo cualquier resquicio de corrupción y negligencia", manifestó Godoy Ramos, en declaraciones recolectadas por EFE.
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Uno de los puntos clave del plan delineado por la nueva fiscal consiste en una colaboración estrecha de la FGR con el Gabinete de Seguridad nacional y el fortalecimiento de las 33 fiscalías locales. De acuerdo con EFE, el modelo dará prioridad a la actualización de mecanismos de investigación, así como a la modernización de los sistemas de inteligencia criminal, que deben responder a los estándares exigidos por el sistema penal vigente en el país.
En materia de estructura institucional, Godoy Ramos propuso una reingeniería de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), órgano dependiente de la FGR, para dirigir sus capacidades hacia el combate de delitos considerados de alto impacto social. Según detalló la nueva titular, se impulsará internamente la modernización de esta agencia junto a una revisión de los procedimientos actuales, con vistas a aumentar la efectividad en investigaciones y persecución de responsables.
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Sobre la formalización de este proyecto, la procuradora adelantó que el plan estratégico integral se dará a conocer de forma oficial en los próximos días, en apego a los lineamientos legales vigentes. De acuerdo con EFE, el objetivo general consiste en asegurar que la FGR cuente con herramientas administrativas, tecnológicas y humanas que permitan responder adecuadamente a las demandas sociales en materia de procuración de justicia.
La sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública también permitió la aprobación del Acuerdo Nacional contra la Extorsión. En ese contexto, García Harfuch admitió, según reportó EFE, que la extorsión es uno de los delitos que más preocupan a la sociedad mexicana. Desde la implementación de la estrategia nacional el 6 de julio, las fuerzas de seguridad han logrado dar respuesta a un alto número de denuncias anónimas y concretar detenciones significativas. El funcionario subrayó la importancia de profesionalizar los cuerpos policiales y reforzar la coordinación interinstitucional, junto a la mejora de los sistemas de información, para optimizar la capacidad de respuesta ante este y otros delitos.
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Con la entrada en vigor de la nueva Ley contra la extorsión, la FGR obtiene mayores facultades, ya que ahora el delito puede ser perseguido incluso sin la presentación de una denuncia formal por parte de la víctima. EFE explicó que, hasta antes de esta reforma, la extorsión pertenecía al fuero común, lo que implicaba la necesidad de una denuncia particular para que el Ministerio Público iniciara una investigación. La legislación actual habilita a la FGR para actuar de oficio, con lo cual se espera aumentar la capacidad del Estado para combatir la extorsión en todo el territorio nacional.
Durante su intervención, Godoy Ramos confirmó que la atención prioritaria a las víctimas será un elemento transversal en todas las acciones de la Fiscalía, junto con el compromiso de erradicar actos de corrupción y negligencia dentro de la institución. EFE indicó que los seis ejes anunciados incluyen, además, la articulación con los distintos niveles de gobierno y con los organismos encargados de la seguridad pública, para garantizar respuestas más integrales ante la demanda social de justicia.
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El encuentro estuvo marcado por la presencia de los 32 gobernadores estatales, quienes junto a la nueva fiscal y el Gabinete de Seguridad, examinaron los desafíos actuales y las acciones necesarias para fortalecer el Estado de derecho. La propuesta de Godoy Ramos busca que la FGR actúe bajo los principios de ética, integridad y profesionalismo, y que sus iniciativas reflejen resultados concretos para la sociedad.
Según enumeró la funcionaria ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, el plan de reingeniería será evaluado periódicamente, con énfasis en la transparencia y el seguimiento puntual de los avances, buscando siempre adecuarse a los requerimientos y retos emergentes en materia de criminalidad y protección a las víctimas, tal como señaló EFE.
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