El pleno del Parlamento Europeo ha adoptado una resolución en la que destaca los riesgos que afronta el orden democrático en Hungría debido a acciones consideradas como "deliberadas y sistémicas" por parte del gobierno liderado por Viktor Orbán. Según informó la Eurocámara, se denunció una serie de violaciones persistentes al Estado de derecho, así como prácticas que incluyen injerencias en la labor judicial, aumento de casos de corrupción, abuso de fondos europeos y ataques desde el poder hacia la sociedad civil. Esta acción parlamentaria también refleja el malestar de la institución con la falta de avances prácticos por parte del Consejo de la Unión Europea en el procedimiento de sanción previsto por el artículo 7 del Tratado de la UE, mecanismo que podría culminar en la suspensión del derecho a voto del Estado miembro señalado.
De acuerdo con lo publicado por el Parlamento Europeo, la resolución fue adoptada durante la sesión plenaria celebrada en Estrasburgo, Francia, con 433 votos a favor, 123 en contra y 28 abstenciones. El medio detalla que el apoyo de los eurodiputados españoles fue prácticamente unánime, salvo los votos negativos de los representantes de Vox y de los tres miembros electos de Se Acabó la Fiesta, aunque dos de estos últimos ya figuran como independientes. El documento aprobado subraya que el deterioro democrático en Hungría trasciende el ámbito nacional y representa un reto para los propios cimientos legales y éticos de la Unión Europea.
La Eurocámara inició el procedimiento establecido en el artículo 7 contra Hungría en 2018, recauda el medio, pero este proceso no ha avanzado significativamente debido a la falta de decisiones concretas dentro del Consejo, donde los gobiernos de los Veintisiete han debatido el caso en varias ocasiones a través de sus ministros de Asuntos Generales, sin lograr acciones o resoluciones formales. El Parlamento reclama que se acelere y se tomen medidas firmes, reprochando la inacción de los demás Estados miembros.
El análisis detallado de la situación presentado por el Parlamento Europeo recalca que las "violaciones persistentes" del Estado de derecho detectadas en Hungría afectan no solo a los valores fundacionales de la UE, sino también a su marco legal cohesionador. Entre las problemáticas específicas destacadas figuran interferencias políticas en el funcionamiento independiente del Poder Judicial, el incremento de hechos asociados con malversación y corrupción, y el uso inadecuado de los recursos otorgados por la Unión. Según reportó la Eurocámara, también se mencionan campañas contra organizaciones de la sociedad civil llevadas adelante desde esferas gubernamentales.
Otra de las preocupaciones introducidas en la resolución hace referencia al uso creciente de tecnologías como la Inteligencia Artificial para generar y difundir contenidos políticos que pueden inducir a la confusión entre los votantes, situación vista con alarma en el contexto de las próximas elecciones previstas para la primavera de 2026. Los eurodiputados expresaron que esta manipulación tecnológica puede tener un impacto directo en la transparencia y la legitimidad del proceso democrático.
La resolución presentada también advierte sobre informaciones recientes relacionadas con actividades de espionaje dentro de las instituciones de la UE. Según detalló el Parlamento Europeo, existen sospechas sobre operaciones realizadas desde oficinas situadas en Bruselas mientras el representante húngaro era el actual comisario Olivér Várhelyi.
En el contexto de la votación, el documento adoptado remarca los riesgos que supone la situación actual no solo para la democracia interna húngara, sino también para la estabilidad institucional del conjunto comunitario. El Parlamento, según recogió la Eurocámara, demanda una mayor diligencia y coordinación entre los países miembros del bloque ante el escenario que describen como una amenaza a los principios fundamentales de la Unión Europea.
El Parlamento Europeo insiste en que la falta de respuesta por parte del Consejo impide progresos palpables en el proceso sancionador y mantiene la preocupación por posibles repercusiones a largo plazo para la cohesión y la autoridad normativa de la UE. La institución legislativa solicita que se otorgue seguimiento continuo a los hechos y que se evalúen nuevas medidas si persisten los motivos de preocupación señalados en la resolución adoptada en Estrasburgo. Todo ello asienta sobre el marco de vigilancia del respeto a los derechos, las libertades y la democracia al interior del bloque europeo.
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