Condenada a doce años de prisión en Túnez la opositora Abir Musi por "una agresión destinada a sembrar el caos"

El caso conocido como 'Oficina del Orden' adquirió relevancia en el entorno político de Túnez después de que Abir Musi, presidenta del Partido Desturiano Libre, insistiera en presentar ante la oficina de registro de la Presidencia una solicitud para impugnar los decretos relacionados con la convocatoria de electores en las elecciones municipales. Según informó la agencia tunecina TAP, la decisión de la líder opositora tuvo lugar en octubre de 2023, y tras la negativa de las autoridades a tramitar su petición, la Fiscalía ordenó su arresto.

Durante la audiencia realizada en la sala penal del tribunal de primera instancia de Túnez, Musi se presentó bajo custodia. El tribunal la sentenció a doce años de prisión por el delito de "agresión destinada a sembrar el caos", un fallo que se destaca entre los más severos dictados recientemente contra representantes de la oposición, según detalló TAP. La sentencia no solo afecta a Musi, ya que también Mariem Sasi, otra dirigente del Partido Desturiano Libre y miembro del buró político del partido, recibió una condena de dos años de prisión relacionada con los mismos hechos, conforme confirmaron a la agencia fuentes judiciales.

La acusación principal contra Musi se fundamenta en su intento de cuestionar la legalidad de los decretos emitidos por el Ejecutivo tunecino para organizar el calendario electoral. La resolución judicial evaluó el accionar de la dirigente y de quienes la acompañaron como actos destinados a la desestabilización institucional. TAP consignó que desde la detención de Musi, el proceso judicial se centró en establecer si su iniciativa de registrar oficialmente una queja por las decisiones del Gobierno constituía o no un esfuerzo deliberado para desafiar el marco organizativo impuesto por el poder presidencial.

Abir Musi mantiene una trayectoria ligada a la oposición política frente al actual mandatario de Túnez, Kais Saied. Desde 2016, Musi lidera el Partido Desturiano Libre, agrupación que congrega a antiguos miembros de la Agrupación Constitucional Democrática (RDC), el partido dominante hasta la 'Primavera Árabe' de 2011. La propia Musi desempeñó un papel en la defensa legal de la RDC durante los procedimientos que dirigieron a la disolución de ese grupo político tras la caída de Zine el Abidine ben Alí, quien abandonó el país luego de las protestas prodemocráticas que culminaron con su derrocamiento, como reseñó el medio TAP.

La recuperación política de antiguos cuadros de la RDC bajo el paraguas del Partido Desturiano Libre facilitó el regreso de exfuncionarios al debate político, resultado en la elección de Musi como parlamentaria en el ciclo legislativo iniciado en 2019. Dicha legislatura fue suspendida en 2021 después de que el presidente Saied asumiera la totalidad de los poderes ejecutivos y legislativos al disolver el Parlamento y el Gobierno, reconfigurando el sistema institucional de Túnez.

La agencia TAP señaló que, tras estos movimientos políticos, se incrementaron los procesos judiciales y otras medidas restrictivas contra actores de la oposición y críticos del Ejecutivo. El Partido Desturiano Libre, con Musi al frente, se posicionó como uno de los principales focos de resistencia a la concentración de poder en la Presidencia. Este contexto explica la carga política de los recientes fallos judiciales contra sus líderes.

La insistencia de Musi al intentar formalizar su impugnación ante la Presidencia atrajo la atención tanto de la opinión pública como de los observadores internacionales, dada la simbología de confrontación con el gobierno por parte de figuras pertenecientes a estructuras anteriores a la Revolución tunecina. Según informó TAP, los jueces interpretaron este intento como parte de una estrategia más amplia por parte de la dirigencia opositora para interpelar la legalidad de las reformas impulsadas desde la Presidencia.

El entorno legal y político de Túnez sigue marcado por disputas en torno a la legitimidad de los nuevos decretos y las reglas electorales promulgadas desde la asunción de poderes por parte de Saied. TAP agregó que el caso de Abir Musi no representa un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de acciones penales y administrativas enfocadas en restringir la capacidad de maniobra de los adversarios políticos al actual Ejecutivo.

Tanto la situación de Musi como la de Sasi permanece abierta a eventuales recursos judiciales o apelaciones, en un escenario caracterizado por la continuidad de los procesos penales contra otros referentes opositores. La agencia TAP describió estos hechos como elementos que continúan moldeando la reconfiguración política nacional, desde que la Presidencia asumió el control integral del aparato gubernamental.

La controversia acerca de la legalidad y legitimidad de los decretos presidenciales para la organización de elecciones genera debate en distintos sectores, según reflejan los informes de TAP, y sigue siendo objeto de disputa entre la ciudadanía y los grupos políticos. Mientras tanto, los casos como el de Musi y Sasi ejemplifican los riesgos y desafíos que enfrentan los actores opuestos al actual poder ejecutivo en Túnez, en especial aquellos vinculado a expresiones políticas anteriores a la 'Primavera Árabe'.