Agricultores y transportistas mexicanos bloquean carreteras para exigir más seguridad y precios justos

“Quisiéramos no tener la necesidad de exigir algo a lo que tenemos derecho: que no nos roben, que no nos extorsionen y que no nos maten o desaparezcan”, expresó la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) a través de El Sol de México, resumiendo el sentir que impulsó a miles de agricultores y transportistas a instalar barricadas y puntos de control en carreteras y accesos clave de México. La jornada, que afectó zonas estratégicas de 22 estados e incluyó bloqueos en los principales accesos a la Ciudad de México, buscó llamar la atención del Gobierno federal respecto a lo que los manifestantes describen como una crisis insostenible. Esta situación, señalaron, pone en riesgo la subsistencia de las familias rurales y la logística nacional.

De acuerdo con El Sol de México, la protesta se organizó a partir de una convocatoria impulsada por la ANTAC, el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC). El objetivo inmediato fue destacar tres exigencias: mayor seguridad frente a la creciente violencia en las rutas y zonas rurales, el establecimiento de un precio mínimo justo para el maíz blanco y la modificación de la Ley de Aguas Nacionales. Los relatos recogidos por el medio resaltan que la inseguridad constituye una preocupación constante para transportistas y campesinos, debido a la frecuencia de robos, extorsiones, amenazas y desapariciones que afectan su actividad cotidiana.

El Sol de México consignó que los bloqueos interrumpieron la circulación de vehículos y productos agrícolas en las principales arterias del Estado de México, así como en los accesos viales a la capital. Esta situación ocasionó dificultades logísticas, retardos en la entrega de mercancías y complicaciones en la distribución de bienes, lo que impactó tanto en los mercados urbanos como en los centros de abasto rurales. La ANTAC adelantó que la gravedad de los cortes de ruta podía acarrear retrasos considerables y recomendó evitar desplazamientos que no fueran indispensables, alertando sobre el alcance nacional de la movilización.

Las declaraciones de los voceros de las agrupaciones movilizadas subrayaron que el reclamo de un precio base justo para el maíz blanco es prioritario para el sector agrícola mexicano. Según información publicada por El Sol de México, la carencia de una política de precios mínimos agrava la vulnerabilidad de pequeños y medianos productores, comprometiendo su permanencia en el mercado y, con ello, la autosuficiencia alimentaria del país. La situación de bajos ingresos obtenidos por la comercialización del maíz incide de manera directa en la economía de extensas comunidades rurales.

El proceso de reforma de la Ley de Aguas Nacionales representó otro de los puntos más relevantes para los organizadores de la protesta. Voceros del FNRCM enfatizaron la repercusión que tendría la modificación legislativa actualmente en debate en la Cámara de Diputados, ya que la gestión y disponibilidad del agua resulta fundamental para la producción agrícola. Las organizaciones involucradas solicitaron ser parte de las discusiones parlamentarias, con el argumento de que la ley vigente no contempla las condiciones actuales del campo mexicano, lo que reduce el acceso al recurso y afecta el bienestar de las comunidades productoras.

En una rueda de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló, según recogió El Sol de México, que no veía motivos para mantener los bloqueos. Afirmó la plena disposición del Ejecutivo federal al diálogo y la atención de los reclamos, detallando que las demandas han sido elevadas a foros institucionales y reciben análisis y discusión. Sostuvo además que el proceso parlamentario sobre la Ley de Aguas Nacionales sigue en curso y que permite la incorporación de todas las posiciones interesadas en el debate.

La respuesta de los grupos participantes a estas declaraciones fue enfática en cuanto a la ausencia de motivaciones políticas en sus acciones. El medio El Sol de México dio cuenta de la postura de la ANTAC, que expresó que la movilización responde únicamente a la falta de garantías para desarrollar su labor sin violencia y sin respuestas concretas de parte del Estado. Las agrupaciones hicieron hincapié en la necesidad de medidas estructurales que garanticen seguridad, condiciones justas para la comercialización agrícola y una legislación adecuada a la realidad del campo.

La jornada movilizó a miles de personas, incluidas familias de agricultores, transportistas y pequeños productores, quienes se sumaron para reclamar la atención de las autoridades frente a lo que definen como una crisis persistente. Las interrupciones en carreteras federales y accesos locales a la capital impidieron la llegada regular de productos a los mercados, agudizando la preocupación por el impacto económico entre los sectores afectados. Líderes del movimiento reiteraron que la resolución de las problemáticas planteadas requiere soluciones de fondo, ya que consideran que las condiciones actuales no reconocen los derechos más elementales de quienes trabajan en el campo y en el transporte.

A lo largo de la protesta, representantes del FNRCM y del MAC argumentaron a El Sol de México que las medidas de presión como el bloqueo de carreteras fueron adoptadas como último recurso, tras la falta de respuestas satisfactorias de autoridades federales y locales. Desde su perspectiva, el recurso a la movilización masiva resulta una consecuencia directa de la persistencia de episodios violentos, precios bajos para la producción y un marco legal hídrico que califican de inadecuado. Insistieron en que sus demandas principales giran en torno a la posibilidad de ejercer su trabajo sin temor y recibir una retribución justa, además de participar en la elaboración de leyes que condicionan de manera directa su actividad y su supervivencia.

El debate público en torno a la regulación del agua cobró importancia particular en las consignas de los manifestantes. Según publicó El Sol de México, los líderes del FNRCM enfatizaron que cualquier reforma legislativa debe consultar directamente a los productores agrícolas, quienes viven las consecuencias de restricciones y disposiciones que, en su opinión, obstaculizan la producción y agravian sus condiciones de vida. La centralidad de la gestión del agua, según expresaron, radica en su papel fundamental para garantizar la viabilidad de la agricultura y, en consecuencia, el sustento de quienes dependen de ella.

Finalmente, la cobertura de El Sol de México detalló que las agrupaciones que impulsaron los cortes y bloqueos reiteraron su disposición a dialogar, siempre que las autoridades ofrezcan canales efectivos de respuesta para cada uno de los puntos de su agenda. La decisión de mantener los bloqueos se fundamenta en la percepción de una emergencia que afecta a decenas de miles de familias vinculadas a la actividad rural y a la red logística nacional. Al cierre de la jornada de protestas, el medio concluyó que la continuidad de las movilizaciones depende de la apertura de un diálogo real y de la implementación de medidas específicas para responder a las demandas de seguridad, precios agrícolas y legislación sobre recursos hídricos.