El Tribunal de Apelaciones de Reino Unido resolvió en octubre admitir la demanda presentada por Huda Ammori, activista propalestina y cofundadora de Palestine Action, tras la decisión de la entonces ministra del Interior Yvette Cooper de prohibir a esta organización. Esta resolución se produce en el contexto de una serie de acciones legales y protestas a raíz de la decisión del Gobierno británico, en julio, de ilegalizar al grupo, según informó la agencia Europa Press.
Según detalló Europa Press, la Policía Metropolitana de Londres detuvo el jueves a 47 personas durante una manifestación frente al Ministerio de Justicia. Los participantes se encontraban en una sentada portando carteles que expresaban respaldo a la organización Palestine Action y rechazaban el "genocidio" que, según los manifestantes, ocurre en la Franja de Gaza. El colectivo Defend Our Juries (DOJ) indicó que la concentración se organizó con el fin de mostrar solidaridad con la ONG, que desde julio se encuentra proscrita tras una acción en una base británica donde realizaron pintadas en aeronaves militares.
Scotland Yard, la policía londinense, informó ese mismo día que otras 120 personas han sido acusadas de mostrar apoyo a la organización, que fue ilegalizada el 5 de julio. Con este dato, la cifra total de individuos procesados por cargos asociados a la defensa pública de Palestine Action alcanza actualmente 254, en el marco de la reciente ola de protestas desatada tras la prohibición del grupo, según consignó Europa Press.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, intervino a finales de julio solicitando públicamente al Gobierno británico que revisara y revocara la ilegalización del grupo. Türk argumentó que la medida constituye un abuso de las capacidades conferidas por la ley antiterrorista nacional de 2000, calificada por el funcionario como excesiva. La postura del representante de la ONU refleja una preocupación internacional por el alcance de la legislación británica en materia de seguridad y por su aplicación en contextos de disidencia política.
Palestine Action fue objeto de la proscripción luego de que sus miembros realizaran en julio una incursión en una base militar del Reino Unido, donde realizaron pintadas en aviones militares, motivando la intervención inmediata del Ejecutivo encabezado entonces por Keir Starmer. El grupo había centrado parte de sus protestas en instalaciones vinculadas al sector armamentístico, alegando vínculos con el conflicto en la Franja de Gaza y acusando al Gobierno británico de complicidad.
La medida del Gobierno ha generado un incremento en las movilizaciones y acciones de protesta, que posteriormente desembocaron en las detenciones más recientes. Tanto las autoridades policiales como grupos defensores de derechos civiles y manifestantes han sostenido un pulso en las calles y en las instancias judiciales en torno a los límites de la protesta y la libertad de expresión frente a las políticas de seguridad nacional, según explicó Europa Press.
La cifra total de acusados, que actualmente suma 254 personas, señala un aumento importante en los procesos contra quienes han mostrado respaldo público a la organización. La policía londinense insiste en que las detenciones y cargos responden a la aplicación de la ley vigente y la decisión gubernamental de tipificar el grupo como una organización ilegal. Por su parte, los promotores de las protestas y colectivos de defensa de derechos subrayan la dimensión política de las medidas adoptadas, reclamando el derecho a la protesta pacífica y al disenso, conforme a la información publicada por Europa Press.
El proceso judicial iniciado por la cofundadora Huda Ammori representa un intento por revertir la decisión de la exministra del Interior y buscar un pronunciamiento judicial sobre la legalidad y proporcionalidad del veto impuesto a Palestine Action. El seguimiento internacional al caso aumenta la atención sobre la dinámica entre seguridad nacional y derechos fundamentales en la legislación británica, en un clima de tensión por el conflicto en la Franja de Gaza y las políticas migratorias y de seguridad del Reino Unido, según reportó Europa Press.
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