La UE acuerda la armonización de las leyes penales contra la corrupción que unifica delitos y sanciones

Entre los cambios más destacados, el nuevo acuerdo europeo indica que las empresas que incurran en conductas corruptas enfrentarán sanciones económicas que podrían oscilar entre el 3% y el 5% de su facturación mundial, o bien entre 24 y 40 millones de euros, dependiendo de qué cantidad represente una suma mayor. Este endurecimiento de las consecuencias legales no solo afecta a personas físicas, sino que introduce un marco uniforme para responsabilizar a las personas jurídicas en todo el conjunto de los países miembros. El pacto legal también prevé la posibilidad de que se impongan medidas como la inhabilitación para ejercer cargos públicos o la exclusión de licitaciones y ayudas estatales, según detalló el medio El País.

Según publicó El País, las delegaciones negociadoras del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de los Veintisiete, acordaron este martes un marco legal común para la lucha contra la corrupción en la región. El objetivo central reside en homogeneizar los tipos penales y las sanciones aplicables a los delitos relacionados con la corrupción, con el fin de que todos los Estados miembros cuenten con la misma lista de comportamientos sancionados, así como con penas equiparables para quienes los cometan.

Tal como informó El País, la reforma pendiente de aprobación formal tanto del pleno del Parlamento Europeo como de los gobiernos nacionales establece una lista ampliada de delitos que serán perseguidos en todo el territorio comunitario. En esa lista se incluyen el cohecho en el sector público y privado, el delito de apropiación indebida, el tráfico de influencias, la obstrucción a la justicia, el enriquecimiento ilícito derivado de actividades corruptas, el encubrimiento y ciertas infracciones graves por desempeño ilegal de funciones públicas.

El acuerdo obliga a todos los países de la Unión Europea a fijar condenas máximas uniformes, que deberán situarse en un margen de entre tres y cinco años para los delitos enumerados, dependiendo de la gravedad de la conducta. Además de las multas económicas y las penas privativas de libertad, las autoridades podrán recurrir a penas accesorias, como impedir la participación de personas sancionadas en procesos de licitación pública o la concesión de ayudas estatales.

En el caso de las empresas, El País detalla que la futura directiva determinará las circunstancias en las que una persona jurídica podrá ser procesada, así como los criterios que regularán cuándo un Estado miembro debe asumir la jurisdicción sobre un caso de corrupción. Por ejemplo, se prevé que haya obligación de actuar si el delito se comete en el territorio nacional o si el infractor posee la nacionalidad de ese país. La jurisdicción también podrá extenderse si el implicado reside habitualmente en el país o si la víctima tiene ciudadanía o residencia en el Estado miembro afectado.

El ministro de Justicia de Dinamarca, Peter Humelgaard, quien ostenta este semestre la presidencia rotatoria del Consejo de Ministros de Justicia de la UE, valoró el acuerdo como una herramienta decisiva para actualizar y reforzar la legislación europea en materia de corrupción. En declaraciones recogidas por El País, Humelgaard afirmó: "Esta norma actualizará y reforzará el marco jurídico de la UE en materia de corrupción y constituye un paso importante en nuestra lucha común contra la corrupción y el crimen organizado".

De acuerdo con El País, la directiva acordada fusiona y actualiza dos normas europeas previas. Como novedad, obliga a los Estados miembros a dotarse de organismos especializados, tanto de prevención como de persecución de la corrupción, con personal cualificado y recursos adecuados para su funcionamiento. Estos organismos deberán realizar evaluaciones regulares para identificar los sectores o profesiones más expuestos al riesgo de corrupción y diseñar estrategias específicas orientadas a minimizar esos riesgos.

La normativa también pone especial énfasis en el apoyo a quienes denuncien delitos relacionados con la corrupción. De acuerdo con El País, los gobiernos de los Veintisiete estarán obligados a establecer medidas de protección, apoyo y asistencia para posibles informantes, aquellas personas que cooperen o faciliten pruebas a las autoridades durante procesos penales en casos de corrupción. Además, se prevé el fortalecimiento de los mecanismos de denuncia y la creación de protocolos que aseguren la confidencialidad y la seguridad de quienes intervengan en investigaciones judiciales.

El avance de esta directiva requiere aún el respaldo formal tanto del pleno del Parlamento Europeo como del Consejo, aunque tras el acuerdo alcanzado entre los negociadores legislativos se considera que el proceso se encuentra cerca de su conclusión. Según El País, los Estados deberán adaptar sus legislaciones nacionales a los criterios establecidos, asegurando la existencia de penas claras, organismos eficaces y herramientas de protección para quienes colaboren con la justicia frente a la corrupción.

Los negociadores consensuaron que la armonización de las definiciones y sanciones reducirá los vacíos legales y limitará las posibilidades de que los infractores eviten la persecución cruzando fronteras dentro del espacio europeo. Las medidas acordadas también buscan facilitar la cooperación entre los sistemas judiciales nacionales, propiciando que la lucha contra la corrupción sea más efectiva y coherente en todos los países integrantes de la UE.

Finalmente, El País reportó que con estas nuevas exigencias legales se aspira a construir un entorno menos permeable a las prácticas corruptas, maximizando la capacidad de las instituciones nacionales y europeas para prevenir, investigar y castigar todos los delitos que afecten la integridad de las administraciones públicas y el funcionamiento del mercado único.