Petro acusa a los medios de publicar información falsa para vincular a su Ejecutivo con las FARC

La reciente destitución de Wilmer Mejía, quien se desempeñaba como director de la Dirección Nacional de Inteligencia, y la apertura de investigaciones internas en entidades públicas surgieron ante indicios de contactos de funcionarios estatales con disidencias armadas, según informó Europa Press. Este movimiento tuvo lugar en un contexto donde la verificación técnica de archivos digitales incautados durante operativos contra grupos ilegales se tornó central en las pesquisas que adelantan las autoridades colombianas. De acuerdo con Europa Press, la Fiscalía lidera iniciativas enfocadas en determinar tanto la autenticidad como el origen de dichos documentos, en un esfuerzo por resguardar la integridad de las pruebas incorporadas en procesos oficiales y evitar manipulaciones que puedan distorsionar el desarrollo de procedimientos judiciales.

El medio Europa Press detalló que la preocupación por la transparencia y credibilidad en el manejo de datos digitales ha crecido tras la circulación de supuestas conversaciones electrónicas que vinculan a funcionarios de alto nivel con estructuras armadas. En este escenario, el presidente Gustavo Petro atribuyó la salida de Mejía y la intensificación de controles institucionales a la necesidad de prevenir injerencias, ya sean de naturaleza política u otras, que interfieran con la objetividad de las investigaciones estatales. Diversas entidades gubernamentales implementaron medidas de supervisión adicional para afrontar la presión pública que demanda claridad respecto a la información utilizada como sustento de investigaciones oficiales.

En paralelo, la difusión reciente de chats y otros registros digitales, presuntamente originados en el entorno cercano al Ejecutivo, reavivó el debate sobre la legitimidad de tales pruebas. Coincidió con episodios claves en el ámbito político, como la liberación de Alexander Díaz, conocido como ‘Calarcá’, quien asumió el rol de gestor de paz, así como con las sanciones decretadas por el Consejo Nacional Electoral al equipo de campaña del presidente Petro por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022, reportó Europa Press. Estos acontecimientos profundizaron la demanda ciudadana de asegurar la estricta verificación de la validez y procedencia de los archivos digitales admitidos como prueba tanto en el ámbito judicial como en el informativo.

El presidente Petro, citado por Europa Press, caracterizó los documentos recientemente divulgados como “montajes tecnológicos”, indicando que la información publicada proviene de fuentes abiertas y no corresponde a expedientes reservados de la Fiscalía General de la Nación. Argumentó que la naturaleza de tales registros limita su utilidad como base para sustentar denuncias de convivencia entre funcionarios estatales y disidencias armadas. Sus declaraciones llegaron tras la aparición en medios, incluida Europa Press, de múltiples chats y mensajes digitales que implicaban comunicaciones entre servidores públicos y miembros de grupos insurgentes, lo que concentró la atención nacional en el manejo institucional de este tipo de pruebas.

Europa Press consignó que en este ambiente de alta exigencia, la transparencia estatal y la administración de registros digitales filtrados se han convertido en temas de discusión, particularmente ante la posible implicación de empleados públicos con agrupaciones armadas que operan fuera del control estatal. El flujo permanente de información en redes sociales y plataformas informativas ha posicionado la confiabilidad de las pruebas tecnológicas como núcleo del debate público, incidiendo en la percepción colectiva respecto a la capacidad institucional para controlar el acceso, uso y autenticidad de dichas pruebas, así como en la adopción de medidas correctivas frente a irregularidades detectadas.

Las acusaciones dirigidas contra la vicepresidenta Francia Márquez también se enmarcan en este contexto. Según detalló Europa Press, la publicación de informes sobre supuestos contactos entre colaboradores cercanos a Márquez y integrantes del bloque Estado Mayor Central, comandado por ‘Iván Mordisco’, dio lugar a una respuesta oficial inmediata: el Gobierno negó haber proporcionado apoyo material o financiero a entidades ilegales y sostuvo que al menos seis de las compañías de seguridad investigadas recibieron contratos bajo la administración de gobiernos previos, con lo cual buscó desvincular a la actual gestión de responsabilidades institucionales derivadas de períodos anteriores.

En materia judicial, la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con Europa Press, realiza indagaciones sobre el general retirado Juan Miguel Huertas, a quien se atribuyen presuntas irregularidades y vínculos con empresas de seguridad bajo observación. El presidente Petro sostuvo, según Europa Press, que Huertas no era parte del Ejército al comienzo de su administración, hecho que eximiría al actual gobierno de eventuales responsabilidades sobre lo ocurrido.

Europa Press reportó que la proximidad de las elecciones legislativas y presidenciales previstas para marzo y mayo de 2026 ha intensificado las demandas de controles documentales y la revisión exhaustiva de archivos digitales presentes en expedientes judiciales y coberturas periodísticas. Este entorno amplifica los retos para los órganos estatales, que deben gestionar versiones contradictorias, filtraciones frecuentes y la presión social por obtener pruebas verificadas en un momento de polarización política.

En respuesta a señalamientos sobre financiamiento irregular de la campaña presidencial de 2022, el mandatario aseguró, según declaraciones recogidas por Europa Press, que “no hubo un solo peso del narcotráfico”. Indicó que auditorías externas monitorearon el manejo del dinero y no identificaron movimientos anómalos en los recursos de la campaña electoral. El Ejecutivo también informó sobre la adopción de mecanismos destinados a impedir la infiltración de agentes armados en la estructura estatal, como parte de una estrategia preventiva en un clima de constante escrutinio público.

Europa Press destacó que tanto la Fiscalía General de la Nación como la Procuraduría mantienen alta visibilidad pública debido a la importancia de sus decisiones en la vigilancia y aplicación de la ley, lo que a su vez influye en la opinión ciudadana sobre los sistemas nacionales de control y supervisión. Situaciones como el caso de ‘Calarcá’ y la inspección técnica de equipos electrónicos pertenecientes a funcionarios gubernamentales figuran entre los temas analizados, cuyo desenlace podría determinar ajustes en la normativa relativa a la gestión de archivos digitales y al nivel de exposición institucional frente a vínculos con organizaciones armadas.

El aprovechamiento de archivos digitales como elementos probatorios en procesos judiciales y disciplinarios, según relatan medios como Europa Press, genera una demanda creciente por asegurar procedimientos técnicos que garanticen transparencia y rigor profesional en la validación de estos archivos. Las discusiones sobre estándares periodísticos y eficacia de los sistemas de fiscalización estatales ocupan parte relevante de la agenda informativa nacional, mientras la circulación de registros electrónicos asociados a investigaciones oficiales continúa alimentando el debate sobre la gobernabilidad y la confianza en la gestión pública en Colombia.