La CNSE califica la privación lingüística como una forma de "violencia estructural" para la infancia sorda

Patricia Mora, asesora jurídica de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), advirtió que la privación lingüística implica consecuencias como retrasos en el desarrollo del lenguaje, déficits cognitivos, aislamiento social, dificultades en funciones ejecutivas, una identidad debilitada, brechas educativas y complicaciones en la salud mental. Según detalló el medio que recogió sus declaraciones, Mora argumentó que este fenómeno no debe ser tratado como un asunto individual, sino que constituye una violencia por omisión asociada a diversas formas de violencia institucional y simbólica reconocidas por la Estrategia de Erradicación de la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia (EEVIA).

El webinario titulado "La privación lingüística como forma de violencia en la infancia sorda", organizado por la CNSE, abordó las consecuencias de la falta de acceso temprano a la lengua de signos en menores sordos y enfatizó que su alcance corresponde a una forma de violencia estructural. Según consignó la fuente, la jurista señaló que estas condiciones pueden surgir a raíz de la inacción institucional, la escasez de recursos accesibles, conductas de audismo y la desvalorización, tanto cultural como simbólica, de la lengua de signos. Para Mora, reconocer este fenómeno como violencia resulta esencial para propiciar políticas públicas que garanticen derechos fundamentales como la comunicación accesible, la educación inclusiva y la participación social desde la niñez.

Natalia Mejías, referente de Infancia y Familias en el Consejo de la CNSE, expuso que el abordaje de la privación lingüística requiere enfrentar directamente una situación que afecta el desarrollo emocional, cognitivo y social de miles de niñas, niños y adolescentes sordos. Mejías recordó que permitir el acceso adecuado y temprano a una lengua natural durante el periodo crítico para la adquisición del lenguaje, es decir, entre los cero y los cinco años, constituye una exigencia ética. Señaló que cuando este acceso no se produce fallan los derechos que protegen la dignidad y el bienestar infantil. En este sentido, Mejías describió la privación lingüística como una condición estructural que puede prolongarse hasta la adolescencia si no existen entornos familiares, educativos o sociales que brinden modelos lingüísticos competentes y una comunicación accesible. Además, remarcó que la lengua de signos debe entenderse más allá de un recurso de comunicación, ya que representa un espacio de vínculo, identidad y desarrollo integral.

El análisis expuesto en el encuentro incluyó la exposición de distintas demandas. Según informó la CNSE en el marco del webinario, se enfatizó la obligatoriedad de asegurar el acceso temprano a la lengua de signos desde los primeros meses de vida. Además, se propuso consolidar modelos educativos bilingües en lengua de signos y lengua oral, establecer canales de denuncia que resulten accesibles para la infancia sorda y desarrollar indicadores que permitan identificar contextos donde el acceso lingüístico no se garantice. El registro de estas medidas responde a la necesidad de que los entornos educativos y sociales garanticen el desarrollo de modelos lingüísticos que permitan la plena inclusión y autonomía de las personas sordas desde la infancia.

De acuerdo con el medio que reportó el evento, la jurista de la CNSE insistió en que las niñas, niños y adolescentes sordos atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad cuando confluyen factores como la desigualdad de género, edad y discapacidad. La falta de accesibilidad lingüística, resaltó, limita su autonomía personal, aumenta la dependencia de terceros y refuerza la desigualdad en el ejercicio de sus derechos. Subrayó que el aprendizaje y uso de la lengua de signos debe ser considerado un derecho universal, público y gratuito, sin que se perciba como un recurso opcional o meramente complementario.

El papel del movimiento asociativo de personas sordas fue reivindicado como agente experto e indispensable para la elaboración y evaluación de políticas públicas dirigidas a la infancia sorda. La CNSE anunció además la próxima publicación del informe titulado “Privación lingüística y violencia en la infancia sorda: una aproximación desde los derechos fundamentales”, que busca aportar una visión actualizada y fundamentada sobre los desafíos que existen en esta materia.

El webinario contó con el respaldo del Ministerio de Infancia y Juventud y de la Fundación ONCE, según consignó la fuente. Ambas ponentes concluyeron su intervención con un mensaje conjunto: la eliminación de la privación lingüística debe ser asumida como una tarea colectiva y una responsabilidad institucional que trasciende el ámbito familiar, afectando directamente el ejercicio de los derechos fundamentales de la infancia sorda.