El debate acerca de la regulación de la inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos se ha intensificado en las últimas semanas, después de que casi 40 fiscales generales de diversos estados solicitaran al Congreso mantener la autoridad local para aplicar y crear normativas sobre esta tecnología. Según informó EFE, estos funcionarios, que representan a 36 de los 50 estados y abarcan distintas posturas políticas, firmaron una carta dirigida a los líderes legislativos en la que argumentaron que los gobiernos estatales tienen mayor capacidad de respuesta ante los desafíos de la IA, debido a su agilidad administrativa.
En contraste con la posición de los fiscales generales, el presidente Donald Trump anunció que esta semana formalizará una orden ejecutiva con el objetivo de establecer un marco regulatorio federal único para la inteligencia artificial. El mandatario, según publicó EFE, consideró que un enfoque nacional resulta esencial para salvaguardar la ventaja competitiva estadounidense en el sector y evitar que una multiplicidad de reglas estatales obstaculice la innovación y ralentice los procesos de aprobación de nuevos desarrollos tecnológicos.
De acuerdo con EFE, Trump manifestó en su red social Truth Social que mantener una regulación fragmentada entre los estados podría comprometer la posición de Estados Unidos en la carrera global por el dominio de la inteligencia artificial, especialmente frente a otros países como China. El presidente escribió: “Si queremos seguir liderando el campo de la IA, debe haber un único reglamento. En este momento de la carrera, estamos ganando a TODOS LOS PAÍSES, pero eso no durará mucho si tenemos 50 estados, muchos de ellos malos actores, involucrados en las NORMAS y el PROCESO DE APROBACIÓN”.
La decisión del presidente ocurre tras semanas de críticas dirigidas a la “sobrerregulación” impulsada por ciertas jurisdicciones estatales, entre ellas California, donde se han aprobado leyes específicas sobre IA en el último año, detalló EFE. Para Trump, la coexistencia de diferentes marcos regulatorios en cada estado representa un riesgo para el desarrollo eficiente del sector tecnológico. El jefe del Ejecutivo estadounidense anticipó la inminente firma de la orden ejecutiva y subrayó la necesidad de evitar que cada empresa requiera múltiples aprobaciones locales para acometer cualquier iniciativa en inteligencia artificial. “No se puede esperar que una empresa obtenga 50 aprobaciones cada vez que quiera hacer algo. ¡Eso nunca funcionará!”, afirmó en su mensaje en Truth Social, reproducido por EFE.
Mientras tanto, en la carta de los fiscales generales, reproducida por EFE, los funcionarios argumentaron que, ante una tecnología que evoluciona rápidamente, las autoridades estatales pueden responder con mayor agilidad que el ámbito federal. Reivindicaron su papel en la aplicación de las leyes vigentes y en la formulación de enfoques propios para enfrentar los retos asociados a la IA.
En el contexto internacional, la carrera tecnológica entre Estados Unidos y China permanece como un telón de fondo central. Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario ha sostenido la premisa de eliminar regulaciones y barreras que, en su visión, podrían frenar la rápida expansión de la inteligencia artificial en territorio estadounidense, informó EFE. Trump plantea que la unidad regulatoria fortalecerá la posición nacional frente a sus competidores globales.
Según consignó EFE, la medida presidencial busca homogeneizar los requisitos legales y técnicos para la implementación y desarrollo de sistemas de inteligencia artificial en todo el país, limitando la capacidad de los estados para imponer estándares distintos. Tras la entrada en vigor de la nueva normativa, las empresas tecnológicas ya no tendrán la obligación de cumplir con regulaciones estatales divergentes, sino que se someterán a una sola normativa federal en materia de IA.
El anuncio de Trump amplifica un debate ya existente en el aparato estatal de Estados Unidos, donde algunos legisladores y autoridades regionales consideran fundamental preservar las competencias locales en áreas de impacto tecnológico y social, mientras el Ejecutivo federal impulsa una estrategia centralizada, especialmente en sectores estratégicos como la inteligencia artificial.
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