
Uno de los detenidos fue absuelto tras el proceso, mientras que dos recibieron sentencias de prisión de diez años, según detalló la agencia de noticias Saba, vinculada a la administración hutí. La noticia principal es la decisión de un tribunal especializado de Saná de condenar a muerte a 17 personas, a las que responsabilizaron de colaborar como espías con servicios de inteligencia extranjeros, entre ellos los de Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Arabia Saudí.
Tal como reportó la agencia Saba, las autoridades judiciales hutíes formularon la condena bajo cargos de espionaje. El fallo, emitido por el Tribunal Penal Especializado en Saná, capital de Yemen, se sustentó en la acusación de que los procesados se comprometieron con una red dedicada a facilitar información militar, política y de seguridad de alta sensibilidad a países extranjeros considerados hostiles. Los jueces encargados del proceso, Yahya al Mansur y Rabie al Zubair, dictaron que las ejecuciones se lleven a cabo por pelotón de fusilamiento y en público, con la intención de establecer un precedente disuasorio, de acuerdo con la información de la agencia Saba.
Durante el proceso, los jueces concluyeron que las actividades de espionaje se desarrollaron entre 2024 y 2025, y señaló que existía coordinación directa con el Mossad israelí, así como apoyo logístico y tecnológico proporcionado por los servicios secretos israelíes. El tribunal halló que los implicados emplearon dispositivos de comunicación encriptada suministrados por estos organismos y que recibieron formación para operar cámaras ocultas, las cuales conectaron a sistemas de transmisión en directo.
Entre las acciones atribuidas a los sentenciados figura la transmisión de detalles sobre la ubicación y movimientos de dirigentes yemeníes, así como información referente a la situación política y militar del país, según lo publicado por Saba. También entregaron datos específicos relativos a misiles, puntos de almacenamiento y lugares de lanzamiento de los proyectiles. Las autoridades hutíes señalaron que los involucrados percibieron remuneraciones económicas a cambio de la información facilitada.
El fallo precisó que, además de los 17 condenados a pena de muerte, dos de los juzgados cumplirán una década en prisión debido a su menor grado de implicación. El tribunal determinó la absolución de uno de los implicados tras considerar la falta de pruebas en su contra, informaron las fuentes oficiales recogidas por Saba.
Los detalles proporcionados refieren que la acción judicial busca combatir lo que las autoridades describen como redes de espionaje organizadas con alta tecnología y que operan bajo órdenes de servicios secretos extranjeros. Saba expuso que estos aparatos de inteligencia han desarrollado métodos sofisticados, como el uso de comunicación cifrada y la formación directa de agentes, para obtener información relevante del ámbito militar y político yemení.
La sentencia subraya que parte de la información transmitida por los condenados comprometía la seguridad de localizaciones estratégicas, así como los movimientos de altos responsables y las infraestructuras de misiles en territorio bajo control hutí. Saba indicó que la administración pretende mostrar con este proceso su disposición a tomar medidas estrictas frente a operaciones de inteligencia extranjeras.
El contexto de las sentencias se enmarca en la prolongada tensión entre los hutíes y diferentes poderes internacionales con intereses en la región. Las condenas, según el reporte de la agencia Saba, también buscan enviar un mensaje dirigido a quienes consideren colaborar con agencias de inteligencia extranjeras en Yemen, reforzando la política de castigo público para desalentar futuras operaciones similares.
El proceso y la sentencia evidencian, según la agencia, la importancia que otorgan las autoridades hutíes al control de la información sensible y al enfrentamiento con redes consideradas una amenaza directa para la estructura política y militar del país. Desde el inicio de la guerra en Yemen, el uso de tecnología para la recopilación y transmisión de datos sobre instalaciones y movimientos militares se ha acrecentado, generando nuevas medidas de vigilancia y represión judicial frente a las acusaciones de colaboración con potencias extranjeras.
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